Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia acaba de dar a conocer su concepto sobre el proyecto del Ministerio de Justicia para el sometimiento de integrantes de grupos armados en el marco de la llamada paz total, propuesta por el gobierno de Gustavo Petro. En su documento, el alto tribunal manifiesta que a las medidas contempladas en el proyecto del ministro Eduardo Montealegre “les falta discusión y deliberación”. Por eso, emitió voto desfavorable.
En contexto: Montealegre dice que su proyecto de paz total existe, pero no se ha filtrado
La presidenta de la Sala de Casación Penal de la Corte, la magistrada Myriam Ávila Roldán, asistió a la sesión del Consejo Superior de Política Criminal en el que el ministro Montealegre presentó el proyecto para un trato diferenciado a integrantes de grupos criminales que busquen dejar las armas. En la sesión se discutió el borrador de proyecto de ley “Por medio de la cual se establece tratamiento penal diferenciado para integrantes de grupos armados y reglas de colaboración eficaz para el sometimiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, financiadores, colaboradores y otros, para la consolidación de la paz”.
La magistrada Roldán emitió voto desfavorable frente a la viabilidad de la iniciativa, asegurando que “el contenido de la propuesta no ha tenido aún una suficiente discusión y deliberación”. Además, expuso que “se trata de un tema muy delicado para el país que necesita mayores consensos y un análisis más reposado dado los impactos que puede tener en términos de política criminal”.
Podría interesarle: Tutelas contra el presidente: así está la tensión entre Consejo de Estado y gobierno
Tras hacer la revisión del articulado propuesto por Montealegre, la magistrada Roldán encontró que “no se advierte una justificación debidamente sustentada de los desafíos operacionales y el impacto fiscal de la propuesta”. La Corte aseguró que en la propuesta “se asignan responsabilidades significativas a la rama judicial penal ordinaria (Fiscalía y jueces penales del país), el articulado no es suficientemente claro en relación con los recursos y la metodología de implementación para atender las necesidades que acarrea la propuesta”.
Asimismo, el alto tribunal expuso que en el proyecto no se evidencia que el gobierno haya tenido diálogos previos o acercamientos “con la judicatura para discutir las posibilidades materiales y los retos administrativos que surgirían de implementarse el articulado”. Aunque la Corte reconoce que “si bien existe un marco legal establecido en la Ley 2272 de 2022 que definió los lineamientos generales de la política de Paz Total como una política de Estado, se necesita mayor justificación respecto de la insuficiencia de los modelos normativos existentes para satisfacer los fines que persigue esta propuesta y explicar por qué la normatividad existente no resulta idónea o eficaz para la búsqueda de la paz en las condiciones propuestas en el borrador de proyecto de ley”.
Le recomendamos: Consejo de Estado sin poder sobre tutelas de Petro: esto dicen expertos sobre decreto
En palabras del alto tribunal, se ve “la inconveniencia de combinar, en una iniciativa que construye un modelo de justicia transicional, asuntos propios de la justicia ordinaria, y adicionalmente, temas de seguridad ciudadana como el procesamiento de personas judicializadas por conductas cometidas en el marco de disturbios públicos o en el ejercicio del derecho a la protesta social”.
Montealegre había anunciado que a pesar de filtraciones de apartados del proyecto, dicha información era falsa y que el verdadero articulado sería dado a conocer en la mañana de este viernes 18 de julio al Consejo de Política Criminal. Este órgano independiente está integrado por la fiscal general, el ministro de Educación, el director de la Policía, el procurador, la presidenta de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, los directores del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y la Unidad Nacional de Servicios Penitenciarios, parlamentarios del Congreso, entre otros altos funcionarios.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
