El curtido periodista investigativo Héctor Mario Rodríguez, quien lleva más de cuarenta años volcado a la reportería de espinosos temas financieros, recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para pedir protección. Esta historia pareciera empezar en octubre de 2017, cuando, en nombre de los empresarios barranquilleros José Manuel y Christian Daes, el abogado Abelardo de la Espriella radicó una denuncia en su contra por pánico económico y calumnia agravada. “Seguramente sirviendo de vocero de intereses oscuros, el periodista Rodríguez hizo señalamientos contra los hermanos Daes que carecen de cualquier sustento”, expresó entonces De la Espriella.
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El litigante radicó la denuncia luego de que, el 21 de septiembre de 2017 Rodríguez publicara un par de artículos periodísticos sobre la inspección que adelantó la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en Tecnoglass, empresa que se dedica a producir vidrio arquitectónico. El tema resultó una bomba: la SIC llegó a Tecnoglass en el marco de las indagaciones por el acaparamiento de boletas de la selección Colombia para las eliminatorias al Mundial Rusia 2018, las cuales fueron revendidas a precios astronómicos. “Nunca hemos revendido ni acaparado boletas para ningún espectáculo público”, dijo entonces la empresa, cuyos socios principales son los hermanos Daes.
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Al avanzar la investigación, la lupa de las autoridades dejó de estar sobre Tecnoglass y los Daes y tomó rumbo hacia las compañías Tu Ticket Ya y Ticketshop. El pasado 9 de diciembre hubo imputación de cargos para Medardo Alberto Romero —quien no admitió responsabilidad—, directivo de Tu Ticket Ya. Allí, la Fiscalía develó una declaración de Jorge Perdomo, expresidente de la Dimayor, quien aseguró que cuatro pesos pesados del fútbol colombiano (Rodrigo Rendón Cano, Luis Bedoya, Ramón Jesurún y Álvaro González) recibieron $1.000 millones, cada uno, para que Tu Ticket Ya se quedara con el codiciado contrato de la venta de boletería.
Para Rodríguez, sin embargo, el asunto que lo llevó a pedir medidas cautelares a la CIDH comenzó mucho antes de 2017 y así se lo contó al organismo. “El mismo equipo de abogados que ahora representa a los Daes viene realizando una persecución en mi contra desde el año 2009. Para entonces, en representación de la compañía Pacific Rubiales, entablaron seis demandas ante los estrados judiciales de Estados Unidos, Canadá y Colombia. Ninguna prosperó”, relató el periodista en su documento. Agregó que, en 2012, Alange Energy —adquirida posteriormente por Pacific— lo denunció por pánico económico, hecho que quedó en el radar de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA.
Rodríguez explicó, paso a paso, el cubrimiento que realizó de la investigación por la reventa de las boletas de las eliminatorias a Rusia 2018. Contó que, en los mismos portales donde salieron publicados el 21 de septiembre de 2017 los artículos que daban cuenta de la inspección de la SIC a Tecnoglass (Primera Página, del cual es cofundador y editor, y Ojo Privado, del que también es editor) se divulgó en su integridad un comunicado de Tecnoglass en el que la empresa negaba tener algún nexo con la reventa de tiquetes de la selección Colombia. No era un asunto menor, pues, por conseguir el contrato con la Federación Colombiana de Fútbol, Tu Ticket Ya y Ticketshop se hicieron a un contrato de más de $40.000 millones.
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Tras publicar el comunicado, Tecnoglass igual le pidió a Primera Página y a Ojo Privado una rectificación. El 27 de septiembre de 2017 salió al aire un artículo que se llamó “Tecnoglass se sostiene en que no ha acaparado ni revendido boletas y que no ha invertido dinero en ese negocio”. En noviembre de ese mismo año, la SIC, en cabeza de Pablo Felipe Robledo, admitió que no había evidencias contra Tecnoglass en el tema de la reventa de boletas, lo que llevó a otro abogado de los Daes, Jaime Lombana, a radicar una queja disciplinaria en contra de Robledo por supuestas irregularidades cometidas durante la inspección en Tecnoglass, mientras Abelardo de la Espriella lo denunció en la Fiscalía.
En Primera Página y Ojo Privado se publicó un artículo cuando Robledo aceptó que la SIC no tenía evidencias para confirmar la hipótesis inicial sobre los hermanos Daes o la empresa Tecnoglass. Aun así, contó Héctor Mario Rodríguez a la Comisión Interamericana, “José Manuel Díaz Abuchaibe y Christian Daes Abuchaibe interpusieron una acción de tutela, invocando su derecho a la honra, al buen nombre y la protección constitucional al derecho de habeas data”. Los Daes alegaron, además, que Rodríguez había hecho caso omiso a su solicitud de rectificación. Pero, el 29 de noviembre de 2017, un juzgado de Bogotá revisó el material periodístico publicado y declaró que el objeto de la tutela era un hecho superado.
Los Daes apelaron, pero el Tribunal Superior de Bogotá mantuvo la decisión. “Las actuaciones que fueron publicadas en el portal Primera Página y Ojo Privado no resultan ser contrarias a la realidad, máxime cuando ninguna prueba se aportó por los accionantes que descarten que tales diligencias (de la SIC en Tecnoglass) se hubieran efectuado”. Paralelamente, comenzaba a andar en la Fiscalía la denuncia que pusieron los Daes, dos de los hombres más importantes del escenario político y económico de la costa Caribe, contra Héctor Mario Rodríguez. Denuncia que, este año, comenzó a encontrar eco en el organismo investigativo, pues el periodista fue citado a diligencia de arraigo en agosto y septiembre pasados.
En otras palabras, de acuerdo con Rodríguez, él fue convocado por la Fiscalía para verificar su identidad con miras a citarlo a imputación de cargos, lo que lo dejaría expuesto a la posibilidad de una detención preventiva. El pasado 12 de noviembre recibió otra citación, esta vez a interrogatorio, en calidad de indiciado. Por eso, sostiene el periodista, recurre a la CIDH: el panorama al que se enfrenta es “grave, urgente y presenta un riesgo de daño irreparable”. Le pide que, como medidas cautelares, inste al Estado colombiano para que le garantice el derecho al debido proceso, para que la Fiscalía revise la denuncia en su contra y la Procuraduría haga vigilancia.
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Los Daes, reseñó el portal político La Silla Vacía dos años antes de que la SIC se metiera en su empresa Tecnoglass para realizar una inspección, son “el poder desconocido del Caribe” y se hablan de tú a tú con los políticos más poderosos de la región: los Char, los Gerlein, los Name. Junto a Julio Gerlein —llamado a juicio por supuestamente haber financiado la misma red electoral que llevó a Aida Merlano a la cárcel— y a Carlos Mattos —en España, solicitado en extradición por la justicia colombiana a raíz del caso Hyundai—, ganaron la licitación para construir el Superpuerto de Aguas Profundas de Barranquilla, un proyecto estimado en $1,8 billones.
Abelardo de la Espriella está convencido de que hay méritos para que a Rodríguez le imputen cargos. Al radicar la denuncia de los Daes en contra del periodista, en 2017, el litigante señaló: “El señor Rodríguez deberá ser investigado penalmente por los delitos de pánico económico y calumnia agravada, cometidos en concurso [o sea, al tiempo], luego de haber hecho una publicación mentirosa y temeraria contra mis representados, unos empresarios honestos, generosos y promotores del desarrollo empresarial de nuestro país”. Acusó a Rodríguez de haber divulgado información “sin prueba alguna” y pidió que fuera sancionado por “sus mentiras, ligerezas y falta de rigor profesional”.
El asesor de Primera Página ante la CIDH, el abogado Mauricio Pava, piensa en cambio que la CIDH debe proteger a Héctor Mario Rodríguez: “Le debemos a la ética evitar injustas venganzas. Cualquiera puede poner a la gente a subir escaleras abusando de los escasos recursos judiciales, pero ni jueces ni fiscales deben prestarse para esto”, le dijo a este diario. “El solo hecho de formular cargos contra un ciudadano, contra un periodista, así ello sea decidido después de varios años por un juez, lesiona a la persona, al periodista, al medio de comunicación, de forma irreparable”, concluyó el periodista en su documento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Por Diana Durán Núñez - @dicaduran
