De acuerdo con el fiscal, la suma de dinero, con la que el ex gobernador pretende indemnizar a las personas que presuntamente extorsionó, es insuficiente
Sin embargo, el abogado de Ardila, Gerardo Barbosa, aseguró que la suma que le es exigida es exagerada, pues son más de diez mil millones de pesos.
Barbosa agregó que el pedido demuestra que no hay intención de hacer justicia sino que detrás de todo hay intereses económicos.
La defensa de Ardila anunció que presentará un recurso de apelación para que se modifique la suma de dinero con la que su cliente tiene que indemnizar a los afectados.
El gobernador de Cundinamarca, fue recluido en el pabellón de funcionarios públicos de La Picota el pasado 27 de diciembre, cuando funcionarios del Inpec lo trasladaron desde el búnker de la Fiscalía.
Ese día, Ardila dijo estar sorprendido con la decisión de la Fiscalía de ordenar su captura por un presunto caso de extorsión.
"No endiendo, todavía sigo sorprendido y con mis abogados vamos a ver de qué se trata", sostuvo el Gobernador de Cundinamarca cuando era trasladado al búnker de la Fiscalía, al reiterar que no sabe por qué lo privaron de la libertad. "Es increíble que en este país se cometan atropellos de semejante calibre", aseveró.
Según la Fiscalía, Ardila fue detenido por el presunto delito de extorsión, toda vez que habría intervenido para que un consorcio se adueñara de un contrato adjudicado por el Gobierno Nacional, a 51 areneros de Ricaurte, para la explotación artesanal de gravilla del río Magadalena.
Al parecer, Mary Luz Olarte, Jefe de Protocolo de la Gobernación y su hermana Fanny Olarte, tendrían algún vínculo con la firma que se adueñó indebidamente de los contratos que pertenecían a los areneros.
Ardila, quien estuvo hace pocos días de vacaciones en Estados Unidos, tenía todo listo para entregar su cargo al gobernador electo, Andrés González, el próximo 1 de enero de 2008.
Pablo Ardila fue trasladado durante la noche de este miércoles al búnker de la Fiscalía luego de que éste organismo le dictara orden de captura por la presunta extorsión.
Además, la Fiscalía ya había iniciado una investigación en su contra por movimientos sospechosos en sus cuentas bancarias. Esa investigación comenzó a propósito de una denuncia de El Espectador en la que se señalaban movimientos sospechosos en sus cuentas bancarias y, además, se daba cuenta de la vinculación de las hermanas Olarte en algunos de sus negocios privados.
Relaciones de altos funcionarios de la Gobernación con empresas de la familia Ardila, así como participación del Gobernador en empresas nacionales e internacionales, y supuestas adjudaciones de contratos a organizaciones no gubernamentales que habían constituido amigos suyos, fueron los hallazgos del equipo de Periodismo Investigativo de El Espectador.
De hecho, el pasado 11 de diciembre, Ardila había sido notificado de que debía rendir indagatoria tras ser vinculado por un Fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia por supuestas irregularidades en contratación durante su periodo como Gobernador, luego de que su ex asesor Julio Eduardo Riveros, conocido como ‘Yiyo', fuera investigado por unas grabaciones en las cuales admitía que recibía comisiones por la adjudicación de contratos de la Gobernación y de las cuales el Gobernador recibía participación.
"Él (Yiyo) tendrá que explicarle a la justicia todas sus actuaciones. Es una responsabilidad individual que debe asumir", dijo Ardila al notificarse personalmente en el búnker de la Fiscalía en aquella ocasión.
El Gobernador tendría que enfrentar, además, los cargos de enriquecimiento ilícito y de celebración indebida de contratos.
Cuando acudió a la Fiscalía para notificarse, Ardila aseguró que estaba tranquilo porque durante su administración hizo las cosas bien y defendió a sus funcionarios.
Por El Espectador
