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Para seguir esquivando su extradición a Colombia, Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, presentó un recurso con las razones, según él, por las que no puede regresar al país que lo espera para procesarlo por, al parecer, ser el zar del contrabando más poderoso de los últimos años.
La defensa de Marín busca tumbar la decisión que ya emitió el Tribunal Superior de Oporto, en Portugal, que avaló la extradición el pasado 5 de marzo. El recurso fue presentado ante la el Tribunal Supremo de ese país europeo y la defensa de Papá Pitufo asegura que la vida de su cliente estaría en peligro de ser extraditado en Colombia.
Tras el escándalo de la presunta financiación de Marín con $500 millones a la campaña electoral de Gustavo Petro, alias Papá Pitufo se declaró como un perseguido político ante las autoridades de Portugal y, además, señaló que, como ha colaborado con investigaciones, podría ser asesinado si regresa al país.
Lea: Tribunal de Portugal aprobó extradición de Papá Pitufo en primera instancia
De acuerdo con el recurso, publicado por El Tiempo, debido a la actividad económica de Marín en Colombia, “las autoridades colombianas, especialmente la Policía Nacional – Dirección de Policía Fiscal y Aduanera, al no participar en los esquemas creados por ellas, comenzaron a perseguirlo y pretender destruir su negocio, iniciándose en su contra desde 1993 varios procesos penales, los cuales siempre fueron archivados”.
Alias Pitufo aseguró que en esta presunta persecución política estaría participando el presidente Gustavo Petro, quien ha negado en varias ocasiones la entrada de este dinero a su campaña. En el recurso, el zar del contrabando declaró que “los medios de comunicación colombianos iniciaron rumores de que había apoyado financieramente la campaña política del actual Presidente de Colombia, quien comenzó a perseguirlo para demostrar que eso no correspondía a la verdad, y varias noticias apuntan en esa dirección”.
Marín aseguró que “con su vida y seguridad en juego, sin duda de que si es extraditado será ejecutado, especialmente porque ha estado denunciando la corrupción que existe en su país y es allí una persona ‘non grata’, por lo que la extradición y la negativa de su protección por parte del Estado portugués equivaldrá a la pena de muerte”.
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