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Que se investigue si la Defensoría Militar Integral, Demil, una entidad privada encargada de ofrecer representación en derecho a los uniformados, solicitaron al Consejo Superior de la Judicatura el abogado Jorge Molano y la ex alcaldesa de Apartadó, Gloria Cuartas.
Para los defensores de derechos humanos, esta organización no tendría derecho a hacer uso de instalaciones oficiales, como lo ha hecho para poner en funcionamiento sus oficinas.
"¿Es admisible, en el marco de un Estado de Derecho, que el Inspector del Ejército, que tiene a su vez funciones de investigación, pueda ser directivo de los abogados que llevan la defensa de los miembros de la Fuerza Pública, comprometidos en graves violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario?", señalaron, a través de un derecho de petición.
El abogado y la dirigente política consideran que es más que inusual que uniformados con funciones administrativas asuman la representación legal de esta organización, como según dicen, se evidencia en la Cámara de Comercio.
Así mismo solicitaron la mediación del Consejo Superior de la Judicatura ante el presidente Uribe, a fin de que éste, como Comandante Supremo de las Fuerzas Militares, imparta instrucciones precisas para evitar que los integrantes de Demil sigan promoviendo acciones dilatorias en los casos en los que han asumido la representación de los militares.