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La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia compulsó copias a la Fiscalía, al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para que investiguen al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo; y al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Según encontró el alto tribunal, los dos cercanos al presidente Gustavo Petro habrían presentado documentos alterados para ocultar los verdaderos gastos de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.
La compulsa salió del despacho del magistrado Misael Rodríguez, quien inicialmente investigaba supuestas irregularidades e ilegalidades en los gastos de vuelos de 20 candidatos al Congreso en 2022. Sin embargo, al revisar toda la documentación, el alto tribunal se dio cuenta de que, en cuanto a los candidatos a Senado y Cámara, los documentos estaban bien, pero que algunos de esos vuelos habrían sido realmente usados por el entonces candidato presidencial Gustavo Petro y que no fueron registrados como gastos en su campaña.
La compulsa a las distintas autoridades venía cantada desde el pasado 29 de septiembre, cuando este diario dio a conocer detalles de lo encontrado por la Sala de Instrucción en el proceso contra los 20 candidatos del Pacto Histórico al Congreso. En ese momento se conoció que el alto tribunal se abstuvo de iniciar una investigación formal en contra de los excandidatos de 2020 por los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal, por un supuesto “reporte de un gasto de transporte aéreo inexistente para la campaña”.
Al revisar las pruebas en el expediente, la Sala encontró que no había razón real ni pistas que indicaran que los legisladores tuvieron conocimiento de los hechos, pero sí se encontró que esas presuntas ilegalidades tendrían relación directa con otra campaña: la de Gustavo Petro a la Presidencia de la República en 2022. El alto tribunal detalló que en una reunión llevada a cabo el 21 de diciembre de 2021, los líderes de los partidos que conformaron la coalición del Pacto Histórico “designaron como gerente general de la campaña al Senado a Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez”, actual ministro de Salud. En ese entonces, Jaramillo se encargaba de la gestión contractual y financiera de la campaña y tenía que presentar informes de ingresos y gastos ante el aplicativo Cuentas Claras administrado por el Fondo Nacional de Financiación Política del Consejo Nacional Electoral (CNE).
La Corte Suprema encontró que para la época de los hechos investigados, Jaramillo reportó “un gasto global de servicio de transporte y correo por COP 1.374.173.705. De dicho rubro, COP 1.215.646.740 correspondieron al servicio de transporte aéreo contratado con la Sociedad Aérea de Ibagué S.A.S. Esta cifra fue cobrada a la campaña el 13 de abril de 2022, en la factura SA-4834, en la que se discrimina el valor facturado, así: setenta y dos unidades (horas de vuelo) y dos actividades conexas de pernoctada y FOB1″. Asimismo, se vio que las cuentas fueron divididas “proporcionalmente dentro de los veinte primeros candidatos de la lista al Senado”.
Al avanzar con las pesquisas, la Sala de Instrucción determinó que la Sociedad Aérea de Ibagué S.A.S. contribuyó a esa colectividad en las elecciones legislativas y presidenciales con servicios de transporte, más no con dinero. El alto tribunal descartó que hubiera ingreso ilegal de recursos por parte de esa empresa. “En tal sentido, la Sala concuerda con los planteamientos de las defensas de los senadores Pizarro Rodríguez, Cepeda Castro y Flórez Porras, en el sentido de que la modalidad de participación de la Sociedad Aérea de Ibagué S.A.S. en la campaña al Senado, a través de una relación contractual para la prestación de un servicio, no resulta compatible con una hipótesis de consecución o ingreso de recursos con origen delictivo a la campaña”, se lee en el fallo.
La Sala de Instrucción también revisó los documentos y registros de vuelos, en los que encontró que en varios casos que en esos viajes no viajaban los candidatos al Senado, sino el entonces candidato presidencial Gustavo Petro Urrego. Mientas que avanzaba la campaña al Congreso, en paralelo marchaba también la consulta interna del Pacto Histórico para elegir candidato único, en la que se median Gustavo Petro y Francia Márquez.
Para la época de esos hechos, el gerente de a campaña de Petro era el hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, mientras que el del Pacto Histórico era Guillermo Alfonso Jaramillo. El meollo del asunto es que varios de los soportes de los vuelos aparecen como servicios a Gustavo Petro, más no de los candidatos al Senado por la colectividad. Sin embargo, lo que se le reportó al CNE era que esos gastos de aviones eran de los aspirantes al Congreso y no del candidato presidencial.
“Como quedó expuesto, en esta actuación se cuenta con hallazgos probatorios consistentes que apuntan a que los servicios incluidos en esa facturación corresponden a parte de un servicio global previamente facturado, y suministrado, a la campaña de Gustavo Petro Urrego a la consulta interna del Pacto Histórico para elegir candidato único a la Presidencia”, señaló la Corte Suprema.
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