Por los recientes cambios de personal en el Ministerio de Relaciones Exteriores ocurridos en las últimas semanas, y estando ad portas de que inicie la ley de garantías, le piden a la Procuraduría que vigile y, de ser necesario, intervenga en las medidas de la Cancillería. La solicitud fue radicada en la mañana de este lunes por la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal.
De acuerdo con la congresista, su petición se basa en la denuncia hecha el pasado 23 de enero por la Asociación Diplomática y Consular de Colombia (ASODIPLO). En un comunicado público, la asociación manifestó su preocupación por recientes cambios de personal en el Ministerio, los cuales ocurrieron a pocas semanas de la entrada en vigor de la Ley de Garantías Electorales, que le impide a entidades públicas contratar o modificar nóminas cuatro meses antes de las elecciones.
La senadora Cabal señala también que en ese comunicado ASODIPLO advirtió sobre la existencia de declaratorias de insubsistencia en embajadas y consulados de Colombia en el exterior, así como desvinculaciones en la planta interna del Ministerio, incluyendo cargos “considerados críticos para su funcionamiento”. Dichos cambios, según expuso, habrían sido abruptos y, además, la supuesta “falta de transparencia en los nombramientos y ausencia de diálogo institucional son señales graves de una posible afectación al servicio exterior y al derecho al voto de millones de colombianos en el exterior”.
Para la congresista, según el documento presentado al ente de control, las recientes decisiones del Ministerio “podrían afectar gravemente la organización de los procesos electorales de 2026 en el exterior, teniendo en cuenta que cerca de seis millones (6.000.000) de colombianos residentes fuera del país dependen del adecuado funcionamiento de consulados y misiones diplomáticas para ejercer su derecho fundamental al voto”.
Según el documento de Cabal, la Dirección de Talento Humano del Ministerio habría “incumplido los términos legales de respuesta a derechos de petición, lo que limita las labores de veeduría ciudadana y el control social”. Asimismo, ASODIPLO resalta que tampoco han podido concretar el diálogo con la ministra Rosa Villavicencio para hablar del tema.
En su misiva, la política del Centro Democrático le pidió a la Procuraduría que “verifique la legalidad y debida motivación de los actos administrativos emitidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores relacionados con desvinculaciones, insubsistencias, nombramientos y contrataciones recientes”. También, que evalúe si las recientes actuaciones “comprometen la responsabilidad disciplinaria de los funcionarios involucrados, especialmente frente al cumplimiento de los deberes funcionales, el respeto por la Ley de Garantías Electorales y los principios que rigen la función pública”.
De igual manera, solicitó al Ministerio Público que “ejerza vigilancia preventiva sobre los efectos que estas decisiones puedan generar en el cumplimiento de los fines esenciales del Estado”. Especialmente, dice Cabal, “en materia de relaciones internacionales, función consular y garantía del derecho al voto de los colombianos en el exterior”.
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