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La audiencia de acusación contra el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, por el carrusel de la contratación en Bogotá tomó un rumbo imprevisto cuando la Fiscalía pidió cerrar la investigación en su contra por el delito de tráfico de influencias continuado. La petición la hizo el fiscal Jorge Velásquez ante la Corte Suprema de Justicia, pues, según el investigador, ese delito ya habría prescrito en 2024.
La petición del ente acusador busca desechar la acusación presentada por la misma Fiscalía en octubre del año pasado de enjuiciar al hoy ministro. El fiscal Velásquez planteó que el proceso partió de un error jurídico: considerar como un delito continuado dos hechos separados ocurridos entre 2008 y 2009, cuando Sanguino se desempeñaba como concejal en Bogotá.
De acuerdo con la investigación, en el primer trimestre de 2008, Sanguino habría influido en el entonces alcalde Samuel Moreno y en el secretario de Salud de la época, Héctor Zambrano, para que se designara a Liliana Paternina como gerente del Hospital de Usme.
Posteriormente, en 2009, ya con Paternina en el cargo, habría intervenido para que un contrato millonario para la construcción de la nueva sede del hospital fuera adjudicado al contratista Héctor Julio Gómez, uno de los protagonistas del escándalo del carrusel de la contratación.
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El fiscal Velásquez, en la audiencia liderada por el magistrado Jorge Emilio Caldas, señaló que no existió continuidad entre los dos episodios y que, por tanto, deben ser considerados como hechos autónomos. En ese contexto, solicitó declarar la nulidad del escrito de acusación y pidió la preclusión por prescripción del primer evento —la supuesta presión para el nombramiento de Paternina— al haber transcurrido más de 16 años desde que ocurrió. Ese plazo, dijo Velásquez, corresponde a la pena máxima del delito de tráfico de influencias, extendido por tratarse de un servidor público.
El funcionario judicial también advirtió que el segundo hecho investigado —la presunta intervención en la adjudicación del contrato— habría tenido lugar en 2009, por lo que también estaría próximo a prescribir. Esta postura coincide con la presentada por la defensa de Sanguino, que desde el inicio ha cuestionado la legalidad del proceso y ha solicitado su archivo.
Esta nueva solicitud causó sorpresa, pues fue la misma Fiscalía la que imputó cargos a Sanguino por un delito continuado. Tras su designación como ministro del gobierno de Gustavo Petro, el expediente fue reasignado a un fiscal delegado ante la Corte Suprema, quien ahora plantea deshacer todo lo actuado.
La Corte Suprema, que ya había reprendido a la Fiscalía por intentar aplazar el inicio del juicio, deberá ahora resolver si acoge la solicitud de preclusión y nulidad, o continuar con el proceso penal contra el actual integrante del gabinete del presidente Gustavo Petro.
¿Cuál es la investigación contra Antonio Sanguino?
La investigación penal contra Antonio Sanguino se originó en octubre del año pasado, cuando la Fiscalía le imputó el delito de tráfico de influencias de servidor público. En ese momento, el caso fue radicado ante el Juzgado 34 Penal Municipal con función de control de garantías. Sin embargo, en marzo de este año, el expediente fue remitido a la Corte Suprema de Justicia, luego de que Sanguino asumiera el ministerio de Trabajo en el gobierno de Gustavo Petro, lo que le otorgó fuero constitucional.
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De acuerdo con la Sala de Primera Instancia de la Corte, los hechos que motivan la acusación se remontan a 2008 y 2009, periodo en el que Sanguino ejercía como concejal en Bogotá por el entonces Partido Alianza Verde. Según el expediente, el hoy ministro habría intervenido en el proceso de selección de gerentes de hospitales públicos en la capital, específicamente en el Hospital de Usme, con el propósito de asegurar el nombramiento de una persona de su entera confianza: Liliana Patricia Paternina Macea.
El alto tribunal señala que Sanguino gestionó directamente ante el entonces alcalde Samuel Moreno Rojas —condenado por corrupción y fallecido en prisión— y ante el secretario distrital de Salud de la época, Héctor Zambrano Rodríguez —también condenado por hechos relacionados—, para que Paternina fuera incluida en la terna de candidatos y finalmente designada como gerente del hospital.
Según la Corte, el interés detrás del nombramiento era obtener influencia directa sobre las decisiones administrativas y contractuales del centro médico. Una vez Paternina asumió el cargo, Sanguino habría ejercido presión para direccionar un contrato de obra pública relacionado con la construcción y dotación de una nueva sede del hospital, con el objetivo de que fuera adjudicado a una empresa vinculada al empresario Héctor Julio Gómez González.
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Gómez, recordado por su papel central en el escándalo del carrusel de la contratación, fue condenado en 2014 a 10 años de prisión. Las pruebas recopiladas indican que Sanguino y el contratista habrían pactado una comisión equivalente al 10% del valor total del contrato como contraprestación por su adjudicación, lo que configura, según la Fiscalía, un beneficio económico ilícito derivado del uso indebido de influencias en la contratación pública.
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