El supuesto ‘carrusel’ de pensiones para defraudar a Telecom dejó de ser un asunto que tiene encendidas sólo las alarmas del Gobierno. La preocupación por este desfalco, que le podría costar a la Nación más de $600 mil millones, llegó al Ministerio Público, que le solicitó al Consejo Superior de la Judicatura investigar a 63 jueces de Córdoba, Antioquia y Bolívar que podrían haber beneficiado irregularmente a ex trabajadores de dicha empresa. “Se está ante un caso de ejercicio abusivo de la acción de tutela”, advirtió el procurador Alejandro Ordóñez.
En esencia, el Ministerio Público encontró anomalías en las irregulares tutelas falladas en contra del Estado. Por ejemplo, que cinco años después de que fueran retirados los trabajadores de Telecom se instauraran las acciones de tutela, cuando existen otros mecanismos judiciales para reclamar los derechos pensionales. Pero, además, en todos los casos analizados por la Procuraduría se encontró que el Estado sí indemnizó a los trabajadores con todas sus prestaciones de ley, y aún así se interpusieron tutelas para defraudar el erario, como denunció la ministra de Comunicaciones, María del Rosario Guerra.
Paralelamente a la decisión de la Procuraduría, trascendió que un fiscal especializado acusó al ex gerente liquidador de Telecom, Javier Lastra, del delito de fraude a resolución judicial, pues, paradójicamente, se negó a cumplir una tutela que le ordenaba revisar el trámite pensional de una ex empleada de la empresa de comunicaciones en Medellín. En concepto del ente acusador, Lastra actuó maliciosamente con el propósito de eludir el fallo. Según Lastra, ex concejal de Bogotá, ha tenido que soportar varios procesos penales por oponerse a varias tutelas que, en su criterio, pretendían desfalcar al Estado.
Comisiones de la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación investigan la denuncia interpuesta por la ministra María del Rosario Guerra, quien además le solicitó a la Corte Constitucional revisar con urgencia todas las tutelas que han sido falladas de manera irregular por jueces de la Costa Atlántica.
Por Redacción Judicial
