/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elespectador/W57CC5GK4ZEK3OLM6MPT6UAOS4.jpg)
Detrás de la demanda que interpuso la familia del magistrado Carlos Horacio Urán, asesinado durante la toma y retoma del Palacio de Justicia, en 1985, están pesos pesados del derecho en Estados Unidos. En alianza con la firma Wilson, Sonsini, Goodrich & Rosati, el Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas (CJA por sus siglas en inglés) presentó esta semana un recurso jurídico que busca que el coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega responda por su posible participación en la tortura y ejecución extrajudicial de Urán, mientras el caso en Colombia continúa en total impunidad.
La CJA es una firma experta en derechos humanos que ha llevado casos emblemáticos, como el del cantante y activista chileno Víctor Jara, asesinado en 1973, durante la dictadura de Augusto Pinochet. Claret Vargas, abogada sénior de este centro, experta en asuntos latinoamericanos y con doctorado en la Universidad de Harvard, habló con El Espectador sobre la importancia de estos procesos civiles en Estados Unidos y de cómo su objetivo principal no es otro que buscar que los casos más emblemáticos de violencia en el continente no queden en la impunidad.