Piden responsabilidad del Estado en paramilitarismo

"Es importante que se transmita el mensaje de 'cero tolerancia' estatal con el paramilitarismo, (la) investigación de posibles vínculos del Estado y de aquellos agentes que colaboren con los mismos y la desarticulación de las economías legales e ilegales que les financian”. Con estas palabras, varias organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos le solictaron a la Corte Constitucional que de vía libre a la reforma constitucional con la que se prohibió el paramilitarismo, pero dejando en claro un elemento:  la responsabilidad que tendría el del Estado en la violencia paramilitar de Colombia.

(Lea: Conciliada en el Congreso prohibición del paramilitarismo)

La reforma aprobada a finales del año pasado vía fast track por el Congreso prohíbe el paramilitarismo y el surgimiento de cualquier grupo armado al margen de la ley, y está en revisión en el alto tribunal. En un documento firmado por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, se solicita que no se entienda el paramilitarismo como un tercer actor del conflicto armado, sino que haga una mención expresa al apoyo institucional que habría tenido este fenómeno en el país.

Las víctimas y las organizaciones mencionan, en un texto de 53 páginas, la importancia de caracterizar lo que ellos denominan como "violencia sociopolítica". Un concepto que hace referencia a los “actos de agentes estatales cometidos deliberadamente contra ciertos sectores de la población con una finalidad política, que no guarda una relación directa con la lucha contra insurgente, sino que ésta última fue su excusa para encubrir sus móviles como el mantenimiento de un determinado orden social, económico y político”.

(Lea: La magnitud del fenómeno paramilitar)

En la petición enviada a la Corte Constitucional se plantea la necesidad de separar esa violencia sociopolítica que, aunque se desarrolló en medio de un contexto de conflicto armado, tiene implicaciones diferentes. En ese sentido, dicen que enmarcar todos los hechos de violencia cometidos en el país dentro del conflicto armado puede generar que se diluya la responsabilidad del Estado en actos de violencia y violaciones a los derechos humanos. En su criterio, además, no contribuye a la construcción de memoria histórica, y permite que ese tipo de violencia siga afectando a grupos vulnerables como líderes sociales y que se atribuyan esas muertes a otros grupos, como las bandas criminales.

(Lea: La relación entre los paramilitares y la Fuerza Pública)

Según el Banco de Datos de violencia política presentado por el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), de 1998 a 2003 se presentaron 1.243 casos de ejecuciones extrajudiciales, 139 desapariciones forzadas y 115 hechos de tortura cometidos por grupos paramilitares. De igual forma, el informe Basta Ya registró 1.166 masacres cometidas entre 1980 y 2012 que equivaldrían al 58,9% del total de homicidios colectivos documentados por el Centro Nacional de Memoria Histórica.

(Le puede interesar: ¿Se avecina el fin del paramilitarismo?)

"Es importante que se transmita el mensaje de 'cero tolerancia' estatal con el paramilitarismo, (la) investigación de posibles vínculos del Estado y de aquellos agentes que colaboren con los mismos y la desarticulación de las economías legales e ilegales que les financian”. Con estas palabras, varias organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos le solictaron a la Corte Constitucional que de vía libre a la reforma constitucional con la que se prohibió el paramilitarismo, pero dejando en claro un elemento:  la responsabilidad que tendría el del Estado en la violencia paramilitar de Colombia.

(Lea: Conciliada en el Congreso prohibición del paramilitarismo)

La reforma aprobada a finales del año pasado vía fast track por el Congreso prohíbe el paramilitarismo y el surgimiento de cualquier grupo armado al margen de la ley, y está en revisión en el alto tribunal. En un documento firmado por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, se solicita que no se entienda el paramilitarismo como un tercer actor del conflicto armado, sino que haga una mención expresa al apoyo institucional que habría tenido este fenómeno en el país.

Las víctimas y las organizaciones mencionan, en un texto de 53 páginas, la importancia de caracterizar lo que ellos denominan como "violencia sociopolítica". Un concepto que hace referencia a los “actos de agentes estatales cometidos deliberadamente contra ciertos sectores de la población con una finalidad política, que no guarda una relación directa con la lucha contra insurgente, sino que ésta última fue su excusa para encubrir sus móviles como el mantenimiento de un determinado orden social, económico y político”.

(Lea: La magnitud del fenómeno paramilitar)

En la petición enviada a la Corte Constitucional se plantea la necesidad de separar esa violencia sociopolítica que, aunque se desarrolló en medio de un contexto de conflicto armado, tiene implicaciones diferentes. En ese sentido, dicen que enmarcar todos los hechos de violencia cometidos en el país dentro del conflicto armado puede generar que se diluya la responsabilidad del Estado en actos de violencia y violaciones a los derechos humanos. En su criterio, además, no contribuye a la construcción de memoria histórica, y permite que ese tipo de violencia siga afectando a grupos vulnerables como líderes sociales y que se atribuyan esas muertes a otros grupos, como las bandas criminales.

(Lea: La relación entre los paramilitares y la Fuerza Pública)

Según el Banco de Datos de violencia política presentado por el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), de 1998 a 2003 se presentaron 1.243 casos de ejecuciones extrajudiciales, 139 desapariciones forzadas y 115 hechos de tortura cometidos por grupos paramilitares. De igual forma, el informe Basta Ya registró 1.166 masacres cometidas entre 1980 y 2012 que equivaldrían al 58,9% del total de homicidios colectivos documentados por el Centro Nacional de Memoria Histórica.

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