Papeles inéditos del holocausto del Palacio de Justicia: un caso plagado de errores

A escasos días de que se cumplan 30 años del holocausto del Palacio de Justicia, y mientras el país todavía digiere la noticia sobre la aparición de tres cuerpos de los once desaparecidos –los de Cristina del Pilar Guarín, Luz Amparo Oviedo y Luz Mary Portela–, las autoridades siguen descubriendo informes reveladores sobre los yerros de una investigación que, desde el día uno, aparentemente resultó chueca. El Espectador conoció dos de esos documentos, inéditos hasta hoy, y elaborados por la Policía en noviembre de 1985, pocos días después de la toma de la máxima sede del poder judicial en Colombia por parte del M-19. Se trata de dos reportes oficiales hallados en el expediente por el crimen del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán.

En un primer informe del grupo de inteligencia de la Sijín de la Policía aparece la relación, con nombres, apellidos e incluso dirección de sus viviendas, del personal evacuado del edificio de la Corte Suprema de Justicia ese 6 de noviembre de 1986. En total figuran 140 personas. En un segundo listado aparecen los nombres de los rescatados y sus cargos, entre quienes se encontraban magistrados, funcionarios del Palacio, abogados, escoltas y particulares. Por último, y bajo el pomposo título de “Relación de los guerrilleros que participaron en la toma del Palacio de Justicia”, este documento nombra a 35 subversivos que, se suponía, se tomaron el lugar. Un listado lleno de errores que, entre otras cosas, mezcla civiles con ilegales.

Por ejemplo, muy a pesar de que quienes encabezan el listado de guerrilleros son Luis Francisco Otero, conocido como el Comandante Lucho, y Andrés Almarales o Comandante Pacho –quienes murieron ese día–, también aparecen los estudiantes de derecho de la Universidad Externado de Colombia Yolanda Santodomingo y Eduardo Matson, así como el funcionario de la Corte Suprema Orlando Quijano. Lo más absurdo es que ellos tres fueron detenidos arbitrariamente y luego torturados por agentes del Estado. De hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano en noviembre de 2014 por estos hechos, reconocidos, incluso, por los abogados de Colombia.

Yolanda Santodomingo y Eduardo Matson tenían en esa época 22 y 21 años, respectivamente, y se hallaban en el Palacio el día de la toma por efectos académicos. Según el expediente, una vez evacuados del Palacio hacia la Casa del Florero, fueron sometidos a largos interrogatorios, mientras eran golpeados y vejados. Luego fueron llevados a las instalaciones de la Dijín, “donde fueron sometidos a la prueba de la parafina en las manos”, práctica conocida como el guantelete, para verificar si habían disparado un arma. Más tarde, ese mismo 6 de noviembre de 1985, continuaron las torturas en el Batallón Charry Solano. Eduardo Matson se identificó como estudiante, mencionó a su tío, entonces gobernador de Bolívar, y dijo conocer bien al general de la Policía Miguel Maza Márquez.

El 7 de noviembre de ese año, después de casi 24 horas de martirio, fueron liberados en el sector de San Victorino, en el centro de Bogotá, y recogidos por un taxi de inteligencia militar. De nuevo les advirtieron que debían permanecer callados, que “todo había sido un error”. Al día siguiente les devolvieron sus papeles. Por su parte, Orlando Quijano tenía 31 años y, como los estudiantes, fue señalado como guerrillero, sometido a tratos crueles y liberado después. El documento de la Policía, que hoy revela este diario, tiene varias perlas más: entre ellas, que en el listado de subversivos se menciona a un hermano del senador y exmilitante del M-19 Antonio Navarro Wolff, Rafael Jaime. Ese dato también resultó erróneo.

Un segundo documento hallado recientemente y elaborado por el general José Luis Vargas Villegas, entonces comandante de la Policía de Bogotá, también contiene apuntes reveladores del expediente del holocausto. Allí se consignaron los detalles del minuto a minuto de la toma y la información que circulaba entre las autoridades de que la guerrilla se iba a tomar el Palacio de Justicia. Mejor dicho, se trata de un documento que confirma, por enésima vez, que era una toma anunciada. De acuerdo con el reporte, tras el crimen del ministro Rodrigo Lara Bonilla, en abril de 1984, la Policía entró en contacto con los magistrados de la Corte para reforzar su seguridad, sin embargo, “ellos (los magistrados) no concebían que pudieran existir mentes enfermizas que atentaran contra el más alto tribunal”.

El 16 de octubre de 1985, sin embargo, las autoridades detectaron un primer mensaje amenazante para la toma del Palacio. Dicha comunicación decía textualmente así: “Permítome comunicar informaciones procedentes (del) Comando General FF.MM sin evaluación, indican (que) M-19 pretende tomarse edificio Corte Suprema de Justicia (el) día 17-Oct-85, cuando 24 magistrados estén reunidos (y) tenerlos como rehenes y hacer fuertes exigencias al gobierno”. Al día siguiente apareció nueva información sobre la inminente toma. Otro telegrama militar aseguraba que se repetiría lo ocurrido en la toma de la embajada de República Dominicana en Colombia, en 1980, y que la guerrilla buscaba presionar al gobierno por el tratado de extradición.

Según este documento, se dispuso reforzar la seguridad del Palacio y ese mismo 17 de octubre el entonces capitán Óscar Naranjo Trujillo le expuso un estudio de seguridad al Consejo de Gobierno de la Corte Suprema, encabezado por el magistrado Alfonso Reyes Echandía. Curiosamente, muy a pesar de las advertencias, sólo se reforzó la seguridad con hombres hasta el 5 de noviembre de 1985, es decir, hasta el día anterior a la toma. En el mismo informe se consigna que el magistrado Reyes Echandía se quejó de que militares armados se movieran en la Corte. Al final del reporte, se narra lo ocurrido el día de la toma y se advierte en uno de los apartes: “Durante toda la noche continúan los enfrentamientos y la edificación es casi consumida por completo por el fuego”.

Según el abogado de las víctimas, Eduardo Carreño, estos documentos demuestran que agentes del Estado sabían de la toma. “Por eso quitaron la vigilancia y prepararon la entrada del M-19”, en una especie de operación ratonera para dar muerte a los subversivos. Carreño añadió: “Para nosotros es absolutamente grave que los estudiantes Yolanda Santodomingo y Eduardo Matson aparezcan relacionados como miembros de la guerrilla. La Policía deberá responder por qué se reseñaron así”. En contraste Juanita López, directora de Defensa Jurídica del Estado, resaltó que frente a esos casos “el Estado reconoció su responsabilidad ante la Corte Interamericana”.

Ayer se conoció justamente que la Fiscalía llamó a indagatoria a 14 militares en retiro por su presunta responsabilidad en las torturas a esos civiles que figuraron, recién terminada la retoma del Palacio, en una lista de la Policía etiquetados como guerrilleros: Yolanda Santodomingo, Eduardo Matson y Orlando Quijano. También por las torturas a otro civil, José Vicente Rubiano Galvis, quien fue detenido el 7 de noviembre en Zipaquirá, acusado de haberle ayudado con armas al M-19. Todos esos casos fueron documentados en el fallo de la Corte Interamericana. No hay duda de que desde el día uno, esta investigación ha estado llena de errores.

A escasos días de que se cumplan 30 años del holocausto del Palacio de Justicia, y mientras el país todavía digiere la noticia sobre la aparición de tres cuerpos de los once desaparecidos –los de Cristina del Pilar Guarín, Luz Amparo Oviedo y Luz Mary Portela–, las autoridades siguen descubriendo informes reveladores sobre los yerros de una investigación que, desde el día uno, aparentemente resultó chueca. El Espectador conoció dos de esos documentos, inéditos hasta hoy, y elaborados por la Policía en noviembre de 1985, pocos días después de la toma de la máxima sede del poder judicial en Colombia por parte del M-19. Se trata de dos reportes oficiales hallados en el expediente por el crimen del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán.

En un primer informe del grupo de inteligencia de la Sijín de la Policía aparece la relación, con nombres, apellidos e incluso dirección de sus viviendas, del personal evacuado del edificio de la Corte Suprema de Justicia ese 6 de noviembre de 1986. En total figuran 140 personas. En un segundo listado aparecen los nombres de los rescatados y sus cargos, entre quienes se encontraban magistrados, funcionarios del Palacio, abogados, escoltas y particulares. Por último, y bajo el pomposo título de “Relación de los guerrilleros que participaron en la toma del Palacio de Justicia”, este documento nombra a 35 subversivos que, se suponía, se tomaron el lugar. Un listado lleno de errores que, entre otras cosas, mezcla civiles con ilegales.

Por ejemplo, muy a pesar de que quienes encabezan el listado de guerrilleros son Luis Francisco Otero, conocido como el Comandante Lucho, y Andrés Almarales o Comandante Pacho –quienes murieron ese día–, también aparecen los estudiantes de derecho de la Universidad Externado de Colombia Yolanda Santodomingo y Eduardo Matson, así como el funcionario de la Corte Suprema Orlando Quijano. Lo más absurdo es que ellos tres fueron detenidos arbitrariamente y luego torturados por agentes del Estado. De hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano en noviembre de 2014 por estos hechos, reconocidos, incluso, por los abogados de Colombia.

Yolanda Santodomingo y Eduardo Matson tenían en esa época 22 y 21 años, respectivamente, y se hallaban en el Palacio el día de la toma por efectos académicos. Según el expediente, una vez evacuados del Palacio hacia la Casa del Florero, fueron sometidos a largos interrogatorios, mientras eran golpeados y vejados. Luego fueron llevados a las instalaciones de la Dijín, “donde fueron sometidos a la prueba de la parafina en las manos”, práctica conocida como el guantelete, para verificar si habían disparado un arma. Más tarde, ese mismo 6 de noviembre de 1985, continuaron las torturas en el Batallón Charry Solano. Eduardo Matson se identificó como estudiante, mencionó a su tío, entonces gobernador de Bolívar, y dijo conocer bien al general de la Policía Miguel Maza Márquez.

El 7 de noviembre de ese año, después de casi 24 horas de martirio, fueron liberados en el sector de San Victorino, en el centro de Bogotá, y recogidos por un taxi de inteligencia militar. De nuevo les advirtieron que debían permanecer callados, que “todo había sido un error”. Al día siguiente les devolvieron sus papeles. Por su parte, Orlando Quijano tenía 31 años y, como los estudiantes, fue señalado como guerrillero, sometido a tratos crueles y liberado después. El documento de la Policía, que hoy revela este diario, tiene varias perlas más: entre ellas, que en el listado de subversivos se menciona a un hermano del senador y exmilitante del M-19 Antonio Navarro Wolff, Rafael Jaime. Ese dato también resultó erróneo.

Un segundo documento hallado recientemente y elaborado por el general José Luis Vargas Villegas, entonces comandante de la Policía de Bogotá, también contiene apuntes reveladores del expediente del holocausto. Allí se consignaron los detalles del minuto a minuto de la toma y la información que circulaba entre las autoridades de que la guerrilla se iba a tomar el Palacio de Justicia. Mejor dicho, se trata de un documento que confirma, por enésima vez, que era una toma anunciada. De acuerdo con el reporte, tras el crimen del ministro Rodrigo Lara Bonilla, en abril de 1984, la Policía entró en contacto con los magistrados de la Corte para reforzar su seguridad, sin embargo, “ellos (los magistrados) no concebían que pudieran existir mentes enfermizas que atentaran contra el más alto tribunal”.

El 16 de octubre de 1985, sin embargo, las autoridades detectaron un primer mensaje amenazante para la toma del Palacio. Dicha comunicación decía textualmente así: “Permítome comunicar informaciones procedentes (del) Comando General FF.MM sin evaluación, indican (que) M-19 pretende tomarse edificio Corte Suprema de Justicia (el) día 17-Oct-85, cuando 24 magistrados estén reunidos (y) tenerlos como rehenes y hacer fuertes exigencias al gobierno”. Al día siguiente apareció nueva información sobre la inminente toma. Otro telegrama militar aseguraba que se repetiría lo ocurrido en la toma de la embajada de República Dominicana en Colombia, en 1980, y que la guerrilla buscaba presionar al gobierno por el tratado de extradición.

Según este documento, se dispuso reforzar la seguridad del Palacio y ese mismo 17 de octubre el entonces capitán Óscar Naranjo Trujillo le expuso un estudio de seguridad al Consejo de Gobierno de la Corte Suprema, encabezado por el magistrado Alfonso Reyes Echandía. Curiosamente, muy a pesar de las advertencias, sólo se reforzó la seguridad con hombres hasta el 5 de noviembre de 1985, es decir, hasta el día anterior a la toma. En el mismo informe se consigna que el magistrado Reyes Echandía se quejó de que militares armados se movieran en la Corte. Al final del reporte, se narra lo ocurrido el día de la toma y se advierte en uno de los apartes: “Durante toda la noche continúan los enfrentamientos y la edificación es casi consumida por completo por el fuego”.

Según el abogado de las víctimas, Eduardo Carreño, estos documentos demuestran que agentes del Estado sabían de la toma. “Por eso quitaron la vigilancia y prepararon la entrada del M-19”, en una especie de operación ratonera para dar muerte a los subversivos. Carreño añadió: “Para nosotros es absolutamente grave que los estudiantes Yolanda Santodomingo y Eduardo Matson aparezcan relacionados como miembros de la guerrilla. La Policía deberá responder por qué se reseñaron así”. En contraste Juanita López, directora de Defensa Jurídica del Estado, resaltó que frente a esos casos “el Estado reconoció su responsabilidad ante la Corte Interamericana”.

Ayer se conoció justamente que la Fiscalía llamó a indagatoria a 14 militares en retiro por su presunta responsabilidad en las torturas a esos civiles que figuraron, recién terminada la retoma del Palacio, en una lista de la Policía etiquetados como guerrilleros: Yolanda Santodomingo, Eduardo Matson y Orlando Quijano. También por las torturas a otro civil, José Vicente Rubiano Galvis, quien fue detenido el 7 de noviembre en Zipaquirá, acusado de haberle ayudado con armas al M-19. Todos esos casos fueron documentados en el fallo de la Corte Interamericana. No hay duda de que desde el día uno, esta investigación ha estado llena de errores.