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La Procuraduría General le solicitó al director regional (E) del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en La Guajira, información sobre las acciones que ha adelantado el instituto en el caso de una niña de 13 años que habría sido entregada por sus padres a un sujeto de 55 años. Al parecer, el hombre le habría dado $7′000.000 a los familiares de la menor para llevársela a Santander y abusar sexualmente de ella.
Según el Ministerio Público, Rodrigo Elías Daza Vega, encargado del ICBF en La Guajira, es quien tiene el deber de informar la fecha de apertura del proceso de restablecimiento de derechos, su estado actual y las medidas de protección adoptadas en favor de la menor de edad hasta el momento.
Asimismo, el ente de control señala que está en busca de “establecer cuál ha sido la intervención y acompañamiento psicológico por parte del ICBF para la niña y su familia”. Para lograr, dice, el ICBF “deberá remitir las actuaciones de verificación de derechos por parte de las entidades competentes, y las acciones desplegadas en garantía de los derechos de la menor de edad para asegurar el efectivo abordaje y garantía de su protección integral”.
La Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer solicitó al personero municipal de Riohacha, La Guajira, que evalué el seguimiento e intervención administrativa adelantados por el ICBF, “garantizando el acceso a la justicia, a la no revictimización y a una vida libre de violencias para la niña y su familia”.
Por la gravedad del caso contra la menor, dice el Ministerio Público, se requirió a la Secretaría de la Mujer en La Guajira, un informe detallado sobre la activación de rutas de atención intersectorial, para la atención integral de violencia sexual en favor de la menor de edad involucrada en el hecho. El ente de control dice que la Secretaría tendrá que enviar un informe detallado sobre las medidas de atención brindadas por el sector salud a la niña de 13 años.
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