Palacio de Justicia 'ad portas' de la Corte IDH

Durante una semana la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recorrió Colombia, invitada por el presidente Juan Manuel Santos para que conociera de primera mano la situación humanitaria que vive el país. Delegados de la entidad visitaron Bogotá, Cali, Medellín y Quibdó, entre otros lugares, y llegaron a la conclusión de que el país ha avanzado mucho en lo que a la protección de los derechos humanos se refiere, pero que hay asuntos pendientes, sobre todo en materia de implementación de políticas públicas y en materia legislativa. Entre otras cosas, la CIDH se muestra profundamente preocupada por la reforma al fuero militar que hace curso en el Congreso de la República. El Espectador habló con el secretario de la Comisión, Emilio Álvarez, respecto a este y otros temas, a propósito de su visita a Colombia.

¿Qué significa la no inclusión de Colombia en la llamada “lista negra” de la CIDH?
Puedo entender que, para simplificar, ustedes le digan “lista negra”. Pero la CIDH no tiene ninguna lista negra. Lo que hay es un capítulo, el capítulo cuatro, donde se incluye a países en los que se observa algún problema en lo que a derechos humanos respecta, como ocurría con Colombia. Entonces a esos países se les hacen seguimientos. Pero cuando un país invita a la CIDH para que lo visite, se establecen unos mecanismos de colaboración que le permitan a la Comisión hacerle seguimientos a ese país sin incluirlo en el capítulo cuatro. Colombia invitó a la CIDH para conocer las cosas buenas y los pendientes en materia de derechos humanos. Producto de esta visita se hará un informe que se presentará aproximadamente en seis meses. A partir de eso, Colombia dejará de formar parte del grupo de los países que están en el capítulo cuatro y se le dará seguimiento por esa vía.

¿Qué hallaron durante su visita?
Encontramos, y así se le hizo saber al presidente Santos, avances muy importantes en lo que a políticas públicas se refiere. Por ejemplo, la Ley de Víctimas. El mensaje que se está dando a nivel mundial es que se hace una apuesta por las víctimas, en medio de un conflicto. Eso no tiene precedente y es una señal muy valiosa. Pero, como en todos los países, hay pendientes. Por ejemplo, sigue el fenómeno del desplazamiento y las bandas criminales, a las que hoy no se llama paramilitares pero que tienen todo el sentido y la lógica de los paramilitares y siguen actuando. También hay grandes desafíos en materia de implementación de la política pública. Hay como una voluntad, una orientación, un diseño en política pública, pero esto tiene que convertirse en una realidad. Además, hay desafíos significativos en temas de desigualdades estructurales que, aunque se están enfrentando, todavía no se revierten. Por ejemplo, la discriminación a la población afro y a la población indígena. Así mismo, hay preocupaciones en materia de justicia. Vemos que hay un gran número de desmovilizados, pero a la hora de los juicios nos encontramos con que las sentencias y los culpables son pocos. Ese mensaje es preocupante.

¿Y en materia legislativa?
La Comisión ha manifestado su preocupación respecto a varias reformas, particularmente dos: Justicia y Paz y el fuero militar. Nos preocupa que una norma cambie el principio donde la excepción era que cuando un militar cometía una acción fuera de la ley pasara a la justicia penal militar. Ahora parecería que la excepción es que vaya a la justicia ordinaria. Nos preocupa mucho. Hemos señalado que hay detalles del fuero que pueden ir contra la Convención Americana de los Derechos Humanos. Serán los órganos internos los que decidan. Nuestro mandato tiene que ver con la Convención, y por eso nos expresamos así y así se lo hicimos saber al ministro de Defensa, al Congreso y al presidente de la República. Entendemos y sabemos que hay un conflicto armado en Colombia, que se tiene que establecer un mecanismo legal que permita en su caso generar una condición de equidad procesal para que un soldado y un transgresor de la ley sean sancionados en los mismos términos y que un soldado no sea condenado a 40 años y un transgresor a ocho, por ejemplo.

Entonces, esas diferencias son muy difíciles de aceptar. Igual, destacamos que hay un hecho notable y es el reconocimiento de que hay un conflicto armado. Ese hecho es de mayor importancia y es muy valioso porque el gobierno anterior no lo reconocía. Lo importante es que se pueda generar una condición donde la paz sea producto de la justicia y de la verdad y la reconciliación.
¿Qué procesos está revisando la Comisión en estos momentos?

Hay muchos, pero me quiero referir al del Palacio de Justicia. Ese es un caso que está ad portas de la Corte porque hay evidencia de que hubo gente que salió viva pero que de repente desapareció. Hay videos, hay material, hay evidencia. Ese caso está en discusión y está en las puertas. Hay muchos otros casos que están en la Comisión. Colombia está entre los tres primeros países con más casos en la Comisión. Eso obedece a dos fenómenos. Por una parte, al conflicto. Por otra parte, porque Colombia es un país con una sociedad civil muy activa, organizada. No es una ecuación lineal de que más denuncias son más violaciones. Yo me pregunto: si con el conflicto que tienen están donde están, ¿dónde estaría Colombia sin conflicto?
¿Qué opinión le merece lo sucedido con el caso por la masacre de Mapiripán?

La Corte ya resolvió y yo creo que hay que subrayar tres cosas. Primero, la Corte llega a la convicción de que la gente actuó de buena fe, no hay dolo, y eso me parece fundamental. Segundo, cualquier sistema puede tener alguna debilidad, pero lo que es vital es su capacidad de revisar lo sucedido y el Sistema Interamericano ha dado muestra de ello. Y tercero, con independencia de esta situación, lo que es innegable es que ahí hubo un hecho gravísimo de violación a los derechos humanos, porque pareciese ser que por una particularidad olvidamos el contexto. No perdamos de vista por qué el caso Mapiripán llegó a la Corte. Hubo una masacre y eso es gravísimo, no lo perdamos de vista. Porque de repente surgen voces con puntos de vista perversos que quieren desacreditar a las víctimas o a las organizaciones defensoras de derechos humanos sin mencionar que hubo una masacre.
¿Cómo ve la Comisión lo sucedido con los falsos positivos?

Fue algo inaceptable. Fue una acción perversa.
¿Cómo ve el hecho de que se esté pensando en el fuero militar con estos antecedentes?

Colombia ha hecho un esfuerzo importante para tratar de profesionalizar sus Fuerzas Armadas. Eso es innegable. Pero también es un hecho que el Estado tiene que tener límites y mecanismo de autocorrección donde haya excesos. No está en discusión el monopolio del uso legítimo de la fuerza por parte del Estado. Entendiendo que hay un conflicto, tenemos que generar condiciones para que éste se dé bajo las reglas de la democracia. ¿Qué significa eso? Que hay que hacer un derecho penal que sancione los abusos, es decir, que si miembros de la Fuerzas Militares cometieron ilícitos sean sancionados. Pero también creo que los militares, la Fuerza Pública, los policías, tienen que ser sancionados bajo el principio de presunción de inocencia, también a ellos les aplica porque es una regla de un Estado democrático de derecho, porque a veces me parece que eso se pierde de vista. Insisto en que no nos ayuda ver este tipo de temas en blanco y negro. No hay remedios mágicos, no hay varita mágica, pero lo que sí creo es que cuando la democracia está en riesgo, se tiene que resolver con más democracia.
No con la fuerza, como el uniformado aquel que dijo que en el Palacio de Justicia estaban “defendiendo la democracia”.

A cañonazos, y ahí están las consecuencias. Lo que ha demostrado el devenir histórico es que esas cosas siempre encuentran su cauce en la justicia, y si no, el conflicto sigue. El conflicto sigue, la herida sigue, la ruptura del tejido social sigue, la descomposición social de un momento se proyecta en el futuro. Quienes le apuestan al olvido no se dan cuenta de que la ruptura del tejido social se reproduce.
¿Cómo ve a las víctimas en el proceso de paz?

Colombia está haciendo un esfuerzo extraordinario en materia de víctimas. Para comenzar, reconoce que tiene 5 millones de víctimas; eso no tiene precedente. Colombia es un país donde las víctimas han asumido un papel muy activo, pero también hay muchas de ellas a las que el Estado les debe. Hay una deuda del Estado colombiano con muchas víctimas.

Durante una semana la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recorrió Colombia, invitada por el presidente Juan Manuel Santos para que conociera de primera mano la situación humanitaria que vive el país. Delegados de la entidad visitaron Bogotá, Cali, Medellín y Quibdó, entre otros lugares, y llegaron a la conclusión de que el país ha avanzado mucho en lo que a la protección de los derechos humanos se refiere, pero que hay asuntos pendientes, sobre todo en materia de implementación de políticas públicas y en materia legislativa. Entre otras cosas, la CIDH se muestra profundamente preocupada por la reforma al fuero militar que hace curso en el Congreso de la República. El Espectador habló con el secretario de la Comisión, Emilio Álvarez, respecto a este y otros temas, a propósito de su visita a Colombia.

¿Qué significa la no inclusión de Colombia en la llamada “lista negra” de la CIDH?
Puedo entender que, para simplificar, ustedes le digan “lista negra”. Pero la CIDH no tiene ninguna lista negra. Lo que hay es un capítulo, el capítulo cuatro, donde se incluye a países en los que se observa algún problema en lo que a derechos humanos respecta, como ocurría con Colombia. Entonces a esos países se les hacen seguimientos. Pero cuando un país invita a la CIDH para que lo visite, se establecen unos mecanismos de colaboración que le permitan a la Comisión hacerle seguimientos a ese país sin incluirlo en el capítulo cuatro. Colombia invitó a la CIDH para conocer las cosas buenas y los pendientes en materia de derechos humanos. Producto de esta visita se hará un informe que se presentará aproximadamente en seis meses. A partir de eso, Colombia dejará de formar parte del grupo de los países que están en el capítulo cuatro y se le dará seguimiento por esa vía.

¿Qué hallaron durante su visita?
Encontramos, y así se le hizo saber al presidente Santos, avances muy importantes en lo que a políticas públicas se refiere. Por ejemplo, la Ley de Víctimas. El mensaje que se está dando a nivel mundial es que se hace una apuesta por las víctimas, en medio de un conflicto. Eso no tiene precedente y es una señal muy valiosa. Pero, como en todos los países, hay pendientes. Por ejemplo, sigue el fenómeno del desplazamiento y las bandas criminales, a las que hoy no se llama paramilitares pero que tienen todo el sentido y la lógica de los paramilitares y siguen actuando. También hay grandes desafíos en materia de implementación de la política pública. Hay como una voluntad, una orientación, un diseño en política pública, pero esto tiene que convertirse en una realidad. Además, hay desafíos significativos en temas de desigualdades estructurales que, aunque se están enfrentando, todavía no se revierten. Por ejemplo, la discriminación a la población afro y a la población indígena. Así mismo, hay preocupaciones en materia de justicia. Vemos que hay un gran número de desmovilizados, pero a la hora de los juicios nos encontramos con que las sentencias y los culpables son pocos. Ese mensaje es preocupante.

¿Y en materia legislativa?
La Comisión ha manifestado su preocupación respecto a varias reformas, particularmente dos: Justicia y Paz y el fuero militar. Nos preocupa que una norma cambie el principio donde la excepción era que cuando un militar cometía una acción fuera de la ley pasara a la justicia penal militar. Ahora parecería que la excepción es que vaya a la justicia ordinaria. Nos preocupa mucho. Hemos señalado que hay detalles del fuero que pueden ir contra la Convención Americana de los Derechos Humanos. Serán los órganos internos los que decidan. Nuestro mandato tiene que ver con la Convención, y por eso nos expresamos así y así se lo hicimos saber al ministro de Defensa, al Congreso y al presidente de la República. Entendemos y sabemos que hay un conflicto armado en Colombia, que se tiene que establecer un mecanismo legal que permita en su caso generar una condición de equidad procesal para que un soldado y un transgresor de la ley sean sancionados en los mismos términos y que un soldado no sea condenado a 40 años y un transgresor a ocho, por ejemplo.

Entonces, esas diferencias son muy difíciles de aceptar. Igual, destacamos que hay un hecho notable y es el reconocimiento de que hay un conflicto armado. Ese hecho es de mayor importancia y es muy valioso porque el gobierno anterior no lo reconocía. Lo importante es que se pueda generar una condición donde la paz sea producto de la justicia y de la verdad y la reconciliación.
¿Qué procesos está revisando la Comisión en estos momentos?

Hay muchos, pero me quiero referir al del Palacio de Justicia. Ese es un caso que está ad portas de la Corte porque hay evidencia de que hubo gente que salió viva pero que de repente desapareció. Hay videos, hay material, hay evidencia. Ese caso está en discusión y está en las puertas. Hay muchos otros casos que están en la Comisión. Colombia está entre los tres primeros países con más casos en la Comisión. Eso obedece a dos fenómenos. Por una parte, al conflicto. Por otra parte, porque Colombia es un país con una sociedad civil muy activa, organizada. No es una ecuación lineal de que más denuncias son más violaciones. Yo me pregunto: si con el conflicto que tienen están donde están, ¿dónde estaría Colombia sin conflicto?
¿Qué opinión le merece lo sucedido con el caso por la masacre de Mapiripán?

La Corte ya resolvió y yo creo que hay que subrayar tres cosas. Primero, la Corte llega a la convicción de que la gente actuó de buena fe, no hay dolo, y eso me parece fundamental. Segundo, cualquier sistema puede tener alguna debilidad, pero lo que es vital es su capacidad de revisar lo sucedido y el Sistema Interamericano ha dado muestra de ello. Y tercero, con independencia de esta situación, lo que es innegable es que ahí hubo un hecho gravísimo de violación a los derechos humanos, porque pareciese ser que por una particularidad olvidamos el contexto. No perdamos de vista por qué el caso Mapiripán llegó a la Corte. Hubo una masacre y eso es gravísimo, no lo perdamos de vista. Porque de repente surgen voces con puntos de vista perversos que quieren desacreditar a las víctimas o a las organizaciones defensoras de derechos humanos sin mencionar que hubo una masacre.
¿Cómo ve la Comisión lo sucedido con los falsos positivos?

Fue algo inaceptable. Fue una acción perversa.
¿Cómo ve el hecho de que se esté pensando en el fuero militar con estos antecedentes?

Colombia ha hecho un esfuerzo importante para tratar de profesionalizar sus Fuerzas Armadas. Eso es innegable. Pero también es un hecho que el Estado tiene que tener límites y mecanismo de autocorrección donde haya excesos. No está en discusión el monopolio del uso legítimo de la fuerza por parte del Estado. Entendiendo que hay un conflicto, tenemos que generar condiciones para que éste se dé bajo las reglas de la democracia. ¿Qué significa eso? Que hay que hacer un derecho penal que sancione los abusos, es decir, que si miembros de la Fuerzas Militares cometieron ilícitos sean sancionados. Pero también creo que los militares, la Fuerza Pública, los policías, tienen que ser sancionados bajo el principio de presunción de inocencia, también a ellos les aplica porque es una regla de un Estado democrático de derecho, porque a veces me parece que eso se pierde de vista. Insisto en que no nos ayuda ver este tipo de temas en blanco y negro. No hay remedios mágicos, no hay varita mágica, pero lo que sí creo es que cuando la democracia está en riesgo, se tiene que resolver con más democracia.
No con la fuerza, como el uniformado aquel que dijo que en el Palacio de Justicia estaban “defendiendo la democracia”.

A cañonazos, y ahí están las consecuencias. Lo que ha demostrado el devenir histórico es que esas cosas siempre encuentran su cauce en la justicia, y si no, el conflicto sigue. El conflicto sigue, la herida sigue, la ruptura del tejido social sigue, la descomposición social de un momento se proyecta en el futuro. Quienes le apuestan al olvido no se dan cuenta de que la ruptura del tejido social se reproduce.
¿Cómo ve a las víctimas en el proceso de paz?

Colombia está haciendo un esfuerzo extraordinario en materia de víctimas. Para comenzar, reconoce que tiene 5 millones de víctimas; eso no tiene precedente. Colombia es un país donde las víctimas han asumido un papel muy activo, pero también hay muchas de ellas a las que el Estado les debe. Hay una deuda del Estado colombiano con muchas víctimas.