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17 Sep 2020 - 11:06 a. m.

“Penalizar el aborto es ineficaz y no lo reduce”: abogada de Women’s Link

Mariana Ardila es una de las mujeres detrás de la nueva demanda contra la penalización del aborto. Explica punto a punto por qué ella y el colectivo Causa Justa creen que la Corte Constitucional estudiará sus argumentos.
Demanda contra el aborto - Causa Justa
Demanda contra el aborto - Causa Justa
Foto: Causa Justa

Hace unos meses la Corte Constitucional se abstuvo de pronunciarse sobre el tema del aborto. ¿Qué las lleva a pensar que sí habrá pronunciamiento esta vez?

La Corte se abstuvo porque la demanda que se presentó no cumplía los requisitos. Y, además, agrego, en el fondo la Corte se abstuvo porque esa demanda buscaba eliminar un mínimo de derecho al aborto -las tres causales-, y eso violaría la Constitución y los tratados internacionales. Nuestra demanda, que por el contrario busca que se cumpla para todas ese mínimo, tiene argumentos y evidencias frescas y suficientes para que la Corte al menos nos abra la puerta y dé un debate de fondo. Es una demanda que además no busca debilitar la cosa juzgada, como sí lo hacía la demanda anterior. (Los argumentos de la nueva demanda contra la penalización del aborto)

¿Qué las motiva a presentar esta nueva demanda?

Hace 14 años la Corte nos reconoció el derecho al aborto en las tres causales, lo que ha evitado muchas muertes y complicaciones graves, porque muchas mujeres pudieron acceder a un servicio seguro. Pero esta no ha sido la realidad para todas, y esta desigualdad es insostenible. Las mujeres pobres, las que viven lejos de las capitales, en zonas de conflicto o las migrantes en la realidad no están accediendo a ese mínimo. ¿Por qué? Porque hay barreras estructurales, y la evidencia que presentamos en la demanda demuestra que el estigma que produce el tener el aborto como delito es una pieza central de esas barreras. La tasa de complicaciones por aborto inseguro de mujeres rurales es del 53 %, la más alta. Esto significa que estas mujeres siguen recurriendo a abortos inseguros.

Otra cosa que nos motiva es que los datos recientes indican que desde 2006 no se han disminuido los casos de aborto que decide abrir la Fiscalía, cuando uno esperaría que el entrar en vigencia las tres causales, pues los casos fueran menos. Es más, las denuncias se han aumentado. Ahora, si bien hay personas sancionadas por el delito, casi la mitad de estas investigaciones se archivan porque se encuentra que no hay delito (atipicidad), pero para este momento ya se estigmatizó a la mujer, al personal de salud y se perdió valioso tiempo y recursos. (Embarazos no deseados aumentan en países con leyes restrictivas sobre aborto: The Lancet)

Si no eliminamos el delito, y atendemos con otras políticas sanitarias o sociales el embarazo no deseado, todo esto va a seguir ocurriendo. En últimas, lo que nos motiva a presentar la demanda es que lo que se nos reconoció en 2006 se cumpla para todas.

El estigma que usted menciona es un asunto central en su demanda. Para las mujeres, ¿cómo se traduce ese estigma en su vida diaria?

Lo voy a mostrar con un ejemplo. Conocimos recientemente que nuestra organización aliada en Cúcuta, Corporación Mujer Denuncia y Muévete, acompañó el caso de Ruth (nombre ficticio), una adolescente de 17 años, migrante venezolana, que llegó a Colombia embarazada fruto de la violación de tres hombres mientras cruzaba una trocha. Ya venía siendo víctima de violencia sexual por su padre desde niña. Pide en Villa del Rosario un aborto, pero allí no se podía y entonces la remitieron a Medellín, donde el personal de salud la dejó sola durante todo el proceso hasta que expulsó el feto, se lo pusieron en el pecho y le dijeron asesina. Prácticamente huyó del hospital después del maltrato sin recibir el apoyo psicológico que claramente necesitaba. Podría contar muchas más historias similares. Las dejan días sin comida, no les aplican anestesia. Incluso Women’s Link está representando judicialmente a una mujer joven en el noroccidente del país a la que internaron en un psiquiátrico, la sedaron y amarraron hasta que desistiera del aborto, a pesar de que estaba en una causal.

En el documento hablan de que el hecho de que el aborto sea derecho y delito a la vez crea un enorme perjuicio. ¿A qué se refieren?

Nos referimos a que el hecho de que el aborto sea delito obstaculiza o crea un ambiente que torpedea que se cumpla para todas el derecho al aborto en las tres causales (admitidas por la Corte Constitucional). Por ejemplo, la evidencia que presentamos indica que entre el 50 y 70 % de las denuncias vienen del personal de salud, lo que implica una violación del secreto profesional, y esas denuncias son en porcentaje las que más terminan en condenas. ¿Qué origina esto? Un miedo a acudir al sistema de salud, incluso si uno sabe que está en las tres causales. ¿Eso impide abortar? No, simplemente, como demostramos en la demanda, se recurre a métodos inseguros. (“Se puede estar en contra del aborto y estar a favor de que no sea delito”: Ricardo Posada)

Para ustedes, ¿cuáles son las barreras más graves que persisten a la hora de que las mujeres accedan a la IVE?

Además del estigma que genera el delito -que es la barrera central-, y de la violación de la confidencialidad a la que hice referencia, está la falta de información veraz. A las mujeres se les miente, se les dice que no tienen derecho incluso si están en las causales, y el hecho que sea un delito facilita la mentira. Hemos visto mucho últimamente esto con las mujeres migrantes venezolanas que no conocen nuestro sistema jurídico. La otra es la falta de disponibilidad de los servicios fuera de las grandes ciudades. Una mujer tiene que viajar grandes distancias para hacerse un aborto, y esa no es una opción para una mujer que no tiene recursos, que no puede pedir permiso en su trabajo o que no tiene a quién encargarle sus tareas de cuidado de los hijos y de la familia. ¿Por qué no hay disponibilidad? No es porque se necesite una inversión grande de recursos, es porque muchos profesionales de la salud tienen miedo de prestar el servicio y terminar en líos judiciales, nuevamente, porque persiste como delito.

Por mucho tiempo se ha hablado de una barrera en especial: las objeciones de conciencia institucionales. ¿Persiste?

Sí. Aunque está prohibida, en la práctica hay muchas zonas del país donde ninguna institución tiene profesionales dispuestos a practicar un aborto en las causales. Pasa mucho en las zonas de conflicto, según un reciente informe de Médicos sin Fronteras que está citado en la demanda.

Si está probado que la Fiscalía difícilmente persigue este delito, ¿cómo entender la negativa del Estado colombiano a sacarlo del Código Penal?

Si bien el nivel de persecución no es alto -estamos hablando de 5 mil aproximadamente desde 1998-, sí se persigue y hay condenas, unas 400 en estos años, incluidas menores de edad. ¿A quién se persigue? Más del 90 % son mujeres rurales, más del 70 % son niñas o jóvenes entre 10 y 24 años, y 30 % han sido víctimas de violencias. Realmente no hay ningún fundamento constitucional ni de política criminal para esa negativa, es un delito ineficaz porque no reduce los abortos y reproduce desigualdades estructurales. (Los dilemas alrededor del aborto en Colombia durante la pandemia)

¿Cómo entender, además, el temor de los médicos a realizar el procedimiento cuando la ley los ampara?

La evidencia que presentamos en la demanda indica que el estigma que genera el delito afecta también al personal de salud. Sufren ostracismo en sus ámbitos profesionales y sobrecarga laboral porque hay pocos dispuestos a prestar el servicio, y además estos son procedimientos que, a pesar de que no son complejos, no se enseñan en las facultades de medicina, esa también es evidencia que presentamos en la demanda. Como he dicho, ante todo esto prefieren objetar conciencia, así en el fondo no tengan ningún problema moral con el aborto, y de hecho denunciar para “curarse en salud” faltando al secreto profesional.

¿Dónde cabe en esta discusión la protección de quienes están por nacer, que era lo que pedía la última demandante, Natalia Bernal?

Las cifras de Canadá, que es un país que hace décadas eliminó la cárcel como forma de regular el embarazo no deseado, muestran que, si se quieren reducir los abortos, en protección de la vida prenatal lo más efectivo no es la cárcel, sino políticas sociales y de salud integrales. Allí se redujo el número de abortos al cabo de un tiempo de la despenalización. Lo mismo pasó en Holanda y España, que redujeron el uso del derecho penal. (Habla la abogada que reabrió debate sobre el aborto en la Corte Constitucional)

Ella también le dijo a la Corte que, con la despenalización parcial del aborto, aumentaron los ataques sexuales especialmente contra niñas. ¿Es tan descabellada esa afirmación como suena o tiene algún asidero?

Esa afirmación no tiene sustento alguno. De hecho, organizaciones de mujeres, como Sisma Mujer, que llevan muchos años produciendo y analizando cifras de violencia sexual en Colombia y luchando por hacer justicia y prevenirla, la desminteron ante la Corte.

Si la Corte rechaza la demanda, ¿qué camino quisieran tomar?

Estamos positivas porque la Corte debe proteger la eficacia de su propia jurisprudencia que hace 14 años nos reconoció el derecho al aborto en tres causales. Muchas cortes del mundo han tomado estas decisiones, ante problemas tan graves como los que presentamos en la demanda y que no han sido resueltos por el Ejecutivo o el Legislativo. Si la Corte le da la espalda a solucionar este problema seguiremos tocando su puerta y las de los demás poderes públicos hasta que se solucionen.

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