Luego de casi dos años a cargo del Ministerio de Justicia, Néstor Iván Osuna se va de una de las carteras fundamentales para el gobierno de Gustavo Petro. Su puesto será ocupado por Ángela María Buitrago, quien recientemente fue una de las ternadas por el primer mandatario para ocupar el cargo de fiscal general.
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Osuna, quien suena para integrar la terna de candidatos para ocupar el cargo de Defensor del Pueblo, se va del gobierno con un paquete de iniciativas que serán radicadas por el Ministerio de Justicia en el Congreso en la próxima legislatura. Entre los proyectos de Ley destacados está la reforma a la misma justicia, la cual fue concertada durante 2024 con un grupo de expertos de orillas distintas, que incluyó la participación de las altas cortes.
Como lo adelantó El Espectador, al menos desde la orilla penal, las ideas confluyeron en hacer de la justicia colombiana un sistema más parecido al estadounidense, al hacer pequeños, pero sustanciales ajustes al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal. Un sistema en el que los delincuentes y criminales tengan una expectativa de penas muy altas, pero con la posibilidad de ir negociando años de cárcel a medida que se comprometan a contar la verdad y de reparar a su víctima o víctimas.
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El Ministerio de Justicia, en mayo pasado, publicó los borradores de la reforma a la justicia para que el público pueda leerlos. La iniciativa se presentará al Congreso, mediante distintos proyectos, el 20 de julio. No obstante, este mes se llevará a cabo una nueva plenaria en la comisión de expertos para definir los tres ejes principales de la reforma: justicia especial para la mujer y la comunidad LGBTI; procedimiento penal; y justicia inclusiva.
Asimismo, en septiembre de 2023, la cartera bajo su mandato presentó la nueva política de drogas, la cual estará vigente hasta 2033 y contará con una inversión de $21 billones, que en su mayoría saldrá de los golpes al narcotráfico. El documento oficial, de 80 páginas, se llama “Sembrando vida, desterramos el narcotráfico” y tiene un total de ocho enfoques, entre ellos los derechos humanos, la salud pública y la construcción de paz. El gobierno Petro no propuso legalizar la hoja de coca, pero sí cambiar el enfoque de esa guerra contra las drogas.
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La nueva política de drogas va en doble vía: por un lado, oxígeno para los campesinos cultivadores de plantas de uso ilícito como la coca, amapola o cannabis. Para ellos se plantea tránsito a economías lícitas en zonas rurales y de manejo espacial. Además, esta estrategia contempla cuidado ambiental de territorios afectados por la economía de las drogas ilícitas; atención a la población vulnerable frente a mercados urbanos de drogas; y el consumo de sustancias psicoactivas desde el cuidado integral, la salud pública y los derechos humanos. Tal como lo estableció el ministro de Justicia, Néstor Osuna, habrá programas de consumo controlado para usuarios de drogas.
De otro lado, está la política de asfixia que, en síntesis, será la afectación a los actores estratégicos y de alto valor del sistema del narcotráfico. El gobierno de Gustavo Petro plantea golpear con mayor frecuencia las infraestructuras de producción, frenar la comercialización de insumos y precursores químicos, afectar las finanzas ilegales de los narcotraficantes, fortalecer las interdicciones y, como novedad, hacer un uso estratégico y eficiente de la erradicación. “Combatir la corrupción blindando la implementación de la política de drogas”, se lee en el texto.
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Entre las últimas iniciativas de Osuna estuvo enviar un delegado a la cárcel La Picota, de Bogotá, para iniciar diálogos gubernamentales con alias Pipe, el jefe criminal de la banda La Inmaculada, la cual controla el microtráfico y las extorsiones en Tuluá. Además, un convicto reconocido por su persecución mortal a los guardias de distintas prisiones de Colombia. El exministro Osuna, de hecho, declaró emergencia carcelaria en febrero pasado, a propósito de las muertes de guardias y con el objetivo de destinar recursos para su protección.
En cuanto a la política penitenciaria, en la próxima legislatura el Ministerio de Justicia radicará proyectos de Ley que cumplan con una promesa de inicio de gobierno: deshacinar las cárceles. La idea es que se otorguen mayores beneficios a investigados, sindicados y condenados que intenten llegar a soluciones de contenido restaurativo con su víctima. Asimismo, se eliminarán las talanqueras que existen sobre los acuerdos con la Fiscalía, de tal manera que cada vez lleguen menos privados de la libertad a las cárceles.
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