Un grupo de víctimas le está pidiendo a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que acelere la investigación que adelanta en contra de la congresista del Partido Comunes (exFarc) Sandra Ramírez, por violencia sexual, en el marco del macrocaso 07, que investiga violaciones a los derechos humanos por reclutamiento forzado.
La carta fue enviada a la JEP este 3 de abril por la Federación de Víctimas del Terrorismo en Colombia (FEVCOL) a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. En la misiva piden a la jurisdicción tomar acciones concretas contra Sandra Ramírez, señalada como presunta máxima responsable de crímenes de guerra y de lesa humanidad.
La urgencia de la solicitud, se lee en la carta, es para evitar que ocurran daños irreparables a las víctimas y que se asegure la eficacia del sistema de justicia transicional a través de una reconocimiento de responsabilidad de la congresista.
En la carta piden medidas cautelares, entre ellas la privación de la libertad de Sandra Ramírez. El documento señala que la principal testigo del caso, Deysi Guanaro Guavita, corre peligro. Ella, denuncian, ha sido objeto de amenazas reiteradas, persecuciones y hostigamientos que buscan intimidarla y obstruir el proceso judicial.
Dice el documento que estas retaliaciones estarían directamente relacionadas con su participación en la investigación en contra de Ramírez, “lo que evidencia un nexo causal entre el avance del caso y el peligro para la integridad de la testigo y su núcleo familiar”. Dichas amenazas, señalan en la carta, vendrían también de la Segunda Marquetalia, disidencias de las Farc.
En la misiva señalan las víctimas que la medida de aseguramiento en una cárcel a Ramírez es “necesaria, idónea y proporcional para proteger a las víctimas y evitar interferencias indebidas en la obtención de pruebas clave". El riesgo que corren, dicen, también se extendería a sus abogados, lo cual, sostienen, deja en evidencia la obstrucción a la justicia.
En la carta también señalan que la UIA estaría cayendo en patrones de “omisiones sistemáticas” en el seguimiento de los comparecientes. Por ejemplo, citó el caso de Kendry Téllez Álvarez, alias “Yaco”, señalado de ser clave en el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay el año pasado, señalando que la falta de control y vigilancia ayudó a que retomara la vida criminal.
Las víctimas también piden a la JEP que use todas las herramientas que tengan a la mano para identificar a los responsables de las amenazas y neutralizar cualquier intento de intimidación en contra de quienes participan de los casos. Asimismo, pidió informes de inteligencia que permitan establecer la participación de grupos armados en las amenazas y la elaboración de un informe detallado sobre los comparecientes que han dejado de asistir sistemáticamente a la JEP para vincularse posiblemente con organizaciones criminales.
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