En lo que va de este año se han desembolsado $21 mil millones del gasto reservado, es decir a través del cual se financian actividades de inteligencia, contrainteligencia, investigación criminal, protección de testigos e informantes.
El almirante David Moreno, Jefe de Estado Mayor Conjunto, ratificó que la directiva 002 del 2008, establece que "en ningún momento las recompensas se podrán pagar a funcionarios públicos, ni a miembros de las Fuerzas Armadas".
Según el alto oficial, se han establecido cuatro fases donde hay "una gran cantidad de personas y pasos" que hacen parte del proceso, desde el mismo momento en que alguien está suministrando la información; comienza a evaluarse esa información, luego se compara con otras informaciones relacionadas y proveniente de otros mecanismos de seguridad, hasta poder planear, desarrollar y ejecutar la operación. Finalmente se realiza el pago establecido en una tabla que determina el valor, según el rango de los guerrilleros y el tipo de armas que se puedan incautar.
"Las directivas para el pago de recompensas se han establecido especialmente para luchar contra el crimen. Estamos buscando con esto que haya una lucha frontal contra las actividades delictivas en el país", dijo el Almirante Moreno.
Los lineamientos para el pago de las recompensas establecen si la información es oportuna y veráz, que permitan resultados consistentes en capturas, abatimientos, etc.
"Lo que nosotros manejamos son políticas de bienestar, políticas para premiar el esfuerzo de la gente y los resultados en las operaciones", dijo, sin determinar específicamente qué clase de incentivos se utilizan.
Por El Espectador
