“Debido a la preocupación que nos asiste por el incremento en el último año del secuestro de personas, especialmente en zonas donde delinquen el ELN y el autodenominado Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, les hemos solicitado a esos grupos armados ilegales la confirmación de los datos que hemos registrado en la Defensoría del Pueblo sobre las personas que actualmente tienen en su poder”.
Estas fueron las palabras que la Defensoría del Pueblo le envió a las delegaciones que conforman las mesas de diálogo con el Gobierno Nacional, con el fin de que las dejen en libertad lo más pronto posible. De acuerdo con la entidad, la coyuntura actual que vive Colombia, particularmente en aquellas regiones donde el conflicto armado interno arrecia, ha llevado a que el Defensor del Pueblo les haga la solicitud a los dos grupos criminales.
“En carta enviada a los jefes de las delegaciones de paz del Gobierno Nacional, máxime que el secuestro violenta los derechos a la integridad y libertad de quienes lo padecen, como también vulnera una serie de derechos de sus familias, inmersas en un ambiente de desespero y pesadumbre”, señaló la Defensoría del Pueblo.
Los familiares de las víctimas de secuestro naturalmente acuden a la Defensoría del Pueblo para solicitar mediación humanitaria, su propósito es que la entidad nacional de derechos humanos contribuya a la liberación de sus seres queridos. A la recepción de la información se suma el trabajo en territorio de los funcionarios de las 42 Defensorías Regionales, lo que ha dado como resultado un listado de 91 personas a las que les estarían vulnerando su derecho a la libertad individual.
La cifra es registrada desde mayo del 2020 hasta la primera semana de diciembre de este 2023. Arauca (33 secuestros), Norte de Santander (13), Valle del Cauca (8), Antioquia (7), Cesar (6), Chocó (5) y Cauca (5) son los departamentos donde más personas estarían cautiverio; les siguen La Guajira (4), Nariño (3), Meta (3), Bolívar (2), Magdalena (1) y Casanare (1).
“Aunque hemos recopilado y consolidado información que da cuenta de poco más de 90 personas secuestradas, 69 de ellas en lo que va de este año, existe la posibilidad de un alto subregistro sobre el atroz delito, toda vez que las familias de las víctimas no denuncian debido al temor generado por las represalias de los actores armados al margen de la ley”, aseguró la Defensoría.
Entre la lista consolidada, enfatiza el Defensor del Pueblo, hay tres menores de edad con paradero incierto: “Por lo que solicitamos prioridad en su búsqueda y liberación inmediata, considerando su condición de especial protección constitucional y la urgencia humanitaria que implica su secuestro”.
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