Piden reabrir proceso fiscal a EPM por compra del 50% de Orbitel

La Red de Veedurías le solicitó a la Contraloría General de la República que reabra el proceso de responsabilidad fiscal que adelantaba en contra de las Empresas Públicas de Medellín, EPM, por supuestos sobrecostos en la compra que esta firma efectuó del 50 % de las acciones de la antigua Orbitel.

Al parecer, hubo una serie de irregularidades que rodearon el proceso de venta, entre ellas el estudio técnico efectuado por la banca de inversión elegida para valorar las acciones pese  a que, aparentemente, trabajaba para uno de los accionistas privados que resultó beneficiado con la operación.

El organismo de control Regional Medellín había advertido algunas de las presuntas irregularidades, pero su competencia en este caso fue objetada por parte del otrora alcalde de la capital antioqueña Sergio Fajardo.

Fue a requerimiento del ex burgomaestre que la Contraloría General de la República empezó a conocer del proceso en septiembre de 2007, a través de su Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, que a su vez solicitó el apoyo de la Delegada del sector Infraestructura Física y Telecomunicaciones.

Según Libardo Espitia, de la Red de Veedurías, las EPM contrataron a la banca de inversión Inverlink sin convocar concurso alguno para que efectuara las proyecciones económicas que le permitieran fijar los costos del 50 % de las acciones de Orbitel con miras a que la empresa incursionara en la prestación de servicios de internet, haciendo uso de la tecnología de banda ancha inalámbrica.

En 2006 la Junta Directiva habría apoyado la compra del paquete accionario, entonces en manos de particulares, por 85 millones de dólares; la operación tuvo lugar teniendo en cuenta el plan de negocios presentado por Inverlink, que analizó los rendimientos financieros que, a su juicio, dejaría la venta de los servicios haciendo uso de la tecnología Wimax entre 2006 y 2013.

Para la Red, las cifras actuales demuestran que la Contraloría Regional de Medellín tenía razón al observar que las proyecciones eran irrealizables, pero además denunció que la banca de inversión que realizó el estudio también trabajaba para uno de los particulares que ostentaba parte del paquete accionario que se pondría en venta.

“(…) La banca Inverlink estaba en el mismo año 2006 prestando asesoría a Steag y Vattenfall en la venta del 49% de la participación accionaria de Compañía Eléctrica de Sochagota (planta térmica de 150MW) a Valorem; precisamente uno de los socios privados dueños de Orbitel y que se vieron favorecidos en la compra del paquete accionario y que claramente se constituía en un conflicto de intereses y un favorecimiento”, sostuvo la Red de Veedurías.

Pese a estas observaciones, la Contraloría General de la República cesó la actuación iniciada por su Regional de Medellín, que incluso demandó ante el Consejo de Estado la nulidad del convenio de venta de estas acciones.

Al parecer, la antigua Orbitel, hoy denominada UNE, sólo ha cumplido con el 1,4% de la proyección del valor presente neto de la firma fijado en el plan de negocios  y sólo un 9% de su meta de ingresos, indicó el organismo.

“Orbitel había definido en su Plan un valor presente neto-VPN de $284.269 millones y UNE proyectó para el período 2007-2013 proyectó un VPN de $3.938 millones (…) De igual manera, en el Plan inicial se estimaron ingresos por $3.7 billones en el período 2007-2013 y la empresa fijó en su nuevo Plan de Negocios para el mismo período recaudos por $351.539 millones”, sostuvo la Red.