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El señor José Medardo Leal, un adulto mayor de origen humilde y vecino del municipio de Anapoima, en Cundinamarca, por poco se queda sin finca por culpa de la malicia del abogado José Ricardo Arismendy Rincón. Un profesional que acaba de ser sancionado por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y no podrá ejercer el Derecho durante dos años y medio por la gravedad de su conducta.
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Según una reciente decisión del órgano que investiga y juzga discilpinariamente a los abogados, el defensor Airsmendy Rincón resultó siendo todo lo contrario a lo que se esperaba de él y, de no ser por las autoridades notariales del municipio de El Colegio, le hubiese robado la tierrita a un par de ancianos.
Las víctimas de esta historia son una pareja de la tercera edad quienes recibieron en herencia una finca en Anapoima y, al cumplir la voluntad de su ser querido, iniciaron un proceso de levantamiento topográfico y subdivisión material del inmueble, en 2019. Para ello, buscaron los servicios del defensor Arismendy Rincón.
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Sin embargo, “aprovechándose de la edad y la escasa educación académica de estas personas, quiso engañarlos y quitarles lo que les pertenecía. De acuerdo con el expediente, el jurista les hizo creer que estaban firmando los documentos necesarios para realizar la gestión que le habían encomendado, cuando en realidad se trataba de un contrato de compraventa de la propiedad”, señaló la Comisión.
Para robar a la pareja de ancianos, Arismendy Rincón fue hasta la Notaría Única de El Colegio, donde suscribió un contrato falsado en el que el señor José Medardo Leal figuraba como vendedor. Entre los compradores aparecía el suspendido jurista y un ciudadano de nombre Carlos Humberto Carranza, con cédula expedida en Zipaquirá.
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La pareja víctima en esta historia conoció los hechos, pues funcionarios de la Notaría de El Colegio les alertaron de la operación irregular. La mentira se cayó cuando, a esa oficina, asistió una pareja que no coincidía con los supuestos vendedores y que estaban acompañados del abogado Arismendy Rincón.
“En ese orden de ideas, la Máxima Autoridad Disciplinaria de la Rama Judicial, en fallo con ponencia de su vicepresidente, magistrado Mauricio Rodríguez Tamayo, confirmó la sanción impuesta por la primera instancia y envió un mensaje contundente a los abogados para que se abstengan de engañar a sus clientes con el fin de favorecer intereses personales”, concluyó la Comisión en un comunicado.
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