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“Es indispensable que todo juez y en general todo operador judicial actúe y pueda actuar de forma independiente, en cumplimiento de sus obligaciones legales y constitucionales”, es la consigna de un informe presentado este jueves bajo el hashtag #NadiePorEncimaDeLaJusticia liderado por varias organizaciones de derechos humanos que mostraron su preocupación frente al panorama judicial del país.
El rol que está desempeñando la campaña es de veedor de la justicia, considerando que la garantía de la independencia judicial y su realización no se determinan exclusivamente por las normas a nivel internacional y nacional. Para la organización, denunciar los ataques que sufre la justicia es un apoyo a la democracia colombiana.
En uno de los apartes, el documento hace mención de un supuesto plan del que, según ellos, haría parte el presidente Iván Duque. “Ha tomado fuerza un proyecto político de corte autoritario del cual hace parte el presidente Iván Duque, que desprecia la independencia judicial, coopta políticamente las instancias judiciales (...) intenta eliminar instancias que regulan su poder o se contraponen a su ambición política”, expresaron en el documento.
Para la organización, durante el gobierno de Iván Duque ha existido una politización que ha dejado sin contrapeso a los dirigentes haciéndolo antidemocrático. Afirman que “en este informe se han recopilado algunos de los problemas más importantes generados por la politización de la elección y selección de los funcionarios judiciales (...) ha buscado arrinconar a los funcionarios para dominar sus decisiones”.
Los casos expuestos
Uno de los episodios que pretenden dejar en evidencia con este informe es el del actual fiscal general, Francisco Barbosa. Para la organización, el nombramiento del jefe del búnker no se debe a su experiencia o preparación académica, sino a su conocida amistad con el presidente. Igualmente, resaltaron que es preocupante el hecho de que el fiscal no se declarara impedido en las investigaciones del proceso de la denominada ñeñe política, en el que existen indicios de la participación de narcotraficantes en la campaña del actual mandatario.
Asimismo, pretenden exponer la designación de Gabriel Ramón Jaimes como fiscal delegado en el caso del expresidente Álvaro Uribe. La campaña dice que “cuya actuación ha estado claramente dirigida no solo a absolver al acusado mediante la violación de todos los principios procesales vigentes, sino a judicializar a una de las víctimas formalmente reconocidas del expresidente Uribe como lo es el senador Iván Cepeda”.
De otro lado, la campaña también acusa al presidente y a la coalición de partidos declarados de gobierno en el Congreso sobre la promoción y elección a Margarita Cabello como procuradora general. Cabe recordar que pocos días antes de su elección, la mujer se seguía desempeñado como ministra de justicia. Para las organizaciones participantes en el informe, su elección ha generado enormes preocupaciones puesto que “su conocida cercanía con clanes políticos regionales y nacionales puede derivar en un ejercicio poco objetivo de la función disciplinaria y sancionatoria que le corresponde”.
Otro de los casos que dejó de presente el informe es el del magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial Juan Carlos Granados investigado por las presuntas irregularidades que se suscitaron con Odebrecht. Según la campaña, el Gobierno postuló y promovió la elección del jurista para evitar que se impartiera justicia, ya que por su fuero, el caso pasaría a ser asumido por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
Desacatos a la Justicia
Otro de los apartes del informe da cuenta que el Gobierno Duque “ha tenido por patrón no acatar las decisiones judiciales que limitan su poder y promover la deslegitimación pública de estas, socavando un pilar central de la democracia, el equilibrio de poderes y la independencia judicial”.
Según las organizaciones persiste la falta de cumplimiento frente al fallo de tutela que garantiza los derechos de los adultos mayores que en medio de la pandemia denominaron el movimiento como la “rebelión de las canas” a propósito de que se impusieron normativas que prohibían su tránsito libre por el territorio nacional. El Estado basó dicha situación con base en el riesgo que generaba el COVID-19 sobre personas de la tercera edad.
Para las organizaciones el desacato de los fallos o decisiones judiciales es una preocupación latente. Según el informe “en todos los casos anteriormente mencionados el Presidente de la República y varios ministros atacaron públicamente el contenido de esos fallos”. Sostienen que tanto el presidente como sus ministros estuvieron “afirmando no solo que no serían cumplidos sino que era completamente absurdo debido a que los jueces que los habían proferido ponían en riesgo a la democracia, desarrollando una intensa campaña de medios dirigida a instalar el mismo discurso en la ciudadanía”.
“Las reformas que afectan a la justicia”
Según el informe hay un esfuerzo del Presidente y la coalición de gobierno por introducir reformas que afectan la naturaleza de instituciones que administran justicia como el caso de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Según las organizaciones, “en numerosas ocasiones y por diversas vías el presidente ha intentado desnaturalizar cuando no acabar a dicha institución derivada del Acuerdo Final para la Paz y absolutamente indispensable para materializar los Derechos a la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición de millones de víctimas del conflicto armado.”
Además, según el documento, “la bancada de Gobierno en el congreso ha presentado por lo menos cinco propuestas de acto legislativo encaminadas a desfigurar ostensiblemente la finalidad y espíritu de dicha institución”. Argumentan también que “mucho del conflicto armado en Colombia podría explicarse desde el hecho mismo de un sistema judicial que se ejerce de espaldas a las necesidades sociales, que anda lentamente mientras deteriora los recursos económicos de las partes y la fe que estas tienen en una posible solución”.
Lo que piden
La campaña, mediante su documento, pide que “los movimientos sociales y los más variados sectores políticos deben aumentar el control político en relación con los hechos y actuaciones que alteren la independencia y autonomía de la justicia”. Esta solicitud la hacen argumentando que “tiene una implicación directa e indirecta con los intereses y agendas que impulsan los sectores políticos, pero también, el gobierno nacional”.
Las organizaciones participantes consideran que “la justicia exige un cambio político de base: la ciudadanía y los funcionarios públicos deben apropiarse de la defensa de la rama judicial y convertirse en veedores de su buen funcionamiento”. Consideran que para lograr el cambio es necesario planear una estrategia pedagógica y mediática en el corto, mediano y largo plazo capaz de construir una conciencia colectiva empoderamiento como sujetos de derecho.
