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La abogada María Alejandra López envió una queja a la Cámara de Representantes, buscando la suspensión temporal y una fuerte sanción contra el secretario de la Comisión de Investigación y Acusación de la misma Cámara, Jairo Fabián Corzo Ordóñez. La razón está en un par de reportajes televisivos del periodista Juan Diego Alvira, quien entró sin restricción a la Comisión y accedió a algunos de los expedientes judiciales más delicados del país.
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Juan Diego Alvira, para el Canal 1, logró entrar a la Comisión de Acusaciones, donde legisladores investigan y tiene por función constitucional sancionar, si lo ven pertinente, a funcionarios de la talla de presidentes y fiscales generales. Alvira, en reportaje del 19 y 20 de septiembre pasado, accedió al archivo, tomó expedientes con sus manos, entrevistó a los funcionarios y hasta charló en entrevista con el mismo secretario, Jairo Fabián Corzo.
Al tiempo que Alvira explicaba a sus televidentes sobre los detalles de la Comisión de Acusaciones, señalaba como expedientes contra expresidentes llevan años sin moverse y cajas enteras de documentos está, prácticamente, olvidadas y empolvadas. En entrevista, Corzo señalaba que “el personal que se necesita es mucho” y que solo ocho de los 18 representantes son abogados.
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Según la queja de la ciudadana López, “se observa como el periodista manipula los expedientes que la Comisión adelanta contra altos funcionarios del Estado, manipulación que repetidamente realiza al informar al público fechas, estados y representantes que adelantan las investigaciones”.
Y así continuó con su queja: “se observa que el comunicador social ingresa a todas las instalaciones de la Comisión sin prevención alguna por parte del secretario de la Comisión (Jairo Fabián Corzo) a quien le corresponde por mandato legal la vigilancia y custodia de los expedientes que reposan en esa célula legislativa”.
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De acuerdo con la fundamentación jurídica de la queja, son deberes del secretario general de cada Cámara mantener debidamente vigilados y custodiados los expedientes sobre investigaciones que se adelanten en esa corporación a los altos funcionarios del Gobierno. Asimismo, que, según el Código General Disciplinario, los funcionarios tienen prohibido dar acceso o exhibir expedientes, documentos o archivos a personas no autorizadas.
Con esos argumentos, la ciudadana López solicitó a la Cámara de Representantes abrir un proceso disciplinario contra el secretario Jairo Fabián Corzo y, además, que sea suspendido de su cargo mientras acaban las investigaciones en su contra, por lo que consideró fundamentalmente una falta gravísima.
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