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"Paramilitares deben reparar a las víctimas de Mampuján": Consejo de Estado

Se señala que el Estado no es responsable de esta masacre perpetrada en 2000 en la que murieron 13 personas.

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El Espectador
29 de mayo de 2012 - 01:18 p. m.
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De acuerdo a un concepto emitido por la Sala de Consulta del Consejo de Estado son los grupos paramilitares quienes deberán reparar a las víctimas de la masacre de Mampuján, registrada en marzo de 2000 y en la que fueron asesinados 13 campesinos.

Según la decisión emitida por el alto tribunal, el Estado no puede pagar por su responsabilidad en esta matanza puesto que de acuerdo con las sentencias emitidas por pate de la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Superior de Bogotá, en ningún momento se responsabiliza al Estado.

En este sentido, se señala que los órganos estatales como el Fondo de Reparación de Víctimas, creado por la Ley de Justicia y Paz, no puede enviar recursos a la reparación de las víctimas de dicha masacre puesto que se ha hecho un claro y minuciosos estudio de acuerdo con el cual los responsables de la masacre fueron integrantes del Bloque Héroes de María que operaba en el departamento del Bolívar.

El Alto Tribunal determinó que en el caso de las víctimas de Mampuján, los recursos o bienes entregados por los postulados en Justicia y Paz y los respectivos bloques de los cuales hacían parte solo pueden usarse para reparar a las víctimas de ese bloque específico, “porque debe respetarse el nexo causal entre la conducta causante del daño y la víctima afectada”.

Emitido en respuesta a una solicitud presentada por el director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, será esta entidad quien determine si lo acoge o rechaza, con el fin de hacer efectivas multas cercanas a los 385 mil dólares para indemnizar a las familias de las víctimas.

Por esta masacre ya fueron condenados a 8 años de prisión los excomandantes paramiltiares Edward Cobos, alias ‘Diego Vecino', y Uber Bánquez, alias‘Juancho Dique’, quienes fueron hallados culpables de los delitos de desplazamiento forzado, homicidio agravado, secuestro simple, hurto calificado y agravado, utilización ilegal de uniformes de la fuerza pública y fabricación y porte ilegal de armas. 

Por El Espectador

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