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Piden que presidente pida disculpas para restablecer derechos de los sindicalistas

Esto en el marco del proceso que se adelanta contra el asesor presidencial José Obdulio Gaviria, por el delito de calumnia agravada.

El Espectador
11 de abril de 2014 - 03:04 p. m.

Ante la jueza 29 penal municipal de Bogotá, el abogado José Eliecer Molano le hizo la solicitud formal para que exhorte al presidente de la República, Juan Manuel Santos y el vicepresidente Angelino Garzón a que pidan perdón por los señalamientos que se han hecho en contra de los miembros de grupos sindicales en Colombia.

Esto en el marco del restablecimiento de los derechos quebrantados a tres sindicatos de Cali, los cuales fueron tildados en una columna de opinón publicada en el año 2007 por el entonces asesor presidencial José Obdulio Gaviria de tener nexos con grupos guerrilleros.

Para el jurista, en ese momento las acusaciones fueron hechas por parte del entonces vicepresidente de la República, Francisco Santos y reproducidas en dos oportunidades en intervenciones públicas por Álvaro Uribe Vélez como presidente.

“El acto de agravio no fue hecho por particulares, fue un acto de Estado. Involucra al vicepresidente de la República y al hecho de que en la Escuela Superior de Guerra y en Nueva York el presidente de la República hiciera mención de la columna publicada”, precisó el abogado en su solicitud.

Ante esto argumentó que debe tenerse en cuenta que las acusaciones calumniosas fueron hechas por Instituciones del Estado. “Aquí fue el Estado fue el que delinquió por lo que el restablecimiento debe hacerse desde el Estado”, esto en el marco de una reparación adecuada a los derechos fundamentales vulnerados a los sindicalistas.

Este acto simbólico fue solicitado para que se realice el próximo 20 de julio tanto en la Escuela Superior de Guerra así como en Nueva York. “El daño debe repararse”, citó el abogado citando el hecho de que José Obdulio Gaviria ya hizo sus respectivas retractaciones y pidió perdón público en un evento celebrado el pasado 10 de abril en el búnker de la Fiscalía.

Por su parte, el fiscal delegado ante la Corte Suprema coadyuvó la solicitud de las medidas simbólicas asegurando que el “Estado está en mora de hacer respetar los derechos del sindicalismo en Colombia, no solamente en la violencia en la que han sido víctimas, sino víctimas con el pretexto de la libre expresión, confundida con la libertad de injuriar y calumniar”.
 

Por El Espectador

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