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La Defensoría delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género, articulando el trabajo de sus seccionales en Arauca, La Guajira, Putumayo, Santander y Norte de Santander -zona fronteriza con Venezuela-, entregó un informe con cifras alarmantes sobre la situación de las mujeres colombianas y migrantes, además de personas con identidad y orientación sexual diversa: durante el 2020, se presentaron 1617 casos de violencia de género.
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De acuerdo con la entidad, el 31% del total de los casos corresponde a población refugiada, migrante y solicitante de asilo. “El 84 % de la población, atendida en el marco del proyecto durante el año 2020, se encuentra en situación irregular, el 14% tiene su situación regularizada y solo un 2% es solicitante de asilo. Debido a los flujos migratorios mixtos, la población en mención se enfrenta a hechos de violencia, trata y tráfico de personas, violencias de género incluida abuso sexual y discriminación”, agrega la Defensoría.
En el informe conocido por este diario, las autoridades aseguran que los casos reportados en su mayoría corresponden a hechos de violencia intrafamiliar, situación que se habría potenciado con las medidas tomadas para evitar la propagación del Covid-19. “La casa y cotidianamente habitar el mismo espacio solo con las personas del núcleo familiar, fue la estrategia del Gobierno para mitigar el riesgo de contagio, pero esto puso en riesgo a quienes ya estaban siendo víctimas de violencia pues al ser confinadas a pasar todo el tiempo con sus agresores, aumento los hechos de violencia”, se explica en el informe.
En el marco de los 1.617 casos reportados, la violencia que presentó mayores cifras fue la psicológica con un 42%. Ese tipo de daño está relacionado con acoso, amenazas, aislamiento, desprecio, humillación, comentarios intimidatorios, entre otros. Luego le sigue la violencia económica con un 27%; la violencia física con un 18%, la violencia sexual con un 6%; y la violencia patrimonial con un 6%. Además, también se presentaron expedientes de violencia por ejercicio de liderazgo social, contra mujeres que conformaron grupos protectores de DD.HH.
“En la mayoría de los casos, los ingresos económicos de la población refugiada y migrante se derivan de la economía informal. Al no poder desempeñar esas labores, debido a las medidas implementadas en el marco de la pandemia, estas personas se ven expuestas a la escasez alimentaria y la habitabilidad de calle, por cuenta de los desalojos por incumplimiento en el pago de arrendamiento. Esta última situación desencadenando en algunas ocasiones en que los propietarios de inmuebles cometieran hechos de violencia sexual hacia mujeres como forma de cobrar la mensualidad”, explica la Defensoría.
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Así mismo, se explica que el acceso a los servicios de salud fue precario para las mujeres en la zona fronteriza con Venezuela, pues las medidas implementadas para atenuar la propagación del virus priorizaron la atención de la emergencia. Además, como las fronteras se cerraron, grupos de mujeres refugiadas y migrantes no lograron llegar a sus lugares de destino, situación que elevó el riesgo de habitabilidad en la calle. “Esta población no se encuentra registrada en bases de datos de las regiones; razón por la cual no pueden acceder a las ayudas económicas o de canasta alimentaria ofrecidas por el Gobierno”, agrega la institución.
De acuerdo con la organización “Observatorio de Feminicidios Colombia”, durante de 2020 se presentaron 568 casos de feminicidios en todo el territorio nacional. De acuerdo con sus estadísticas, el 52% de los crímenes son cometidos por hombres en armas. Así mismo, durante la cuarentena por el coronavirus 243 mujeres fueron asesinadas por su condición de género. Por último, la ONG recopiló nueve expedientes contra mujeres venezolanas en territorio nacional, la mayoría de ellas en el departamento de Magdalena (3).