De Papá Fidel a Papá Pitufo: la historia de contrabandistas que se repite en bucle

A Diego Marín Buitrago lo conocen en el mundo criminal con varios apodos. En la aplicación que usa su red para comunicarse y encriptar de inmediato los mensajes, el zar del contrabando solía usar los nombres de Costa Rica y Hugo. Pero el alias que más se escucha para referirse a este todopoderoso en los puertos en Colombia es el de Papá Pitufo. Aunque no es claro quién lo bautizó así, lo que sí se sabe es que ese sobrenombre surgió porque la red ilegal en cabeza de Marín usa una estrategia para lavar dinero que se conoce como el “pitufeo”. En el ámbito financiero se conoce bien este modelo, una técnica en la que grandes cantidades de dinero ilícito se dividen en múltiples transacciones pequeñas para evitar ser detectadas. Algo similar a la manera en que Los Pitufos, esos personajes azules de dibujos animados, dividen sus tareas.

Papá Pitufo es hoy el centro del escándalo político y judicial que ronda a la Casa de Nariño, pero también a altos mandos de la Policía que se habrían prestado para permitir que, durante décadas, cargamentos de contrabando de Diego Marín Buitrago entraran sin control a Colombia. Su apodo en el mundo criminal coincide, en buena parte, con uno de los más conocidos contrabandistas que ha tenido el país y, quizás, uno de los primeros en tener nombre y rostro: Fidel Baquero, recordado por su sobrenombre de Papá Fidel. Sus semejanzas no solo están en el nombre, pues ambos, y prácticamente todos los contrabandistas, han usado las mismas estrategias, las mismas rutas y los mismos productos para consolidar sus riquezas. Y aunque las autoridades han intentado hasta la pena de muerte para ponerles freno, el fenómeno continúa.

Fidel Baquero, alias Papá Fidel

Entre 1926 y 1946 en Bogotá, el licor era un lujo de unos pocos. El negocio de su producción y venta estaba estrictamente controlado por el Estado, pero existió un hombre que se las ingenió para organizar una red de contrabando de aguardiente y romper esa barrera entre quién podía comprar una botella y quién no. Se llamaba Fidel Baquero, más conocido como Papá Fidel, y en informes de prensa de la época quedó claro que, para su éxito, tuvo de su lado tres aspectos: una estructura operativa organizada, una red de contactos sin igual y su conocimiento del negocio. Papá Fidel estaba encima de todo: controlaba un sistema logístico eficiente que incluía rutas estratégicas para el transporte de mercancías, desde zonas portuarias y fronterizas hasta los mercados de distribución.

Supo, desde el inicio de su negocio, que era primordial dominar tres puntos del territorio que, hasta hoy, siguen siendo los enclaves del contrabando: la conexión con Panamá, la costa Atlántica y la región fronteriza con Venezuela. Para lograrlo, estableció rutas fijas y, como era de esperarse, el pilar de su imperio fue su capacidad para mantener la complicidad de funcionarios, en aduanas y en la fuerza pública, para evadir controles y retenes. En Bogotá se decía que había sobornado desde el policía raso en alguna carretera hasta políticos y tenía informantes en el más alto nivel. Sus rentas no solo le sirvieron para llenar sus bolsillos, sino que terminó financiando obras en barrios marginales, entregando ayudas económicas a familias necesitadas y ofreciendo empleo en sus redes ilegales.

Cuando Papá Fidel murió, el 9 de septiembre de 1946, un imponente cortejo fúnebre de unos 200 carros y cientos de personas lo acompañaron hasta su tumba, en el Cementerio Central. Aunque nunca se supo el tamaño de su fortuna, el periódico El Liberal documentó que su riqueza “se acerca al $1 millón en bienes raíces, que se componen de varias fincas, muchas casas, unos 14 camiones, varios automóviles, algunos cientos de cabezas de ganado y gran cantidad de joyas y dinero en efectivo, además de la gran industria de licores que todos saben que poseía”. Murió sin que la justicia lo tocara a él ni a su red, incluso evadiendo a la Justicia Penal Aduanera, creada en 1931, el brazo judicial creado para ponerle fin al contrabando.

En ese momento, las autoridades ya lo habían intentado todo. Incluso, la pena de muerte en un decreto firmado en 1883 que endureció los castigos contra funcionarios públicos que se atrevieran a defraudar al Estado o malversar los intereses públicos. Ya se sabía que, para lograr su objetivo, los contrabandistas debían sobornar a los agentes de aduanas. En contra de ellos, en cambio, podía haber penas como la cárcel o el escarnio público, al publicar sus nombres en artículos de prensa, junto con una reseña sobre el contrabando que pretendían entrar al país. En 1848 esta conducta criminal fue penalizada; es decir, se convirtió en delito y, en consecuencia, la sanción fueron penas privativas de la libertad en la cárcel.

En la época en la que Papá Fidel consolidó su emporio criminal, la Justicia Penal Aduanera ya investigaba, juzgaba y sancionaba el contrabando, eso sí sin pena de muerte. Durante 60 años (1931-1991) fue la autoridad máxima para investigar y juzgar el fenómeno criminal. No solo tenía investigadores y policía, sino jueces propios para llevar a la justicia a los responsables de un fraude que, desde siempre, ha representado millonadas para el Estado. Pese a su poder y legitimidad, durante sus años de vigencia no solo tomaron vuelo los contrabandistas de mayor renombre nacional e internacional, sino que se terminaron de consolidar las rutas por donde pasaron, y siguen transportando, alijos de contrabando y millonarios cargamentos de droga.

Alfredo Gómez López, alias el Padrino

El legendario personaje de don Vito Corleone de la novela El Padrino, de Mario Puzo, tuvo un emulador en Colombia: Alfredo Gómez López, al parecer apodado con ese mítico nombre del mafioso italiano por Pablo Escobar Gaviria. No solo tuvo ese sobrenombre, sino que pasó a la historia con el alias del rey del contrabando y Don Capone. No era para menos. Al estilo de Papá Fidel, Gómez López supo que la clave del éxito era controlar las rutas provenientes de Panamá, la costa Caribe y la frontera con Venezuela, además del soborno de funcionarios públicos para que se hicieran “los de la vista gorda”. Contrabandeó cigarrillos, textiles, electrodomésticos, perfumes y, por supuesto, licor, no solo por tierra, como su antecesor, sino también por aire.

Usó avionetas, pero también barcos, lanchas rápidas y caravanas de camiones para distribuir mercancía ilegal, no solo en los centros de comercio conocidos como San Andresitos en Medellín, sino también en los de Bogotá y Cali. Parte de su éxito también se debe a que supo aprovechar las ventas al por mayor en la zona de libre comercio en Colón (Panamá), hasta volverse famoso como uno de los reyes del Marlboro por la basta cantidad de cigarrillos de esa marca que logró entrar al país de manera ilegal. El escritor Alonso Salazar, en el libro La parábola de Pablo, resumió en estos términos el poder de El Padrino: “Lo recibían casi como jefe de Estado cuando visitaba Panamá, Honduras y El Salvador, países donde tenía grandes inversiones”.

Además, explicó el escritor, “en Colombia le hacían venia los políticos y los generales, que incluso le prestaban sus soldados para escoltar sus caravanas de contrabando y sirvieran de albañiles en la construcción de su casa en el barrio Santa María de los Ángeles, en El Poblado”. Pero el mundo a sus pies ni la riqueza de ser el rey del contrabando fue suficiente. Gómez López incursionó en el mundo del narcotráfico, enviando en sus avionetas alijos de marihuana prensada a Estados Unidos. Es más, el escritor Jairo Osorio sostiene que las primeras ocho toneladas de droga que se despacharon desde Colombia para Miguel Ángel Félix Gallardo y Rafael Caro Quintero, fundadores del cartel de Guadalajara, se hicieron en un avión de Alfredo Gómez que piloteó José Abello Silva, más conocido como el Mono Abello.

Esos primeros contactos con el mundo de la droga fueron el inicio de la consolidación de las rutas del narcotráfico, que siguen siendo prácticamente las mismas. Y, aunque no existe una historia oficial sobre quiénes fueron los pioneros, las redes y los patrones del contrabando dan pistas. Gómez López, a diferencia de Papá Fidel, sí le vio los ojos a la justicia, al menos por un tiempo. En 1976, una de sus caravanas de 34 camiones llenos de contrabando cayó en un retén y Gómez fue a dar a la cárcel de La Ladera, en Medellín. Ahí fue el comienzo de su fin. Murió de un ataque cardíaco tiempo después de su encarcelamiento, pero dejó establecido un emporio criminal en manos del mismísimo Pablo Escobar Gaviria, quien había sido su lugarteniente y aprendiz, especialmente en los quehaceres del soborno a funcionarios públicos.

Pablo Escobar Gaviria

El escritor Jairo Osorio, autor del libro Familia: la novela amoral de Antioquia, contó que algunos textos sobre la vida de Pablo Escobar determinan que su carrera delictiva comenzó en función del rey del contrabando en Colombia, Alfredo Gómez López, alias El Padrino. Quien hoy es conocido como el capo de capos o el Patrón, debido a su enorme influencia en el narcotráfico durante las décadas de los años 80 y 90, empezó siendo un contrabandista más. Según Osorio, Escobar fue miembro de la red del Padrino y aprendió las movidas del mundo criminal trayendo a Colombia electrodomésticos, licores y cigarrillos desde Ecuador y Panamá. Por esas rutas, que él mismo recorrió pagando en efectivo a la fuerza pública para que no inspeccionara las camionetas, Escobar empezó a transportar cocaína.

Precisamente en uno de esos recorridos, y simulando estar importando concentrado de animales (aunque otras fuentes indican que era un cargamento de llantas), el capo fue detenido por primera vez el 9 de junio de 1976 y su captura quedó reseñada en archivos judiciales por estar transportando 19.500 gramos de cocaína. Aunque Escobar nunca respondió por ese caso, ese procedimiento judicial quedó reseñado en los archivos del DAS y sirvió para que, el 25 de agosto de 1983, El Espectador revelara en primera página los inicios en el mundo criminal de Escobar Gaviria, cuando intentó disfrazar sus andanzas criminales detrás de su designación como representante a la Cámara por el Partido Liberal. Luego se convertiría en el narcotraficante más grande y peligroso en la historia de Colombia.

Con su fortuna en constante crecimiento y escondido en una de sus tierras en el Magadalena Medio, Escobar volvió a echar mano de las rutas de contrabando que conocía como pocos, pero con otro objetivo: entrar a Colombia animales exóticos para que vivieran en una de sus fincas, hoy conocida como la Hacienda Nápoles en lo que sería su zoológico privado. Hoy se sabe que el capo introdujo al país, gracias a sus redes ilegales, rinocerontes, avestruces y otras aves exótica, canguros, elefantes y hasta jirafas. No todos llegaron a sus tierras, porque enfermaron antes o no pasaron los controles aduaneros que no fueron sobornados. Y claro: también entró cuatro hipopótamos que se multiplicaron y hoy son un problema medioambiental.

Samuel Santander Lopesierra Gutiérrez, alias el Hombre Marlboro

El Hombre Marlboro fue la figura de una campaña publicitaria a nivel mundial de la marca de cigarrillos homónima entre la década de 1950 y 1990. Sin embargo, en Colombia, ese nombre le pertenece a un exnarco que se lo ganó precisamente por contrabandear, dentro de otras cosas, miles de cajas de cigarrillos a la semana por más de una década. Samuel Santander Lópesierra, originario de Maicao (La Guajira), aunque se hizo la fama de ser el señor del contrabando en la costa Atlántica, también desarrolló en paralelo una carrera política que, a pesar de los señalamientos que había por sus actividades al margen de la ley, nunca quedó sepultada. En sus primeros escaños en la política, se abanderó bajo las toldas del Partido Liberal, con el cual se consagró como concejal de su natal Maicao en 1986 y diputado de La Guajira en 1988.

El músculo económico que había cosechado por sus actividades ilegales era apabullante y sumándolo con las conquistas políticas que tuvo, fueron la fórmula perfecta para que el zar del contrabando guajiro llegara en 1994 a ocupar un puesto en el Congreso, a donde escaló siendo uno de los senadores más votados por fuera de su región. Sobre esa elección, como era de esperarse por su manchada hoja de vida, cayeron cuestionamientos y sospechas de compras de votos. Por esa época, también se le señaló e incluso la justicia de Estados Unidos puso sus ojos sobre él porque tenía pistas de que se trataba de un lavador de dinero profesional de poderosos narcos y, además, de enviar droga a ese país. Su caso fue uno de los más claros para entender cómo el contrabando estaba sirviendo para lavar el dinero producto del narcotráfico.

Lopessierra fue de los últimos grandes contrabandistas investigados por la Justicia Penal Aduanera. En 1991, con la nueva Constitución y la política de apertura económica del gobierno Gaviria, esa jurisdicción desapareció del mapa y se flexibilizaron las normas y controles en los puertos y carreteras del país. Los expedientes judiciales se repartieron entre fiscales dedicados a investigar delitos contra el orden económico social, pero sin las herramientas para dar en el centro del problema. Para 1997, el Congreso promovió una reforma para fortalecer la lucha contra la evasión de impuestos y el contrabando para aumentar las penas y fortalecer a la DIAN, entre otras cosas. Esas reglas estuvieron vigentes durante 18 años y solo se endurecieron una vez más en 2015, cuando fue necesario aumentar nuevamente las penas.

Su fortuna le sirvió de poco cuando la justicia finalmente decidió ir con todo en contra de él, impulsados, además, por la petición de los Estados Unidos para enviar al narco a responder a ese país. En 2002, en una operación conjunta entre los dos países, finalmente fue atrapado Santander Lopesierra. Duró 10 meses en una cárcel nacional, hasta que en 2003 se materializó la orden de extradición. En diciembre de 2007 fue condenado a 25 años de cárcel por delitos de narcotráfico. En agosto de 2021 regresó a Colombia y se refugió en su tierra natal hasta que su nombre volvió a aparecer en la prensa, nuevamente, con intereses políticos. Uno propio, como candidato a la alcaldía de Maicao, y otro mucho más alto, relacionado con las elecciones presidenciales.

La candidatura se anunció con bombos y platillos. Sabía cómo moverse en el juego de los votos y prometió una administración pensada específicamente para su gente, de la cual estuvo apartado por casi dos décadas. Aunque estuvo cerca de conseguirlo y toda la opinión pública estaba interesada en si lograba o no conquistar ese puesto, finalmente no lo logró. Pero, su nombre no ha dejado de sonar incluso en la actualidad, pues fue uno de los mencionados en el caso que se adelanta contra de Nicolás Petro Burgos, el hijo del presidente. Todavía se adelantan las pesquisas para averiguar si a través del hijo mayor del jefe de Estado, entraron $600 millones del Hombre Marlboro a la campaña que llevó a Gustavo Petro a la Casa de Nariño.

Ómar Ambuila, extraditado funcionario de la DIAN

Sin excepción, ni antes ni ahora, detrás de las redes de contrabando siempre han existido funcionarios públicos al servicio de estos negocios criminales. El caso más sonado de los últimos tiempos es el de Ómar Ambuila, un exfuncionario de la DIAN en el Puerto de Buenaventura, que fue extraditado en 2023 a Estados Unidos por delitos de lavado de activos. Las autoridades estadounidenses lo investigaron por transferencias ilícitas de aproximadamente $1,3 millones de dólares, dinero que habría utilizado para adquirir propiedades y financiar una vida de lujos para su hija, Jenny Ambuila, quien ostentaba en redes sociales autos deportivos y accesorios de diseñador sin tener ingresos justificables. Las pesquisas de Estados Unidos revelaron el papel clave de este funcionario en millonarios negocios de contrabando en el país.

Luego de su extradición, Ambuila aceptó cargos y fue condenado. En contraste, el proceso judicial en Colombia quedó suspendido debido a su envío a Estados Unidos, a pesar de que las investigaciones habían revelado que la familia Ambuila poseía bienes por más de $1.000 millones, muy por encima del salario oficial de Ambuila. Su caso puso sobre la mesa un tema imposible de ignorar en el mundo del contrabando: su relación con el lavado de activos, especialmente los ligados al narcotráfico. Hoy en día, son actividaes interdependientes dentro de las economías criminales y son de tal magnitud que, en 2022, la DIAN reportó que, a través de esas operaciones ilegales, se han lavado activos por más de $10 billones.

Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo

En la historia de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, todo se repite en bucle. Enormes cargamentos de contrabando de textiles, zapatos, electrodomésticos, licor y cigarrillos. Funcionarios públicos a sueldo en los puertos de Cartagena (Bolívar) y Buenaventura (Valle del Cauca), y en las principales carreteras del país, que reciben salarios entre los tres y cinco millones de pesos, y celulares de alta gama. El principal destino de sus productos: los San Andresitos de El Hueco e Itagüí en Medellín; el del Centro y el Norte en Cali; el de la 17 en Barranquilla; y el de San José y los ubicados en las calles 38, 68 y 13 en Bogotá. Hoy en día se sabe que estos centros de comercio, especialmente en Bogotá y Medellín, se convirtieron en oficinas de cobro donde se han ordenado operaciones criminales de todo tipo.

Incluso, están vinculadas con redes sicariales, tráfico de estupefacientes, hurto a bancos, tráfico de divisas, cobros extorsivos y hasta secuestros y asesinatos. Aunque la Fiscalía ya tiene pruebas de cómo se movió Marín Buitrago durante 2023 y 2024, todavía hay mucha tela por cortar en su caso. Juan Ricardo Ortega López, exdirector de la DIAN y uno de los funcionarios que más ha insistido en investigar a fondo estas redes de contrabando y sus vínculos con las autoridades y la política, ha dado pistas de lo que falta por conocer. Ortega relató esta semana que supo que, mientras estuvo a la cabeza de esa entidad (2010-2014), Papá Pitufo le ofreció un soborno de 18 millones de dólares a un oficial de la Armada a cambio de su “colaboración” para que “mirara a otra parte”.

¿Cuánto contrabando entró Marín Buitrago con la ayuda de funcionarios públicos? ¿Quiénes son los altos mandos de la DIAN, de la Policía Fiscal y Aduanera que se prestaron para defraudar al Estado con los negocios de Papá Pitufo? ¿Cuánto dinero del narcotráfico lavó el zar del contrabando? Estas son algunas de las preguntas embolatadas en una investigación judicial que hasta ahora comienza. Con un ingrediente adicional: la Fiscalía tiene la tarea de esclarecer si dinero producto de estos negocios ilícitos entraron a la campaña que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia. Él y su círculo cercano lo niegan, pero tampoco sería la primera vez que la justicia tiene que esclarecer una presunta financiación ilegal de una campaña por dinero del contrabando. A la espera del regreso de Marín a Colombia, los ecos del escándalo del momento seguirán sonando, ante el avance a su propio ritmo de los expedientes judiciales.

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