Piden condenar a Sánchez Rubiano por desaparecidos del Palacio de Justicia

Ante el juez 55 penal de Bogotá, el fiscal sexto delegado ante la Corte Suprema, Álvaro Osorio Chacón pidió que se condene al excomandante del B-2, coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano y otros tres militares dentro del proceso que se le adelanta por el delito de desaparición forzada por los hechos que rodearon la desaparición de 11 personas en el marco de la toma del Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985.

Al principio de su intervención, el representante de la Fiscalía General manifestó según las pruebas presentadas durante el juicio que duró más de cuatro años se comprobaron los argumentos presentados en el escrito de acusación en contra de Sánchez Rubiano y sus tres subalternos en la desaparición forzada de siete empleados de la cafetería, tres visitantes ocasionales y la guerrillera Irma Franco Pineda.

Según la Fiscalía, el coronel Sánchez Rubiano fue la persona encargada de coordinar desde el puesto ubicado en la Casa Museo del Florero en el centro de Bogotá en el cual se adelantaron las labores de identificación e individualización de las personas que eran rescatadas del Palacio de Justicia.

“Igualmente tenían como misión conocer al enemigo, identificar sus posiciones, sus capacidades, la actitud que tenían, la cantidad de los retenidos y la información sobre los lugar de los hechos”, precisó el fiscal del caso al señalar que toda esta información recolectada era entregada por el coronel Sánchez Rubiano a sus superiores, entre ellos al general Jesús Armando Arias Cabrales, quien fungía como comandante de la Brigada XIII del Ejército.

En el marco de los procesos de identificación se hacían unos filtros en los cuales se separaban a las personas que eran consideradas como “sospechosas” quienes eran trasladadas al segundo piso de la casa del Florero con el fin de someterlos a interrogatorios y sacarles información sobre su presunta participación en la toma del Palacio ejecutada por un comando del grupo guerrillero del M-19.

“Algunos liberados fueron conducidos de la Casa del Florero a centros hospitalarios sin embargo otros fueron llevados a unidades tácticas entre ellas la Brigada XIII (norte de Bogotá) y Batallón Charry Solano (sur de la capital de la República)”, indicó el fiscal Osorio Chacón.

Para la Fiscalía, en el proceso se allegaron pruebas documentales y testimoniales que permiten certificar que esas 11 personas salieron con vida del Palacio de Justicia “y hasta la fecha no se sabe nada de su paradero” por lo que aclaró que el delito de desaparición forzada persiste y continua hasta no se tenga información clara sobre su ubicación.

La Fiscalía General también pidió la condena del capitán (r) Óscar William Vásquez y los sargentos (r) Antonio Rubay Jiménez Gómez, Luis Fernando Nieto Velandia y Ferney Martín Causallá Peña.

Ante el juez 55 penal de Bogotá, el fiscal sexto delegado ante la Corte Suprema, Álvaro Osorio Chacón pidió que se condene al excomandante del B-2, coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano y otros tres militares dentro del proceso que se le adelanta por el delito de desaparición forzada por los hechos que rodearon la desaparición de 11 personas en el marco de la toma del Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985.

Al principio de su intervención, el representante de la Fiscalía General manifestó según las pruebas presentadas durante el juicio que duró más de cuatro años se comprobaron los argumentos presentados en el escrito de acusación en contra de Sánchez Rubiano y sus tres subalternos en la desaparición forzada de siete empleados de la cafetería, tres visitantes ocasionales y la guerrillera Irma Franco Pineda.

Según la Fiscalía, el coronel Sánchez Rubiano fue la persona encargada de coordinar desde el puesto ubicado en la Casa Museo del Florero en el centro de Bogotá en el cual se adelantaron las labores de identificación e individualización de las personas que eran rescatadas del Palacio de Justicia.

“Igualmente tenían como misión conocer al enemigo, identificar sus posiciones, sus capacidades, la actitud que tenían, la cantidad de los retenidos y la información sobre los lugar de los hechos”, precisó el fiscal del caso al señalar que toda esta información recolectada era entregada por el coronel Sánchez Rubiano a sus superiores, entre ellos al general Jesús Armando Arias Cabrales, quien fungía como comandante de la Brigada XIII del Ejército.

En el marco de los procesos de identificación se hacían unos filtros en los cuales se separaban a las personas que eran consideradas como “sospechosas” quienes eran trasladadas al segundo piso de la casa del Florero con el fin de someterlos a interrogatorios y sacarles información sobre su presunta participación en la toma del Palacio ejecutada por un comando del grupo guerrillero del M-19.

“Algunos liberados fueron conducidos de la Casa del Florero a centros hospitalarios sin embargo otros fueron llevados a unidades tácticas entre ellas la Brigada XIII (norte de Bogotá) y Batallón Charry Solano (sur de la capital de la República)”, indicó el fiscal Osorio Chacón.

Para la Fiscalía, en el proceso se allegaron pruebas documentales y testimoniales que permiten certificar que esas 11 personas salieron con vida del Palacio de Justicia “y hasta la fecha no se sabe nada de su paradero” por lo que aclaró que el delito de desaparición forzada persiste y continua hasta no se tenga información clara sobre su ubicación.

La Fiscalía General también pidió la condena del capitán (r) Óscar William Vásquez y los sargentos (r) Antonio Rubay Jiménez Gómez, Luis Fernando Nieto Velandia y Ferney Martín Causallá Peña.