31 Aug 2020 - 2:00 a. m.

“Para que Mancuso quede libre debe estar aquí, cooperando”: Tribunal de Barranquilla

El Espectador habló con Carlos Pérez, presidente de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, la cual emitió dos órdenes de captura contra Salvatore Mancuso. Pérez descarta acudir a la Corte Penal Internacional y dice que casi todos los desmovilizados están amenazados, por lo que “no hay excusa” para que Mancuso no regrese.
Felipe Morales Sierra

Felipe Morales Sierra

Periodista. Intereses: justicia y derechos humanos.

El gobierno de Estados Unidos dio luz verde para que el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso sea deportado a Colombia, donde aún tiene pendiente responder por varios crímenes en el sistema de Justicia y Paz. Mancuso esperaba una deportación a Italia, de donde es ciudadano, y, al parecer, quedarse en Estados Unidos también es una opción para él y su familia. Su defensa podrá apelar la decisión y, según fuentes cercanas al exjefe “para”, Italia todavía no está del todo descartado. El Espectador habló con el magistrado Carlos Pérez, presidente de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, en donde el exjefe paramilitar tiene dos procesos abiertos por 54 mil hechos violentos confesados.

El Tribunal de Barranquilla ha emitido dos órdenes de captura contra Mancuso, ¿por qué eso no ha sido suficiente para que se asegure su extradición?

Creemos que puede haber alguna confusión, porque se trata de una medida de aseguramiento, que normalmente es una medida cautelar. Lo que pasa es que estamos en un sistema especial y esta es la primera vez en la historia que se solicita una extradición en un sistema de justicia transicional, como pasa con la Ley de Justicia y Paz, entonces el horizonte es diferente. La interpretación tiene que hacerse en clave de derecho internacional humanitario y en clave de justicia transicional.

El Tribunal de Bogotá hace una interpretación de la justicia transicional en su solicitud de extradición y dice: Mancuso se sometió a un proceso de paz, entregó las armas y se comprometió con la verdad. ¿Eso está presente en las órdenes de captura que emitió el Tribunal de Barranquilla?

Por supuesto. Se trata de macrocrímenes, hablamos de miles y miles de crímenes. Nosotros cuantificamos alrededor de 54 mil hechos que han sido confesados por Mancuso. Esto es tan grande, que es imposible que salga en una sola decisión. Se han dictado decisiones parciales. El Tribunal de Bogotá ha dictado dos sentencias hasta este momento, en 2014. Y esas dos sentencias se refieren a 1.500 crímenes, imagínese esa cifra frente a 54 mil. Estamos hablando apenas de un 2,9 %. Vamos paso a paso. Hay que esperar a que se termine ese trámite. Este trámite de Barranquilla es totalmente independiente a los que ya decidió la Sala de Justicia y Paz de Bogotá.

Una jueza de Ejecución de Penas dijo que Mancuso ya estuvo más de ocho años preso en EE. UU., que entonces ya podía quedar en libertad. ¿Qué pasó ahí?

Justicia y Paz tiene tres tribunales de conocimiento: Medellín, Bogotá y Barranquilla. Solamente Bogotá ha dictado sentencias contra Mancuso. Nosotros tenemos un solo juzgado para las tres salas del país. Ese juzgado toma decisiones en primera instancia. En ese caso estaba vigilando las dos sentencias del Tribunal de Bogotá cuando tomó la decisión de concederle la libertad a Mancuso y la Fiscalía apeló, esa decisión no estaba en firme. Y lo que pasó fue que, en segunda instancia, hubo una interpretación completamente diferente, se revocó la decisión y se reactivó la orden de captura internacional. Esto no tiene nada que ver esa decisión del Juzgado de Ejecución de Sentencias y la decisión revocatoria del Tribunal de Bogotá con las dos decisiones nuestras en el Tribunal de Barranquilla, son hechos diferentes, procesos diferentes y, además, ejecutoriados. Es decir, sin decisiones ni apelaciones pendientes.

¿Por qué insisten tanto en que Mancuso venga a Colombia? ¿No podría colaborar desde Italia?

Ese tema no es de criterio judicial, es de literalidad de la Ley de Justicia y Paz. La Ley 975 de 2005 establece que quien espera beneficiarse de ella, primero tiene que contribuir a la verdad. Uno pensaría que eso se puede hacer desde cualquier parte del mundo. Sí, pero hay otro problema. La misma ley dice, entre las condiciones para estar en libertad, que la persona no puede salir del país. Entonces, es un contrasentido pensar que desde el exterior podría apoyar. Tienen que haber unas condiciones de resocialización, que establecen unos parámetros de trabajo, de estudio y de encuentro entre victimarios y víctimas. Eso no se puede manejar a larga distancia. Esto podría acarrearle la pérdida de los beneficios de Justicia y Paz.

El comisionado de Paz mencionó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que juzga a Estados. ¿Ustedes se sienten respaldados por el sistema internacional o cómo ven esas declaraciones?

Con mucho respeto tengo que decir que los argumentos del Gobierno no son afortunados. Como abogado, digo: ya se ha definido ampliamente que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no juzga personas, solamente juzga Estados y a los Estados que forman parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos. No hay posibilidad alguna de un juicio ante ese Tribunal. El segundo planteamiento es el que hizo el presidente Iván Duque, advirtió que él mismo le solicitaría a la Corte Penal Internacional que actuara. Creemos que no es afortunado, pues la Corte Penal Internacional tiene una competencia complementaria: solamente actúa cuando un Estado se niega a investigar y a juzgar un crimen o cuando un Estado no pueda investigar un crimen. El Estado colombiano sí ha sido capaz de investigar esos crímenes. ¿Y qué pasaría en el escenario de que Mancuso dejara de cumplir sus obligaciones con Justicia y Paz? Sencillo: se reactiva la pena principal de 40 años por los delitos que ya tienen condena, pero nosotros hemos actuado y actuaremos.

Las víctimas acudieron al sistema interamericano y pidieron ordenar a Colombia hacer todo lo posible para extraditar a Mancuso, ¿usted cree que sí hay un futuro por esa vía?

Es posible. Como el liderazgo está en el Gobierno Nacional, la Corte Interamericana podría obligar al Gobierno a actuar. Pero lo que pasa es que esto depende de la velocidad de relaciones entre los Estados. Lo único que podemos hacer es pedir que se redoblen los esfuerzos, sentimos que nos han rechazado nada y, por el contrario, nos han pedido insumos.

En un acta de 2019, la Sala de Justicia y Paz de Barranquilla dijo que Mancuso llevaba más de ocho años detenido y que, por ende, no tenía que cumplir más pena, ¿eso cómo se explica?

El interrogante de fondo sería: ¿el tiempo que lleva Mancuso en los Estados Unidos, desde 2008 a 2020, se le puede sumar como detención en Colombia? Nosotros le dimos la razón a la defensa, porque el crimen de narcotráfico tiene relación con el conflicto armado. Él tiene derecho a que se le reconozca el tiempo de EE.UU. Pero para poder disfrutar de la libertad tiene que estar en Colombia, tiene que estar cooperando.

¿Y ustedes no encuentran razón en los argumentos que la defensa de Mancuso ha dado en EE.UU. para no volver a Colombia, como el hecho de que podría correr riesgos?

Muchos, por no decir la mayoría de los que se desmovilizaron y que participan en Justicia y Paz están amenazados. Pero el Estado establece herramientas para protegerlas. Por supuesto que hay riesgo, como lo corren los periodistas, los jefes de Estado, los jueces y fiscales de Justicia y Paz. Pero eso no es excusa. Parece que se nos olvidó que a las personas las partían con motosierras, que jugaban fútbol con sus cabezas. No es un proceso vengativo, es un proceso que pretende que victimarios y víctimas puedan unir esfuerzos para la cicatrización de estas terribles heridas.

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