De declararse exequible el proyecto legislativo, muchos de los funcionarios públicos que hoy son procesados por su supuesta vinculación con organizaciones terroristas podrían perder todos los beneficoos que la Ley les concede por su cooperación con la administración de Justicia.
Según el jefe del organismo de control, Alejandro Ordóñez, el país debe adoptar una política criminal más severa, por cuanto reconoce que ha sido ese el interés del legislador al promover tal iniciativa.
Teniendo en cuenta estos preceptos, la Procuraduría solicitó que el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006 se declare acorde a los principios de la Carta Política de 1991, debido a que cumple con los principios esenciales del texto.
Si la Corte Constitucional accede a la solicitud del ministerio público, cualquiera que sirva de promotor, de una u otra manera, de acciones terroristas perderá numerosos beneficios, tales como los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad.
Alejandro Ordóñez agregó que la corporación ya se ha pronunciado en favor de esta tesis en reiteradas ocasiones, aduciendo que en pretensiones de esta naturaleza no existe violaciones al debido proceso y, por el contrario, se ha mostrado en sintonía con ese tipo de medidas.
Destacó que una Ley de tal alcance contribuye al fortalecimiento de la lucha del Estado contra las organizaciones criminales, principalmente, las que hacen uso del terrorismo como herramienta de operaciones.
Además, consideró que la disposición también constituye un mecanismo de protección a la unidad del núcleo familiar y a la salvaguarda de los derechos de las niñas y niños, teniendo en cuenta que el terrorismo, muchas veces, destruye su composición.
Por Giovanni González Arango
