En Boyacá, según conoció la Procuraduría, permanecen 5.676 estudiantes que en los que va corrido del año no han recibido un solo auxilio del Plan de Alimentación Escolar (PAE). Así lo denunció el órgano de control, tras radicar ocho tutelas contra municipios de la región y la propia gobernación.
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La Procuraduría, buscando que inicie lo más pronto posible la ejecución del PAE, interpuso tutelas contra el gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán, y contra los alcaldes de los municipios de Coper, Muzo, Quípama, Chitaraque, La Victoria, Santa María y San Pablo de Borbur.
“Cada día que pasa sin contar con la prestación de este indispensable servicio a cargo del Estado, se incrementa el riesgo de que se presenten más situaciones de ausentismo a clases, de deserción escolar, se deteriore la calidad de vida de los estudiantes y se presenten más casos de desnutrición y de múltiples problemas de aprendizaje”, explicó la entidad.
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Entre las medidas que se solicitan en el grupo de tutelas está que los administradores locales y el gobernador Barragán les pongan un término a sus contratistas para empiecen a prestar el servicio y lo garanticen durante todo 2023. Además, que se ordene a los personeros municipales cumplir con las funciones de control y seguimiento al fallo de tutela.
Esta no es la primera vez que la Procuraduría hace público un jalón de orejas a las autoridades por la implementación del PAE. A principio de mes, los llamados también fueron para las entidades territoriales de Sucre, Casanare, Boyacá, Bolívar, Antioquia, Barranquilla y Vallepudar, donde en tres meses sigue habiendo demoras.
A finales del 2022, el ministerio de Educación anunció un aumento presupuestal para este programa. Por medio de la Resolución 359 de 2022, el Gobierno había signado un presupuesto de $1.2 billones para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en 2023, $103 mil millones más que el año pasado.
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