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24 May 2021 - 9:23 p. m.

Paro Nacional: Jueces y fiscales suspenderán funciones 25 y 26 de mayo

Ocho sindicatos de jueces y fiscales anunciaron que los próximos 25 y 26 de mayo suspenderán funciones, dada la “respuesta inadecuada que la institucionalidad le ha dado a las demandas de la población” en el Paro Nacional. También rechazaron la reforma a la justicia que está en estudio en el Congreso.
Ya va a cumplirse un mes de manifestaciones en contra del Gobierno Nacional, no solo por las reformas como la tributaria y a la salud, sino por los problemas estructurales de pobreza, desigualdad, falta de oportunidades por las y los jóvenes y el incumplimiento del Acuerdo de Paz.
Ya va a cumplirse un mes de manifestaciones en contra del Gobierno Nacional, no solo por las reformas como la tributaria y a la salud, sino por los problemas estructurales de pobreza, desigualdad, falta de oportunidades por las y los jóvenes y el incumplimiento del Acuerdo de Paz.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Jueces y fiscales adscritos a ocho sindicatos a nivel nacional se van a paro los próximos 25 y 26 de mayo. Así lo dio a conocer Fredy Machado López, representante de Asonal Judicial, quien en un comunicado conjunto aseguró que rechazan las respuestas del Gobierno en medio del Paro Nacional. Según los denunciantes, el Estado no ha concertado diálogos a favor de la población y, además, militarizó la protesta, lo cual tendría como consecuencia asesinatos, detenciones, lesiones y desapariciones forzadas.

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“Anunciamos que durante los días 25 y 26 de mayo se suspenderá el servicio de administración de justicia y, por tanto, no se realizarán audiencias públicas, no correrán términos judiciales y no se realizará ningún tipo de actuación procesal, pues en todo el país participaremos en las actividades programadas en nuestras sedes judiciales (foros, conferencias y cultura) y desconectaremos el servicio virtual”, explicaron Asonal Judicial, Sintrafiscalía, Asonal Judicial S.I, Unisercti, Asojudiciales, Atraes DGN, Cormajuris y Sintrafisgeneral.

Lo primero que pusieron de presente los sindicatos es que, en su concepto, las políticas del gobierno de Iván Duque han agravado la crisis social y económica del país. Y, a pesar del descontento social, manifestado durante las últimas tres semanas y media, desde el Ejecutivo se ha decidido militarizar las calles, con una supuesta actitud complaciente de la Defensoría y la Procuraduría, dicen los sindicatos. Inclusive, señalan que las altas cortes –JEP, Consejo de Estado, Corte Constitucional, Consejo Superior de la Judicatura y Corte Suprema- habrían reaccionado con “deshonrosa sumisión”.

Los sindicatos de jueces y fiscales aseguraron, además, que su función en la sociedad es la de garantizar los derechos, libertades y garantías de las personas y servir de contención a la “arbitrariedad y el abuso de poder”. Las agrupaciones hicieron un llamado a las autoridades policiales para que acaten la inédita sentencia del 22 de septiembre de 2020 de la Corte Suprema, con la cual se encontró que el Esmad no es capaz de custodiar las manifestaciones sin vulnerar los derechos y libertades de la ciudadanía.

Esa sentencia de la Corte Suprema se estaría inaplicando de tal manera, en el marco del Paro Nacional, que el pasado 20 de mayo el Tribunal Superior de Bogotá abrió un incidente de desacato contra la Policía, Ministerio de Defensa y la Alcaldía de Bogotá, donde en videos y denuncias públicas ha quedado registrada la extralimitación de funciones por parte de las autoridades. El tribunal remitió el mismo trámite contra el presidente Iván Duque, proceso que deberá desarrollarse en la Cámara de Representantes.

Lo último que se sabe, en cuanto a las altas cortes en el contexto de paro, fue la reunión que tuvieron sus cabezas con el presidente Iván Duque el pasado 6 de mayo, cuando el Paro Nacional contra la fallida reforma tributaria llevaba a penas una semana. En un comunicado conjunto ese día, el magistrado Antonio José Lizarazo, presidente de la Corte Constitucional, aseguró que la justicia colaborará con el Ejecutivo, teniendo en cuenta el principio de separación de poderes.

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“Condenamos y rechazamos los actos criminales de violencia, de terrorismo, de vandalismo y de vías de hecho que afectan directamente el derecho fundamental a la protesta, a la expresión libre en el marco de la Constitución Política y al funcionamiento general de la sociedad. En el marco del respeto de todos los ciudadanos, respaldamos el diálogo nacional como forma correcta de dirimir las controversias y desescalar la violencia”, explicó Lizarazo, en nombre de las altas cortes.

Sin embargo, las declaraciones de Lizarazo significaron toda una controversia para los magistrados Diana Fajardo y Jorge Enrique Ibáñez, también de la Corte Constitucional, pues días atrás los mismos presidentes de las altas cortes se habían solidarizado con las familias de las víctimas de la población civil y de la fuerza pública que han resultado lesionados en el Paro Nacional. “(…) también ha debido condenarse y rechazarse (en la declaración de Lizarazo) el uso excesivo de la fuerza, el desvío del poder y el abuso de la autoridad que también afectan el orden jurídico de los derechos humanos”, explicaron los togados.

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“Una sociedad sin jueces independientes y cercanos a los ciudadanos sería inviable y la eliminación de los pesos y contrapesos degeneraría en una indeseable tiranía, por lo que la concertación civilizada de las demandas ciudadanas se impone como mecanismo de solución al desgobierno y a la violencia generalizada, de suerte que exhortamos, de un lado, a las autoridades civiles, policiales y militares a observar los tratados internacionales sobre la protección y promoción de los derechos humanos”, referenciaron los sindicatos en su comunicado.

Por último, las agremiaciones criticaron la reforma a la justicia que se viene tramitando en el Congreso y que ya fue aprobada en segundo debate por la Cámara de Representantes. Con la reforma a la justicia, además, se pretenden reglamentar los cargos de la Rama Justicia a través de convocatorias y concurso públicos, incluyendo los puestos de los magistrados de las altas cortes. Sin embargo, para los sindicatos se debilitaría “el precario sistema de carrera judicial”, dado que mantendría la clasificación de más de 4.000 cargos como empleos de libre nombramiento y remoción, incluso para magistrados de tribunales.

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