El pasado 22 de marzo, el presidente Iván Duque anunció el estado de emergencia sanitaria en Colombia como consecuencia del contagio del nuevo coronavirus (COVID-19) en el país. Tras la declaratoria del estado de excepción, la Presidencia ha expedido un paquete de decretos pensados para contener la pandemia. Pero, según las organizaciones firmante de la solicitud -Dejusticia, la Comisión Colombiana de Jurista y académicos-, la Corte Constitucional debería analizar estos decretos, no porque las normas sean consideradas fuera de lugar para la contención del virus sino por la forma como el Gobierno ha decidido proceder.
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Se tratan de por lo menos dos decretos con los cuales el Gobierno ha modificado o ampliado la medida de aislamiento. Uno de los más importantes, el decreto 457 del 22 de marzo de este año, por medio del cual se ordenó el aislamiento preventivo obligatorio, fue adoptado por la vía ordinaria, es decir, sin fuerza de ley. Igualmente, el Gobierno emitió un segundo decreto ordinario, el decreto 531 del 8 de abril de 2020, extendiendo así por dos semanas la medida de aislamiento obligatorio en todo el país y renovando otras medidas.
Finalmente, el 11 de abril pasado se expidió una tercera norma con las mismas características, el decreto 536 de 2020, que modificó el decreto 531 y con el que se establecieron los horarios en que se podían realizar algunas de las actividades por las que está permitido circular libremente por el territorio nacional. El meollo del asunto es que, para estas organizaciones, por ser decretos ordinarios en vez de legislativos -equiparables a una ley-, existen serias dudas sobre su constitucionalidad.
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Y es que expedir estos decretos de forma ordinaria crea varias problemáticas con el control al que puede estar sujeta la medida. “Por tratarse formalmente de decretos ordinarios, escapan al sistema de controles establecidos en la Constitución para garantizar el equilibrio de poderes y los principios democráticos durante los estados de excepción. La Corte Constitucional no sería competente para conocer del mismo, pues formalmente no son decretos legislativos”, se explica en la solicitud.
Si bien la solicitud para que la Corte Constitucional haga control de estos decretos no pretende tumbarlos, sí busca garantizar el equilibrio de poderes que no puede cambiar ni siquiera durante el estado de emergencia. El estado de emergencia le da facultades especiales al presidente que le permiten actuar ante tal escenario y, aunque no se están poniendo en duda las medidas adoptadas por la Presidencia desde la llegada del COVID-19 al país, sí proponen que esta sea una oportunidad para que este alto tribunal brinde una guía que permita definir las competencias, controles y condiciones en las cuarentenas. “Mientras el aislamiento cuida nuestra salud, la Corte está llamada a cuidar nuestro Estado de derecho” añaden.
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Por Redacción Judicial
