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A propósito de la llegada de un equipo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al país, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) elevó una solicitud de medidas cautelares al organismo internacional en favor de la Representante a la Cámara María José Pizarro y el Senador Wilson Arias, congresistas de la oposición, quienes están investigados disciplinariamente por posibles conductas irregulares en el marco de las manifestaciones que se adelantan en el país desde el pasado 28 de abril.
La CCJ elevó la solicitud con el fin de proteger los derechos a la participación política y a las garantías judiciales de los congresistas quienes fueron notificados de las investigaciones en su contra durante esta semana por parte de la Procuraduría General que, en cabeza de Margarita Cabello, consideró que estuvieron inmersos en actuaciones contrarias a las que deben tener por el cargo que ostentan. El Ministerio Público dijo en su momento que los miembros del legislativo habrían usado su investidura de manera irregular.
“A juicio de esta entidad, la labor de protección y defensa que María José Pizarro y Wilson Arias han liderado en defensa de las y los manifestantes en el contexto del paro nacional que se inició el pasado 28 de abril en Colombia es una extralimitación de su trabajo como funcionarios públicos, motivo por el cual deben ser investigados”, dijo la CCJ este sábado y añadió que el propósito de estas indagaciones es impedir que Pizarro y Arias participen en el debate de un Proyecto de Ley mediante el cual se pretende reformar a la Procuraduría y modificar algunas disposiciones del Código Disciplinario Único, proyecto frente al cual los dos congresistas han manifestado sus desacuerdos.
Esta ley le daría facultades jurisdiccionales a la Procuraduría para la vigilancia disciplinaria, y las decisiones que esta tome en términos de destitución, suspensión e inhabilidad a funcionarios públicos (incluidos aquellos de representación popular) tendrían carácter judicial.
— Comisión Colombiana de Juristas -CCJ- (@Coljuristas) June 5, 2021
La CCJ explicó que, con la apertura de estas investigaciones, ambos congresistas deberán declararse impedidos para participar en el debate y la votación del mencionado proyecto que tiene su génesis en una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, en julio de 2020, estableció que la Procuraduría no puede destituir a funcionarios de elección popular. Esas decisiones solo pueden ser tomadas por un juez penal, según la Convención Americana de Derechos Humanos, por lo que le ordenó al Estado colombiano adecuar sus normas en la materia a la Convención. El ordenamiento internacional quedó registrado en la sentencia que condenó al Estado colombiano por la destitución del entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.
Para cumplir con esa decisión, la procuradora Cabello Blanco y el ministro del Interior, Daniel Andrés Palacios Martínez, radicaron en el legislativo, entre marzo y abril de este año, el proyecto de ley ordinario que le daría facultades jurisdiccionales a la Procuraduría para la vigilancia disciplinaria. Es decir, que las decisiones que esta entidad tome en términos de destitución, suspensión e inhabilidad a funcionarios públicos, incluidos aquellos de representación popular, tendrán un carácter judicial.
“Como congresista he acompañado las movilizaciones y el ejercicio legítimo de la protesta desde el marco legal y constitucional, pero algunos sectores me juzgan y la Procuraduría me investiga por supuestamente extralimitarme en mis funciones. Por esta razón y dada la falta de imparcialidad e independencia de las instituciones del Estado, recurro a instancias internacionales para que se respeten mis derechos al debido proceso y se brinden las garantías necesarias para seguir desarrollando mis funciones como legisladora” dijo Pizarro.
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Sumado a la postura de la representante, el senador Arias expuso que “asistimos a una andanada política de la extrema derecha, en la que coincide la Procuraduría, para descalificar nuestra opinión sobre la ampliación burocrática de la entidad y el papel de los organismos de control en esta hora tan delicada de la vida nacional. Y no solo eso, el Centro Democrático y sus aliados pretenden escarmentar a quienes hemos apoyado la movilización de los jóvenes y las denuncias de las violaciones de los derechos humanos por parte de la Fuerza Pública, durante las protestas en Colombia”.
La CCJ consideró que por “la gravedad y urgencia” de la situación de los congresistas, y por el “irrespeto” a las decisiones del sistema interamericano de derechos humanos, requirieron a la CIDH que suspenda el proceso disciplinario iniciado en su contra, así como también solicitaron que, cuando culmine el periodo legislativo y la investigación disciplinaria siga su curso, el Estado garantice el debido proceso legal de las investigaciones adelantadas por la Procuraduría.