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Una jueza de control de garantías decidió no aceptar la solicitud que había hecho la Fiscalía en la cual pedía medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Pierre García, en medio de la investigación que se adelanta en su contra. Para la jueza la medida no cumplía con un carácter de proporcionalidad, pues sería “excesiva”. Sin embargo, ordenó como medida de aseguramiento que García firme un acta en la que se compromete a presentarse ante las autoridades cada que estos lo necesiten, en este caso de manera virtual, ya que se encuentra fuera del país.
Esta decisión significa que el implicado no estará privado de la libertad en una cárcel, mientras se adelanta la investigación en su contra por concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos. Los hechos que se investigan habrían ocurrido mientras era director encargado del Departamento de Prosperidad Social (DPS). La jueza también le ordenó a García informar a las autoridades la fecha de su regreso al país cuando tenga certeza de ella. Tanto el Ministerio Público, como la Fiscalía, apelaron la decisión.
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Para la jueza no se tienen indicios de que el implicado planee fugarse del país, pues aquí aún viven su esposa y su hijo, que aún es menor de edad. Sumado a esto, aún se encontraría pagando un apartamento, la cuota de un club y estaría usando sus cuentas bancarias, lo que demostraría que aún está vinculado a Colombia. Aunque sí expresó preocupación por la cantidad de tiempo que el implicado lleva fuera del país, pues estaría en París desde hace 7 meses, viaje que habría realizado por motivos personales y familiares.
La jueza enfatizó que esta decisión “no es un juicio de valor”, explicó que su papel era verificar si el implicado cumplía con los requisitos para ordenar la medida de aseguramiento, tales como la posibilidad de que esta persona se fugue o no se presente ante la justicia para continuar con el proceso. Explicó que las medidas “son de carácter cautelar, preventivo”, más no estarían determinando la responsabilidad penal de Pierre García.
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En diciembre del año pasado, García fue imputado por los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos. De acuerdo con el ente investigador, García habría aprovechado su cargo y participación en los comités de contratación del DPS, en 2021, para orientar irregularmente la celebración del contrato interadministrativo 670 de 2021, suscrito entre el DPS y Proyecta Quindío, por $48.660 millones; y otros 27 proyectos relacionados, que contemplaba la financiación de obras de infraestructura en Tolima, Quindío y Valle del Cauca.
En esa misma diligencia, el ente investigador sostuvo que García, siendo director del DPS, habría recibido varias veces en 2022 a Katherine Rivera, quien para la época era asesora en la UTL de Ciro Ramírez, y quien ya fue imputada por estos hechos. Asimismo, el ente investigador resaltó la importancia de Pablo César Herrera Correa, entonces director de Proyecta, empresa hacia la que se habrían direccionado varios contratos
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