Otro golpe a la campaña por el No

 

En el mundo político se usa una expresión para ese tipo de declaraciones tan inesperadas como adversas: “Se dio un tiro en un pie”. Y eso, palabras más palabras menos, fue lo que Vélez hizo ese día, abriendo de paso un boquete en cuanto al plebiscito que ayer, con la decisión del Consejo de Estado de admitir una demanda contra el resultado del 2 de octubre, pasó a la esfera de lo judicial también. Vélez tuvo que retirarse de su partido, trató de retractarse, pero al final las revelaciones ya habían salido a flote y son ahora piedra angular de la demanda que presentaron los abogados William Calvachi y David Narváez. No sólo el Centro Democrático habría engañado: también el pastor evangélico Agustín Torres. (Lea: Hubo “total tergiversación” en la campaña del plebiscito: Consejo de Estado)

 

La demanda que solicita la nulidad de los resultados electorales ennumró las supuestas “grandes mentiras” que se promovieron en relación con el plebiscito para que el acuerdo con las Farc no fuera respaldado por los electores. Este fue el examen que hizo la magistrada del Consejo de Estado a cuyo despacho llegó la demanda, Lucy Jeannette Bermúdez, quien además emitió como medida cautelar que el Congreso y el Presiente aceleren la implementación de los acuerdos de paz a través del Fast Track.

 

El Consejo de Estado empezó haciendo la distinción que a estas alturas debería estar más que clara: una cosa es ideología de género y otra, muy diferente, enfoque de género, el cual busca “visibilizar la discriminación que históricamente ha sufrido la mujer”. La campaña por el No resaltó que el acuerdo final afectaba el concepto tradicional de familia al promover la ideología de género. 

 

El Consejo de Estado refutó esta idea y señaló que “no hay un solo indicio que pueda demostrar que en ellos (los puntos que componen el acuerdo) se encuentran presupuestos que vulneraran los derechos de la familia, que fue lo que se transmitió al electorado. Así las cosas, está demostrado que se tergiversó el enfoque de género planteado en los acuerdos y se mintió y engañó a la ciudadanía al publicitar temas que no existían en el acuerdo”.

 

Otra de las “amenazas” de la campaña del No fue que quienes recibían subsidios del Estado los perderían, pues esos recursos se irían directo al presupuesto con el que se sostendría el acuerdo final. No obstante, el Consejo de Estado encontró que “en el caso concreto, se puede ver cómo el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera consagra la entrega de subsidios a los campesinos afectados por la violencia, con el fin de cooperar en la implementación de los acuerdos, pero nada menciona sobre la eliminación de los que ya se encuentran constituidos (…)Por lo anterior, se puede concluir que efectivamente se mintió y se indujo al error por parte de los miembros de las campañas políticas del No”. 

 

Durante la campaña en contra del plebiscito, los promotores del No afirmaron que el acuerdo con las Farc terminaría afectando el régimen pensional, en especial porque los jubilados tendrían que ceder una parte de su pensión para sostener económicamente el acuerdo final con la guerrilla. “No obstante, revisado el texto, este despacho sólo encuentra una única mención sobre la seguridad social, en su capítulo primero”. Se refería al compromiso de fortalecer el sistema de protección y seguridad social para los campesinos, como parte del acuerdo de temas agrarios. “De lo anterior, se concluye que es completamente falso que los acuerdos fueran a perjudicar en algún sentido a las personas de la tercera edad o a las personas que estuvieran próximas a jubilarse”. 

 

Uno de los argumentos más efectivos de la campaña del No fue este: habrá impunidad. Los guerrilleros no serán castigados por sus crímenes. Todos, incluidos quienes cometieron los crímenes más atroces, recibirán amnistías y no serán privados de la libertad ni un solo día. Al analizar el componente de justicia del acuerdo, sin embargo, el Consejo de Estado halló que éste no determinaba “una absolución absoluta como se dijo en las campañas publicitarias del No (…) en el acuerdo se encuentra consagrado todo un aparte relacionado con la amnistía y el indulto, donde se comprueba que éstos sólo serán concedidos para delitos políticos”. 

 

Al respecto, el Consejo de Estado fue enfático al resaltar que los promotores de la campaña por el No tomaron ventaja de algo clave: el desconocimiento de la gente en general en materia de justicia. “Del texto transcrito se evidencia que las campañas políticas del No tergiversaron la verdad de los acuerdos en materia de sanción y de responsabilidad, se aprovecharon del desconocimiento de la mayoría de colombianos sobre el derecho penal para anunciar una impunidad absoluta de todos los delitos que los miembros del grupo guerrillero habían cometido”. 

 

Los promotores del No argumentaron, durante su campaña en contra del plebiscito, que el acuerdo final con las Farc implicaba la desprotección total de las víctimas de la guerra. El Consejo de Estado, tras analizar el acuerdo, concluyó lo opuesto: “Por el contrario, se ilustran todos los mecanismos que se han acordado con el fin de darle prioridad a la reparación integral de todas aquellas personas que fueron afectadas en alguna medida por el conflicto armado”. Una vez más, la magistrada Bermúdez expresó: “Se tergiversó la realidad de lo plasmado en los acuerdos y se engañó a la ciudadanía”.

 

Ese fue el broche de oro de la campaña del No y, según declaró el propio Juan Carlos Vélez, fue un mensaje arrolladoramente exitoso en la Costa Atlántica, sobre todo por su cercanía geográfica con el país vecino. “Para este despacho resulta válida la afirmación de los demandantes en cuanto a que la idea con estos planteamientos sin fundamentos era confundir al electorado y generar miedo y confusión, pues utilizaron campañas publicitarias enfocando la atención del electorado en los problemas del vecino país”.

 

“Sin embargo —continúa el documento—, de la lectura del acuerdo final no se desprende ningún indicio que pueda dar, siquiera, una noción de un cambio de modelo o incluso una falta de competencia absoluta de las instituciones del Estado”.

 

En el mundo político se usa una expresión para ese tipo de declaraciones tan inesperadas como adversas: “Se dio un tiro en un pie”. Y eso, palabras más palabras menos, fue lo que Vélez hizo ese día, abriendo de paso un boquete en cuanto al plebiscito que ayer, con la decisión del Consejo de Estado de admitir una demanda contra el resultado del 2 de octubre, pasó a la esfera de lo judicial también. Vélez tuvo que retirarse de su partido, trató de retractarse, pero al final las revelaciones ya habían salido a flote y son ahora piedra angular de la demanda que presentaron los abogados William Calvachi y David Narváez. No sólo el Centro Democrático habría engañado: también el pastor evangélico Agustín Torres. (Lea: Hubo “total tergiversación” en la campaña del plebiscito: Consejo de Estado)

 

La demanda que solicita la nulidad de los resultados electorales ennumró las supuestas “grandes mentiras” que se promovieron en relación con el plebiscito para que el acuerdo con las Farc no fuera respaldado por los electores. Este fue el examen que hizo la magistrada del Consejo de Estado a cuyo despacho llegó la demanda, Lucy Jeannette Bermúdez, quien además emitió como medida cautelar que el Congreso y el Presiente aceleren la implementación de los acuerdos de paz a través del Fast Track.

 

El Consejo de Estado empezó haciendo la distinción que a estas alturas debería estar más que clara: una cosa es ideología de género y otra, muy diferente, enfoque de género, el cual busca “visibilizar la discriminación que históricamente ha sufrido la mujer”. La campaña por el No resaltó que el acuerdo final afectaba el concepto tradicional de familia al promover la ideología de género. 

 

El Consejo de Estado refutó esta idea y señaló que “no hay un solo indicio que pueda demostrar que en ellos (los puntos que componen el acuerdo) se encuentran presupuestos que vulneraran los derechos de la familia, que fue lo que se transmitió al electorado. Así las cosas, está demostrado que se tergiversó el enfoque de género planteado en los acuerdos y se mintió y engañó a la ciudadanía al publicitar temas que no existían en el acuerdo”.

 

Otra de las “amenazas” de la campaña del No fue que quienes recibían subsidios del Estado los perderían, pues esos recursos se irían directo al presupuesto con el que se sostendría el acuerdo final. No obstante, el Consejo de Estado encontró que “en el caso concreto, se puede ver cómo el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera consagra la entrega de subsidios a los campesinos afectados por la violencia, con el fin de cooperar en la implementación de los acuerdos, pero nada menciona sobre la eliminación de los que ya se encuentran constituidos (…)Por lo anterior, se puede concluir que efectivamente se mintió y se indujo al error por parte de los miembros de las campañas políticas del No”. 

 

Durante la campaña en contra del plebiscito, los promotores del No afirmaron que el acuerdo con las Farc terminaría afectando el régimen pensional, en especial porque los jubilados tendrían que ceder una parte de su pensión para sostener económicamente el acuerdo final con la guerrilla. “No obstante, revisado el texto, este despacho sólo encuentra una única mención sobre la seguridad social, en su capítulo primero”. Se refería al compromiso de fortalecer el sistema de protección y seguridad social para los campesinos, como parte del acuerdo de temas agrarios. “De lo anterior, se concluye que es completamente falso que los acuerdos fueran a perjudicar en algún sentido a las personas de la tercera edad o a las personas que estuvieran próximas a jubilarse”. 

 

Uno de los argumentos más efectivos de la campaña del No fue este: habrá impunidad. Los guerrilleros no serán castigados por sus crímenes. Todos, incluidos quienes cometieron los crímenes más atroces, recibirán amnistías y no serán privados de la libertad ni un solo día. Al analizar el componente de justicia del acuerdo, sin embargo, el Consejo de Estado halló que éste no determinaba “una absolución absoluta como se dijo en las campañas publicitarias del No (…) en el acuerdo se encuentra consagrado todo un aparte relacionado con la amnistía y el indulto, donde se comprueba que éstos sólo serán concedidos para delitos políticos”. 

 

Al respecto, el Consejo de Estado fue enfático al resaltar que los promotores de la campaña por el No tomaron ventaja de algo clave: el desconocimiento de la gente en general en materia de justicia. “Del texto transcrito se evidencia que las campañas políticas del No tergiversaron la verdad de los acuerdos en materia de sanción y de responsabilidad, se aprovecharon del desconocimiento de la mayoría de colombianos sobre el derecho penal para anunciar una impunidad absoluta de todos los delitos que los miembros del grupo guerrillero habían cometido”. 

 

Los promotores del No argumentaron, durante su campaña en contra del plebiscito, que el acuerdo final con las Farc implicaba la desprotección total de las víctimas de la guerra. El Consejo de Estado, tras analizar el acuerdo, concluyó lo opuesto: “Por el contrario, se ilustran todos los mecanismos que se han acordado con el fin de darle prioridad a la reparación integral de todas aquellas personas que fueron afectadas en alguna medida por el conflicto armado”. Una vez más, la magistrada Bermúdez expresó: “Se tergiversó la realidad de lo plasmado en los acuerdos y se engañó a la ciudadanía”.

 

Ese fue el broche de oro de la campaña del No y, según declaró el propio Juan Carlos Vélez, fue un mensaje arrolladoramente exitoso en la Costa Atlántica, sobre todo por su cercanía geográfica con el país vecino. “Para este despacho resulta válida la afirmación de los demandantes en cuanto a que la idea con estos planteamientos sin fundamentos era confundir al electorado y generar miedo y confusión, pues utilizaron campañas publicitarias enfocando la atención del electorado en los problemas del vecino país”.

 

“Sin embargo —continúa el documento—, de la lectura del acuerdo final no se desprende ningún indicio que pueda dar, siquiera, una noción de un cambio de modelo o incluso una falta de competencia absoluta de las instituciones del Estado”.