El 6 y 7 de noviembre de 1985 la guerra arrasó con la sede de la justicia colombiana. Cuatro décadas después el país sigue debatiendo nombrar lo que ocurrió y quién debe responder. Entre la política, la impunidad y el silencio, la memoria del Palacio aún busca su lugar en la historia.
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La guerra pudo más que la justicia. El asalto y la retoma del Palacio de Justicia, los días 6 y 7 de noviembre de 1985, condensaron la fractura del Estado colombiano. El M-19 irrumpió con armas, tomó rehenes y buscó juzgar al presidente Belisario Betancur. El Ejército respondió con una operación a sangre y fuego, sin ningún cálculo del costo humano. Entre los escombros quedaron casi 100 muertos, 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y una democracia herida. Desde esa semana el país quedó dividido entre quienes aplaudieron la defensa del orden institucional y quienes reprocharon el uso desmedido de la fuerza. Cuatro décadas después el Palacio sigue siendo símbolo de una verdad incompleta: una acción insurgente y un crimen de Estado, cuya memoria aún se disputa en los estrados judiciales y en la política.
Esa noche Belisario Betancur apareció en televisión. Asumió toda la responsabilidad y agradeció a las Fuerzas Armadas su “heroico esfuerzo”. Dijo que había tomado personalmente las decisiones, convencido de que no había alternativa distinta a la fuerza. Era el mismo presidente que meses atrás impulsaba una política de paz y mantenía activa una comisión para el diálogo con las guerrillas. Pero el viraje resultó abrupto: el Palacio se convirtió en campo de batalla. La operación se ejecutó sin respeto al Derecho Internacional Humanitario y con órdenes militares que, luego del fuego, suplantaron a los investigadores. Sin espacio para recuperar evidencias y hacer una identificación de las víctimas, los cadáveres fueron lavados y otros cuerpos calcinados fueron acumulados en montículos. Ni siquiera tomaron fotografías.
El primer esfuerzo para evaluar las responsabilidades fue la creación de un Tribunal Especial de Instrucción que, siete meses después del holocausto, concluyó que el único responsable fue el M-19. No obstante, desde ese momento, la justicia colombiana tiene constancias de la “falta de criterio técnico y científico” con la que militares manejaron la escena del crimen y denunció que, incluso, varios huesos humanos habían sido arrojados a la basura. Las irregularidades impidieron reconstruir los hechos con precisión. Mientras tanto, la justicia militar asumió el caso para revisar las responsabilidades del Ejército y la Policía, ante algunas voces disidentes que advirtieron que la operación de la retoma del Palacio desconoció todas las normas del Derecho Internacional Humanitario.
Poco a poco la justicia ordinaria iba quedando marginada. Y, desde ese mismo momento, en los despachos del Congreso, la discusión se trasladó del ámbito judicial al político. La Comisión de Acusación de la Cámara abrió investigaciones contra el presidente Belisario Betancur y el ministro de Defensa, Miguel Vega Uribe, pero pronto archivó las pesquisas y el discurso que imperó fue el del apoyo total a las instituciones, incluyendo el respaldo a quien asumió toda la responsabilidad de los hechos. En junio de 1986, una subcomisión declaró que las decisiones del presidente y de su ministro de Defensa fueron actos “típicos de gobierno”, exentos de responsabilidad penal. Una movida de la política que absolvió al poder, mientras que la justicia seguía recibiendo golpes.
El 31 de julio de 1986, dos sicarios asesinaron al magistrado Hernando Baquero Borda, sobreviviente del holocausto. Era el redactor de la ley aprobatoria del tratado de extradición que estudiaba la Corte Suprema cuando el M-19 perpetró su ataque. En paralelo, en los tribunales persistían los obstáculos: pruebas destruidas, cuerpos sin identificar y versiones enfrentadas. La responsabilidad de avanzar en las pesquisas le correspondió a la jueza Martha Patricia Carrizosa, del Juzgado 14 Superior de Bogotá, quien pidió a la justicia penal militar investigar a los mandos por las desapariciones. Las demás responsabilidades, por ejemplo, quién dio la orden de quitar la protección al Palacio de Justicia un día antes de la toma, o quiénes participaron en la operación para eliminar evidencias, son preguntas cuya respuesta la justicia jamás investigó.
Solo tres años después de los hechos la justicia ordinaria dio un paso contundente para esclarecer el capítulo que puso en jaque a una de las ramas del poder del Estado colombiano. El 31 de enero de 1989, el juez Uriel Amaya Olaya acusó a la cúpula del M-19 por la toma armada y compulsó copias contra el general Jesús Armando Arias Cabrales y el coronel Edilberto Sánchez Rubiano por las desapariciones. Pero eran tiempos de búsqueda de procesos de paz y, ese mismo año, el Congreso aprobó la ley que permitió el indulto a la guerrilla que se había tomado el Palacio. Un perdón político que benefició a sus integrantes y borró de sus antecedentes penales graves crímenes, incluso de lesa humanidad, justamente como los cometidos durante el holocausto del Palacio. Otra jugada política que borró de tajo su responsabilidad penal.
Tres meses después el M-19 firmó la paz y se transformó en partido político. La justicia, en cambio, perdió el impulso y los dientes para investigar a los responsables. El cierre del proceso representó la primera gran derrota del Poder Judicial: un precedente que relegó la verdad al terreno de la política. El ciclo de impunidad se amplió en los años siguientes. En 1990, la Procuraduría destituyó a Arias Cabrales y a Sánchez Rubiano por su actuación durante la retoma, pero el Senado resolvió ascender al primero al grado de general. En 1992, la única justicia que empezó a moverse fue la administrativa. El 15 de noviembre de ese año, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró al Estado como responsable de lo sucedido en el Palacio, no solo por fallas en la seguridad, sino por el manejo de la escena del crimen.
Dos años después, y en contravía a esos hallazgos, la justicia penal militar absolvió a los mandos bajo el principio de obediencia debida, entre ellos a Arias Cabrales. Dos jurisdicciones, dos verdades y un mismo resultado: ninguna condena efectiva y la verdad embolatada entre la visión de convertir la conducta de los militares en una causa política y no judicial. La paradoja de un país de abogados y leyes, en el que la guerra siempre termina imponiéndose. La década de los noventa consolidó la desmemoria. El abogado Eduardo Umaña Mendoza, quien había insistido sin descanso en la búsqueda de los desaparecidos, pidió exhumar los cuerpos no identificados que fueron sepultados por orden militar en noviembre de 1985 en el Cementerio del Sur y en donde, además, habían sido enterradas víctimas de la tragedia de Armero.
Sin embargo, el abogado fue asesinado el 18 de abril de 1998, antes de que pudiera ver los primeros hallazgos. Sus esfuerzos permitieron identificar los restos de Ana Rosa Castiblanco y probar que varios cuerpos fueron sepultados en tumbas equivocadas. Cada hallazgo confirmaba lo mismo: las pruebas se habían perdido porque las autoridades borraron los rastros. En paralelo, la Fiscalía recién creada centró su atención en los escándalos políticos del momento, mientras el expediente del Palacio se empolvaba en los archivos. A una década de la tragedia, el Estado acumulaba condenas administrativas, pero ninguna sentencia penal. Solo fue hasta 2005, bajo la administración de Mario Iguarán, que la Fiscalía retomó las investigaciones y ordenó reabrir la investigación por los desaparecidos.
La fiscal Ángela María Buitrago revisó miles de folios y concluyó que había pruebas suficientes para juzgar a mandos del Ejército por desaparición forzada. La funcionaria hizo lo que los investigadores no lograron establecer en 20 años: que los militares no podían invocar el principio de la obediencia debida frente a un delito como la desaparición forzada. En 2006, ordenó la detención del coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano y de varios suboficiales. Un año después los acusó y compulsó copias contra los generales Arias Cabrales y Samudio Molina, y contra el expresidente Betancur. Por primera vez un expediente judicial miraba con lupa la responsabilidad de los mandos superiores en la desaparición de 11 personas. La reacción política fue inmediata: el caso se convirtió otra vez en bandera ideológica.
El 9 de junio de 2010, 25 años después del holocausto, llegó la primera sentencia penal. La jueza tercera penal del circuito especializado de Bogotá, María Stella Jara Gutiérrez, condenó a 30 años de prisión aAlfonso Plazas Vega como coautor mediato de desaparición forzada. El fallo desató un vendaval político. El presidente Álvaro Uribe afirmó que se condenaba a un militar “que solo cumplió su deber”. Al año siguiente, la jueza María Cristina Trejos impuso 35 años al general Arias Cabrales. Para entonces la confrontación entre el Gobierno y la Corte Suprema era abierta, con el escándalo de las chuzadas del DAS y la parapolítica. Entretanto, cada decisión judicial reavivaba el enfrentamiento entre quienes veían héroes en los militares y quienes exigían rendición de cuentas por las violaciones a los derechos humanos.
El caso trascendió las fronteras. En 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró admisible la denuncia contra el Estado colombiano y, en 2014, lo condenó por desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial. No solo ordenó reparar a las víctimas, investigar y sancionar, sino que reconoció que el grado de impunidad en el expediente podía entenderse como otro crimen de lesa humanidad. Ese mismo año el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena a Arias Cabrales y, para el aniversario número 30 del holocausto, el Estado aceptó su responsabilidad y prometió reparación. El 6 de noviembre de 2015, en el reconstruido Palacio, el presidente Juan Manuel Santos pidió perdón a las víctimas y dijo que la paz era también admitir culpas.
Un mes después la Corte Suprema, en una decisión dividida, absolvió a Plazas Vega. Un fallo que, como otros, abre una nueva grieta en el dolor de cientos de víctimas. La contradicción era inevitable: mientras la justicia internacional exigía castigo, los tribunales internos revocaban condenas. En esa seguidilla de absurdos, en 2019 la Corte Suprema ratificó la sentencia de 35 años contra Arias Cabrales. Hasta ahí llegaron las investigaciones. Algunos altos oficiales se acogieron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que los ha ido expulsando al constatar que no solo no han hecho aportes a la verdad, sino que, incluso, siguen negando sus responsabilidades. La Fiscalía, por su parte, creó un banco de ADN para identificar a los desaparecidos, pero en decisiones recientes terminó sumándose a versiones negacionistas.
En agosto de 2019, el ente investigador hizo una declaración pública, en contravía de los hallazgos de sus propios fiscales y de la Corte IDH: que en el caso del Palacio de Justicia no hubo desaparecidos, sino casos de malas identificaciones o cuerpos mezclados. Tres semanas después tuvo que retractarse. El caso de revictimización más reciente se conoció el pasado 18 de octubre, cuando el vicefiscal Gilberto Guerrero firmó un documento en el que se abstuvo de imponer medida de aseguramiento contra Arias Cabrales por el asesinato del magistrado auxiliar del Consejo de Estado Carlos Horacio Urán, al concluir que el abogado no salió vivo del Palacio de Justicia. Una contradicción a las investigaciones de la Corte IDH y en contra de la familia de la víctima, que reconoció a su ser querido en los videos de ese noviembre de 1985.
Una muestra más de la incapacidad del Estado para juzgar sus excesos y de una justicia que continúa inerme frente a su historia. La investigación sobre este expediente avanza y retrocede al ritmo de los discursos, y su memoria se ha convertido, no en un instrumento para evitar nuevas tragedias, sino en un arma al servicio de la política. El país sigue atrapado en una distorsión que impide conocer la verdad: aunque el M-19 protagonizó una toma armada que convirtió a magistrados y civiles en rehenes, la respuesta del Estado excedió todos los límites y derivó en violaciones que la justicia aún no logra explicar. En esa paradoja —una justicia incapaz de juzgar su propio holocausto—, Colombia llega al aniversario número 40 del “más horrendo capítulo de depredación, como lo describio Guillermo Cano Isaza, al que nuestra sociedad haya sido jamás sometida”.
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