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El exrector de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, Carlos Jorge Jaller Raad y su esposa Ivonne Acosta Acero, fueron imputados por presuntos actos de corrupción dentro de la universidad. Por estos hechos, un juez los envió a la cárcel, pero como viven en Estados Unidos expedirá oficios a entidades policiales para que sean capturados.
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La investigación de la Fiscalía reveló que Carlos Jorge Jaller, quien fue rector de la Universidad Metropolitana de Barranquilla entre 2014 y 2016, construyó, al parecer, un entramado delincuencial que le habría causado un detrimento patrimonial a la Universidad por 8.502 millones de pesos. Lo anterior porque, al parecer, amplió la nómina de la universidad, contrató a sus propios hermanos para ser docentes, pero ellos nunca dictaron clases, y además contrató a seis personas en cargos que ya estaban ocupados lo que generó un doble pago.
La Fiscalía también encontró que se suscribieron contratos que en muchos casos no se ejecutaron, pero que sumaron 6.721 millones de pesos. Entre estos está un convenio para enseñar inglés a los estudiantes, la construcción de un ascensor para un laboratorio y adecuaciones y mejoras en el auditorio de la universidad. Pero esto no sería todo. Según la investigación, el 1 de julio de 2016, Jaller Raad fue destituido de la entidad, pero dos días después ingreso a la rectoría para, al parecer, sustraer y eliminar información de los computadores. Adicionalmente, se habría apoderado tres discos duros de equipos de cómputo para obstruir cualquier proceso investigativo
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Por su parte, la esposa del exrector, en su condición de Presidenta del Consejo Directivo, habría ejecutado actos ilegales para convocar a la Junta Directiva con el objetivo de nombrar un nuevo rector con la cual mantendría control sobre la universidad. Además, habría radicado ante el Ministerio de Educación, en cinco oportunidades, documentos con información falsa para que fuera oficializado ante esa entidad el nombramiento del rector.
Por estos hechos, Carlos Jorge Jaller Raad fue imputado por abuso de confianza agravado, daño informático y destrucción supresión u ocultamiento de elemento material probatorio, mientras que su esposa tendrá que responder por los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal. Los procesados no aceptaron los cargos.
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