Plan para plagiar a los Santos

Aunque en principio trascendió que las Farc planeaban ejecutar un plan criminal en Semana Santa que buscaba atentar contra el ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos y su familia, en una finca de su propiedad en el municipio de Anapoima, Cundinamarca, la Fiscalía ya estableció que la intención de la guerrilla era secuestrar al presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y ex director del diario El Tiempo, Enrique Santos Calderón, o a su hermano, Luis Fernando Santos, actual presidente de esa casa editorial.

El ente acusador tiene en su poder un contrato de compraventa de una finca en sucesión, ubicada en ese municipio del centro del país, donde, una vez efectuados los plagios, serían trasladadas las víctimas para ser escondidas. La negociación del predio en Anapoima fue efectuada por José Daniel Romero Bustos, uno de los diez detenidos, quien ya hizo preacuerdo con la Fiscalía para aceptar su responsabilidad en los hechos.

De acuerdo con testimonios de quienes iban a participar en la acción ilegal, la Fiscalía tiene certeza de que en esa propiedad iban a ser construidas caletas donde los integrantes del grupo guerrillero mantendrían en cautiverio a los secuestrados, pese a que al inicio de esta investigación se pensó que las caletas buscaban esconder a los guerrilleros que hacían parte de la celada.

 Por ejemplo, los subversivos que venían haciendo las labores de seguimiento y verificación del terreno sabían que los esquemas de seguridad de Enrique y Luis Fernando Santos eran mucho menos significativos que el de Juan Manuel Santos, por lo que por ahora se descarta un atentado contra él. En cambio, en el caso de los dos primeros las Farc tenían claro que algunas veces apenas contaban con la seguridad que les prestaba la policía de Anapoima o del departamento de Cundinamarca. Por eso iban a utilizar uniformes de la institución y la motocicleta a la que por error le pusieron la palabra ‘Policía’ al revés, como en los letreros que llevan las ambulancias en la parte frontal.

El plagio del concejal Armando Acuña, de Garzón, Huila, ocurrido el pasado 29 de mayo, y el frustrado plan para secuestrar a los integrantes de la familia Santos han prendido las alarmas de las autoridades ante la intención de las Farc de reactivar las llamadas retenciones ‘políticas’, después de varios años de repliegue ante la ofensiva del Estado. La puesta en marcha de la estrategia, según las autoridades, proviene del departamento del Caquetá de subversivos como James Patamala, comandante de la quinta compañía de la Columna Móvil Teófilo Forero, con el auspicio del secretariado de las Farc.

En virtud del plan, como ya se conocía, también iban a ser raptados Carlos Sánchez, padre del cantante Charlie Zaa; el médico Manuel Alberto Uribe Henao, de quien los subversivos creían era familiar del presidente Álvaro Uribe, y un ciudadano estadounidense que trabajaba en la base militar de Tolemaida. De los detenidos, dos han hecho preacuerdo, dos más aceptaron cargos, mientras los seis restantes irán a juicio por los delitos de rebelión y concierto para delinquir.

También se ha establecido que la información sobre los movimientos de Enrique y Luis Fernando Santos fue entregada a la guerrilla por un allegado de uno de los empleados que visitaba la finca de Anapoima con frecuencia. Los detenidos tienen antecedentes por rebelión, secuestro extorsivo y homicidio. Está claro que las Farc planeaban un secuestro de gran envergadura, similar al acontecido en 1990 cuando fue plagiado Francisco Santos, hoy Vicepresidente, por hombres del capo Pablo Escobar.