La reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro (Ley 2381 de 2024) fue demandada ante la Corte Constitucional desde el año pasado y es uno de los grandes temas que el alto tribunal tiene que resolver en 2025. La primera demanda en contra de esta norma fue presentada por la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, quien argumenta que durante el trámite de la iniciativa en el Congreso, no se le dio el trámite que establece la ley.
Ahora, que el debate sobre el futuro de la reforma pensional está por continuar en la Corte, la senadora Valencia hizo una petición al alto tribunal que retrasará un poco el estudio de fondo en el caso. La congresista del Centro Democrático recusó al magistrado Vladimir Fernández Andrade, es decir, pidió que se hiciera a un lado en el caso. La petición la argumentó en que el ahora togado, fue secretario jurídico de la Presidencia de la República al inicio del gobierno de Gustavo Petro.
De acuerdo con el documento presentado por la senadora Valencia a la Corte, “el entonces Secretario Jurídico de la Presidencia debió dar concepto positivo sobre el proyecto de ley y, en esa medida, se encuentra impedido para fallar de manera imparcial frente a las distintas demandas de inconstitucionalidad que cursan ante la Corte Constitucional”.
Paloma Valencia señaló también en su documento que en el pasado el magistrado Hernández se alejó de discusiones relacionadas con iniciativas que provenían del gobiernos, precisamente por esa cercanía que tuvieron en el pasado. “Vale señalar que la Corte Constitucional aceptó el impedimento que presentó el Magistrado Vladimir Fernández dentro del proceso D-15146, a través del cual la Corte declaró la inexequibilidad de la Ley 2281 de 2023, por haber fungido como Secretario Jurídico de la Presidencia de la República cuando se presentó dicha iniciativa al Congreso de la República".
La iniciativa que ahora se juega la vida en el alto tribunal fue la primera victoria del gobierno Petro el año pasado en el Congreso. En junio de ese año, fue aprobada la reforma pensional (Ley 2381 de 2024), con la que el Ejecutivo busca “establecer e implementar el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez”, en el que, dentro de otras cosas, los fondos públicos (Colpensiones) y privados dejen de competir y se complementen. Además, en los que se establecerían cuatro pilares (contributivo, solidario, semicontributivo y voluntario), que podrían cobijar a los ciudadanos según sus aportes.
El pasado agosto, fue cuando Valencia presentó la demanda y argumentó que la ley debe tumbarse en su totalidad, debido a que, según ella, se eludió el debate del proyecto en la Cámara de Representantes, pues la cámara baja aprobó la iniciativa “al acoger el texto aprobado por el Senado de la República, sin que hubiese deliberación ni explicación”. La congresista de la oposición también resaltó que ni la ponente del proyecto (Martha Alfonso), ni ningún miembro del gobierno socializaron correctamente el proyecto ante los legisladores.
El expediente de la demanda contra la Reforma Pensional quedó en manos del actual vicepresidente de la Corte, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien ya tendría lista la ponencia para ponerle punto final al caso. Aunque todavía no se sabe en qué sentido iría la propuesta que Ibáñez le presentará a la Sala Plena el próximo año, sí se sabe que a la Corte llegó un concepto de la Procuraduría, en el cual le piden al alto tribunal “declarar inexequible (contraria a la Constitución) la totalidad de la Reforma Pensional (Ley 2381 de 2024), al considerar que en la plenaria de la Cámara de Representantes se eludió el debate sobre la iniciativa al adoptarse, sin deliberación, el texto previamente aprobado por el Senado”.
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