Paro minero: entre la estigmatización, la violencia y la urgencia del diálogo

Un peaje en llamas. La carrocería de una ambulancia tiznada. Un grupo de habitantes de Caucasia denunciando que no tienen comida. Las imágenes más recientes en el marco del paro minero han sido una secuencia evidente de la grave situación de derechos humanos en el Bajo Cauca y Nordeste antioqueño y el sur de Córdoba. Tanto organizaciones sociales como líderes de la comunidad han manifestado su descontento con las declaraciones del Gobierno Nacional donde relacionan a la comunidad que se manifiesta con grupos ilegales, así como la presunta instrumentalización de la protesta por parte del Clan del Golfo.

Hablamos con dos defensores de derechos humanos e investigadores sociales, integrantes de la Fundación Sumapaz y Corporación Jurídica Libertad, quienes han estado al tanto de la situación, recibiendo y apoyando las denuncias de la comunidad que desde el pasado 2 de marzo se manifiesta en este territorio. Aunque la movilización estaba anunciada desde febrero, en los primeros días de marzo, la Fuerza Pública detonó nueve dragas utilizadas para la explotación minera, principalmente de oro. Fue así, con el retorno de operativos policiales contra esta actividad, que mineros de Antioquia y Córdoba se declararon en paro.

“Lo del Bajo Cauca no es nuevo”

La presencia de los actores armados como el Clan del Golfo se ha profundizado en los años posteriores al Acuerdo de Paz. Según cuentan los dos expertos, de quienes reservamos sus nombres por su seguridad. “Digamos que lo del Bajo Cauca no es nuevo en términos de: tensión, empobrecimiento del territorio, el conflicto político social y armado, y las presiones económicas ilegales. En el Bajo Cauca hay unas conflictividades sociales que hay que comprender en raíz del desarrollo de la minería”. Con lo anterior se refiere a la disputa por el territorio para las actividades económicas en la región.

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“Evidentemente es una zona donde la disputa por el control económico por el oro ha marcado el fenómeno de la violencia territorial. En los últimos años, el grupo paramilitar de las Agc (o Clan del Golfo) ha consolidado un poder total de amplias zonas urbanas y rurales, con las cuales ha sometido a gran parte de la población, incluso personas que tienen que ver con la cadena productiva del oro. Es decir, los distorsionan, los presionan, los surten o, incluso, en algún momento les quitan las minas para usufructuarse del recurso del oro como tal”, dice la otra fuente consultada.

Ya en 2022, gracias a un paro minero, la comunidad que sobrevive de cuenta de esta actividad había firmado unos acuerdos de los que ahora afirman que el Gobierno les ha incumplido. En el documento se comprometían, entre otras cosas, a suspender operativos contra mini dragas y pequeños motores hasta que se creara un protocolo que permita una identificación y caracterización de tecnología para usar en la extracción de oro. No obstante, la detonación de varias dragas llevó a las protestas y se sumaron declaraciones del Gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, quien relaciono las protestas con el Clan del Golfo.

“Desde que el Gobierno Nacional inicia una campaña territorial y de cuidado del medio ambiente, identifica que hay ciertos elementos que están generando un daño ambiental desproporcional en el territorio porque es de muy alto impacto a través del uso de maquinaria pesada, el uso de dragas que es gigante y que deteriora completamente el medio ambiente, y que son calificadas como externas a la cultura de la minería ancestral y tradicional, es decir, que realmente no hacen parte de esa cultura tradicional minera de estas zonas. Entonces el Gobierno lo que inicia es una persecución sobre este tipo de formas de explotación del oro. Y a partir de ahí se inicia la protesta”, como narra uno de los expertos.

“Estigmatizar a los mineros pone en riesgo sus vidas”

“No es un paro minero; es orquestado por el Clan del Golfo”, fue una de las frases que Aníbal Gaviria, el gobernador de Antioquia, dijo respecto al paro minero cuando apenas iniciaban las movilizaciones. No fue el único mandatario en relacionar a las actividades mineras con esta organización ilegal. El domingo pasado, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, informó que fueron destruidas otras cuatro dragas en el nordeste de Antioquia que “alimentaban las finanzas del Clan del Golfo”. Esa acción fue respaldada por el presidente Gustavo Petro, quien agregó que la destrucción la vienen “haciendo desde hace meses e intensificáremos las operaciones contra este tipo de actividad que está depredando el territorio nacional”.

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Sobre esto, la Corporación Jurídica Libertad, la Corporación de Derechos Humanos Jesús Mará Valle, el nodo Antioquia de la Corporación Colombia Europa Estados Unidos, el Proceso Social de Garantías y la Mesa Humanitaria y de Paz de Antioquia, dicen que estas afirmaciones han configurado un estigma sobre la población de la zona. “Este tipo de señalamientos afectan a quienes están protestando de manera libre y voluntaria, los cuales son mineros que, están dedicados a la actividad no formalizada, por la necesidad de subsistir y porque no han obtenido una respuesta integral del Estado”, dijeron las organizaciones mediante un comunicado.

“El Gobernador de Antioquia fue el primero en hacer un señalamiento a las protestas. Las autoridades nacionales locales y departamentales saben y son conocedoras de la situación del Bajo Cauca. Yo creo que atreverse a hacer una generalización de la protesta y decir que, entonces, en ese paro no existe en virtud de una estigmatización que se hace conociendo que las comunidades no es la primera vez que se movilizan, sino que se han organizado por varios, pero periodos de la protesta social para reivindicar sus derechos y hacer sus exigencias es absolutamente desconocedor de la situación del territorio”, explica uno de los defensores.

“No se puede estigmatizar a la población. Se debe comprender la complejidad de lo que está pasando hoy en el Bajo Cauca. Hemos tenido conocimiento de que hay personas que han sido obligadas a salir al paro, por eso decimos que hay pretensión de las Agc en instrumentalizar las luchas sociales, y que ahora digan que no, es una forma de no reconocimiento de su responsabilidad de constreñir a la población en los términos de protesta. De fondo puede haber muchos elementos, como fortalecer su poder político y económico en el territorio, sino también porque ellos están con miras de la ley de paz total”, añade el investigador.

(Lea: Paro minero: Gobierno ordenó a la Fuerza Pública desbloquear vías de Antioquia)

A lo anterior, el Clan del Golfo manifestó que no tiene ninguna relación con las recientes protestas, mediante un comunicado emitido el 13 de febrero. El grupo armado ilegal dice que no son ellos quienes han promovido los bloqueos y las acciones violentas, como la quema de las ambulancias, la destrucción de vehículos de carga y la quema de un peaje, y criticaron las acusaciones de las autoridades. “De manera facilista, se recurre por parte de las autoridades del Estado a acusarnos falsamente de ser los responsables de tantos desafueros, sin que haya una investigación independiente que así lo establezca”, expresan.

Por el contrario, uno de los líderes consultados dice que esto demuestra una contradicción con la información que han recopilado desde las organizaciones defensoras de derechos humanos. “Hemos recibido denuncias de varios líderes y de varias personas de las comunidades en las que integrantes del grupo armado están obligando a las personas a que salgan a manifestarse, que salgan a las calles. Incluso desde zonas rurales muy grandes los están obligando a salir”, y añade que, “debe ser motivo de investigación de las autoridades si esto está ocurriendo de esa manera”.

“Una grave violación a los derechos humanos”

Para el Gobierno, la destrucción de las dragas implica quitarle un generador de recursos a organizaciones armadas, mientras que, para los mineros, implica el cierre definitivo de sus lugares de trabajo, su forma de subsistencia. Durante el pasado viernes 10 de marzo se dio un diálogo en Medellín, gracias a la exigencia de la población, entre los ministros de Defensa, del Interior y de Medio Ambiente con los voceros del paro minero que terminó sin acuerdos. Al finalizar el encuentro, el Gobierno Nacional anunció que la Fuerza Pública iniciaría el despeje de las vías bloqueadas, a lo que se sumó la declaración de un toque de queda durante la noche del viernes en 12 municipios de Antioquia.

Posterior a estas medidas, la situación en Tarazá ha sido una de las más agudas: solamente durante el reciente fin de semana, un peaje fue quemado por un grupo de encapuchados. La comunidad se encuentra sin servicios de agua ni de gas. Según informó el presidente Petro, el Clan del Golfo estaría relacionado con estos hechos. “Tarazá tiene unas particularidades geográficas importantes y prácticamente en un centro geoestratégico que mueve no solamente la economía, sino gran parte de la cotidianidad de los habitantes”, explica uno de los investigadores consultados.

Asimismo, los gerentes de seis hospitales públicos de la zona, también se manifestaron exigiendo respeto a la misión médica, debido a la quema de dos ambulancias y el impedimento del paso de oxígeno y medicamentos. “Posiblemente, estas personas están buscando los sitios donde puedan generar más presiones al Gobierno Nacional y tratar de defender sus intereses. Por eso es esta zona donde se concentran las acciones. Sin embargo, no solamente ha sido Tarazá, Cáceres y Caucasia. En el sur de Córdoba también se han realizado acciones muy complejas como la quema de vehículos”, analiza uno de los defensores.

Por lo tanto, esta protesta está generando un impacto económico y una crisis compleja en los territorios del Nordeste y el Bajo Cauca: hay desabastecimiento de alimentos y de otro tipo de productos que se requieren para la vida cotidiana. Incluso, “hemos recibido llamadas de algunas comunidades donde dicen y aseguran que hay un desabastecimiento de medicinas vitales, para la hipertensión, para la diabetes, y sobre todo para adultos mayores que la requieren; y oxígeno para las personas que tienen problemas de respiración. Además, al quemar las ambulancias que consideramos un grave ataque a la misión médica una grave violación a los derechos humanos”, expone un líder de la zona.

Urge el diálogo

Tras varios intentos, sin llegar a ningún acuerdo concreto para llegar a un acuerdo concreto entre el Gobierno y los mineros, los dos defensores consultados insisten en abrir y mantener un espacio de conversación: “En los espacios de diálogo se tienen que buscar las mejores soluciones para que las comunidades no sigan siendo las más afectadas, por consiguiente, es el único llamado y a que, en medio del diálogo, se logre superar todo este tipo de situaciones. Entonces eso será lo único que solucione esta problemática”. Además, dice que el Estado tiene el reto de retomar el control territorial en la zona que en su mayoría es controlada por el Clan.

Es así como los líderes insisten en la necesidad de dialogar y detener las acciones violentas: “Hemos reiterado en la necesidad de que se hable con las partes que están en el campo de la protesta social, que se prime el diálogo y la contestación sobre la fuerza y las acciones violentas. Una de las cosas que nos han dejado los paros, es que es necesario el diálogo. Cuando se dan este tipo de acciones violentas, que no son solamente de las manifestantes, sino que también hay un uso excesivo de la Fuerza Pública; es necesario que, de manera urgente y necesaria, se privilegien las acciones humanas y abastecimiento, no sólo de alimentos sino de los servicios básicos fundamentales”.

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