Plazas Acevedo, el coronel bandido

Desde su recaptura a finales de julio de 2014, el nombre del coronel (r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo ha sido asociado con dos de los episodios judiciales más graves en la reciente historia de Colombia: la masacre de Mapiripán (Meta), perpetrada por el paramilitarismo en julio de 1997, y el asesinato del humorista Jaime Garzón Forero, ocurrido el 13 de agosto de 1999. Sin embargo, al desandar sus pasos se encuentra que este exoficial de inteligencia tiene otros episodios por aclarar sobre sus relaciones con el crimen organizado y el accionar de las autodefensas.

A mediados de los años 90, tras el asesinato del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado, acontecido el 2 de noviembre de 1995, empezaron a crecer los rumores de que la Brigada XX de Inteligencia Militar había auspiciado la creación de escuadrones de la muerte. De hecho, la primera hipótesis que indagó la Fiscalía para esclarecer el magnicidio fue la participación de algunos miembros de esa unidad militar. Revisando el expediente se menciona por primera vez al coronel Jorge Plazas Acevedo, aunque nunca resultó vinculado al caso.

No obstante, el 20 de mayo de 1998, después de varios señalamientos del Departamento de Estado de Estados Unidos contra dicha brigada por graves violaciones a los derechos humanos, súbitamente el gobierno de Ernesto Samper anunció su desactivación inmediata. Incluso el presidente admitió que en esa unidad militar se hacían tareas prohibidas de inteligencia política. El gobierno estadounidense aplaudió la medida, pero pidió que se investigaran los abusos que se habían cometido. Nunca se atendió esta solicitud.

La cuestionada Brigada XX de Inteligencia se desintegró. Pero antes de que estallara el escándalo, advertido desde los tiempos del crimen de Álvaro Gómez, el coronel Jorge Eliécer Plazas Acevedo ya había encontrado otro lugar para sus andanzas: la convulsionada región del Urabá. A la Brigada XVII del Ejército, con sede en Carepa (Antioquia), llegó en calidad de jefe de inteligencia del B2, bajo órdenes del general Rito Alejo del Río Rojas. Fueron los tiempos de mayor expansión del paramilitarismo en esta zona martirizada.

En los expedientes de Justicia y Paz abundan hoy los testimonios que ratifican la colaboración activa de Plazas Acevedo con los ejércitos de la casa Castaño. Por ejemplo, Freddy Rendón Herrera, alias el Alemán, jefe del bloque Élmer Cárdenas, habló de una reunión a la que asistió Plazas y en la que se definieron planes de ataque en el Bajo Atrato chocoano. El encuentro se dio en la sede de la brigada porque el plan era que las Fuerzas Militares desarrollaran la “Operación Génesis” mientras las autodefensas desataban la guerra sucia complementaria.

El Alemán aseguró que los paramilitares escogidos se pusieron a órdenes de Plazas Acevedo. Por la “Operación Génesis”, desplegada en febrero de 1997, y particularmente por el asesinato del campesino Marino López, hoy está condenado a 26 años de prisión el general Rito Alejo del Río, entonces superior jerárquico del coronel Plazas. Los estragos humanitarios que dejó a su paso esta operación militar en Chocó provocaron uno de los mayores desplazamientos de campesinos en la historia del conflicto armado.

En esa misma época, de la región de Urabá partió la cruzada criminal que al otro lado del país perpetró la masacre de Mapiripán. El 12 de julio de 1997, a bordo de un avión comercial, salió del aeropuerto de Necoclí un grupo de 30 miembros de las autodefensas que viajaron hasta San José del Guaviare, donde se unieron a otros 150 hombres para desplazarse hasta el municipio metense. Allí, entre el 15 y el 20 de julio, asesinaron a sus anchas. La justicia no ha podido resolver todavía cuántas personas perecieron en esos cinco días de infamia.

Con base en el testimonio del jefe paramilitar Raúl Emilio Hasbún, alias Pedro Bonito, la Fiscalía está convencida de la “plena participación del coronel Plazas en la coordinación del despegue de la aeronave apostada en el aeropuerto de Los Cedros (de Carepa)”. Según Hasbún, Plazas Acevedo, además, fue clave para la “Operación Génesis”, participó en la tortura y desaparición del campesino Miguel Peñaranda y ayudó a carnetizar a integrantes de las autodefensas para hacerlos pasar como miembros del B2 del Ejército.

La confesión de Hasbum detalla que los 30 paramilitares que salieron de Necoclí contaron con la ayuda de Plazas, pues éste facilitó que los hombres hicieran transbordo hasta el avión desde varios buses contratados, sin que fueran requeridos por las autoridades. Además los hizo pasar por miembros del Ejército y recibió dinero por concretar esta vuelta. Esta acusación de Pedro Bonito ya había sido expuesta por el exjefe de las autodefensas Salvatore Mancuso, quien contó que se reunió con Plazas y con el coronel Lino Sánchez para planear la incursión armada.

Sin embargo, apenas ahora la Fiscalía acaba de vincular al coronel Plazas Acevedo en el expediente de Mapiripán. Pasó de agache 18 años. Más de los que estuvo indemne por sus acciones en la Brigada XX y en otras unidades militares. Por los excesos de la “Operación Génesis” sólo responde hoy su exjefe, Rito Alejo del Río. El coronel Plazas siempre fue experto en capotear a la justicia. Lo cierto es que después de su paso por Urabá regresó a Bogotá, esta vez a la Brigada XIII, para apoyar en inteligencia al mismo general Del Río Rojas.

De inmediato volvió a recuperar sus conexiones con el paramilitarismo y la delincuencia organizada. Jesús Emiro Pereira, concuñado del jefe de las autodefensas Carlos Castaño y pieza clave del capítulo impune del bloque Capital, testificó que desde que llegó a Bogotá conoció a Plazas a través del general Rito Alejo del Río y que puso a su disposición a dos de sus hombres de confianza con sus respectivos grupos, “para que cuadraran cosas con las autodefensas”. Pronto Plazas hizo mucho más que eso y se vinculó a las redes del secuestro.

Fue la época de la multiplicación de los plagios: guerrillas, paramilitares, delincuencia común, todos lo practicaron, y Plazas, con varios miembros de inteligencia militar, decidieron armar su propio combo. Entre 1998 y 1999 varios ciudadanos fueron sus víctimas. Hasta que ocurrió el secuestro que puso a Plazas en la mira de las autoridades: el del industrial israelí Benjamín Khoudari, perpetrado el 30 de octubre de 1998. Pese a que su familia pagó una millonaria suma por su rescate, sus captores lo asesinaron.

La investigación de la Fiscalía permitió las capturas de Álvaro Guerrero y Fabio Casallas, quienes confesaron el crimen y delataron a sus cómplices. De esa manera se logró establecer que, junto con el sargento Guillermo Lozano y los informantes de la Brigada XIII Darwin Betancurt, Vladimir Rojas, Raúl Matallana y Juan Alfredo Cuenza, entre otros, el coronel Plazas Acevedo era uno de los gestores de esa banda delincuencial. Pero como un entrenado oficial de inteligencia, desapareció del mapa.

Lo capturaron en 2001 y el 25 de julio de 2003, apenas dos semanas después de que el Tribunal Superior de Bogotá le confirmara la sentencia a 40 años de prisión, se fugó de las instalaciones de la Escuela de Artillería, en Bogotá, donde purgaba su pena. En medio del escándalo, la comandancia del Ejército anunció, como siempre, una exhaustiva investigación. De Plazas nada volvió a saberse hasta que, como consecuencia de las delaciones paramilitares en Justicia y Paz, su nombre salió a relucir en uno de los casos que más conmocionaron a Colombia: el crimen de Jaime Garzón.

En agosto de 2012 fue vinculado al expediente. Testimonios en poder de la justicia ratificaron que un mayor de la Brigada XX, después vinculado a la Brigada XIII, tenía la orden específica de seguir a Jaime Garzón las 24 horas y reportarle todo a Plazas Acevedo, un miembro orgánico de las autodefensas conocido en el bajo mundo como Don Diego. El exguerrillero e informante Darwin Betancurt le contó a la Fiscalía que en una ocasión le mostraron unos videos de Jaime Garzón y le pidieron que lo señalara como guerrillero, a lo que se negó.

El 17 de julio de 2014 la Fiscalía acusó al coronel Plazas Acevedo como coautor del delito de homicidio agravado, bajo la certeza de que fue el oficial que aportó la inteligencia para ejecutar el asesinato del humorista. Además, el ente investigador reiteró lo que ya se sabía del siniestro personaje: que lideró una peligrosa banda de secuestradores integrada por varios oficiales y suboficiales de la Brigada XIII, con el apoyo de informantes y civiles. Dos semanas después de la decisión de la Fiscalía, Plazas Acevedo cayó en San Martín (Meta).

Estuvo once años prófugo. Hoy, a sus 57 años, el coronel Plazas Acevedo es uno de los hombres determinantes para establecer el grado de complicidad que tuvieron las Fuerzas Armadas con los grupos de autodefensa. Seguramente no va a decir nada. O, como todos sus pares, empezará a negociar con la justicia a cuentagotas. Sin embargo, otros crímenes lo rondan. Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, ya dijo que Plazas también tuvo que ver con el doble homicidio de los investigadores del Cinep Mario Calderón y Elsa Alvarado, ocurrido en mayo de 1997.

Desde la cárcel, Plazas insiste en su inocencia, pero son tantos los testimonios en su contra y tan contundentes los fallos judiciales que, salvo que vuelva a fugarse, difícilmente podrá evadir su responsabilidad en varios de los más aberrantes hechos paramilitares. Muchas incógnitas sobre la alianza entre militares y autodefensas podrían resolverse de un plumazo si Plazas abriera la boca. ¿Lo hará?

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Desde su recaptura a finales de julio de 2014, el nombre del coronel (r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo ha sido asociado con dos de los episodios judiciales más graves en la reciente historia de Colombia: la masacre de Mapiripán (Meta), perpetrada por el paramilitarismo en julio de 1997, y el asesinato del humorista Jaime Garzón Forero, ocurrido el 13 de agosto de 1999. Sin embargo, al desandar sus pasos se encuentra que este exoficial de inteligencia tiene otros episodios por aclarar sobre sus relaciones con el crimen organizado y el accionar de las autodefensas.

A mediados de los años 90, tras el asesinato del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado, acontecido el 2 de noviembre de 1995, empezaron a crecer los rumores de que la Brigada XX de Inteligencia Militar había auspiciado la creación de escuadrones de la muerte. De hecho, la primera hipótesis que indagó la Fiscalía para esclarecer el magnicidio fue la participación de algunos miembros de esa unidad militar. Revisando el expediente se menciona por primera vez al coronel Jorge Plazas Acevedo, aunque nunca resultó vinculado al caso.

No obstante, el 20 de mayo de 1998, después de varios señalamientos del Departamento de Estado de Estados Unidos contra dicha brigada por graves violaciones a los derechos humanos, súbitamente el gobierno de Ernesto Samper anunció su desactivación inmediata. Incluso el presidente admitió que en esa unidad militar se hacían tareas prohibidas de inteligencia política. El gobierno estadounidense aplaudió la medida, pero pidió que se investigaran los abusos que se habían cometido. Nunca se atendió esta solicitud.

La cuestionada Brigada XX de Inteligencia se desintegró. Pero antes de que estallara el escándalo, advertido desde los tiempos del crimen de Álvaro Gómez, el coronel Jorge Eliécer Plazas Acevedo ya había encontrado otro lugar para sus andanzas: la convulsionada región del Urabá. A la Brigada XVII del Ejército, con sede en Carepa (Antioquia), llegó en calidad de jefe de inteligencia del B2, bajo órdenes del general Rito Alejo del Río Rojas. Fueron los tiempos de mayor expansión del paramilitarismo en esta zona martirizada.

En los expedientes de Justicia y Paz abundan hoy los testimonios que ratifican la colaboración activa de Plazas Acevedo con los ejércitos de la casa Castaño. Por ejemplo, Freddy Rendón Herrera, alias el Alemán, jefe del bloque Élmer Cárdenas, habló de una reunión a la que asistió Plazas y en la que se definieron planes de ataque en el Bajo Atrato chocoano. El encuentro se dio en la sede de la brigada porque el plan era que las Fuerzas Militares desarrollaran la “Operación Génesis” mientras las autodefensas desataban la guerra sucia complementaria.

El Alemán aseguró que los paramilitares escogidos se pusieron a órdenes de Plazas Acevedo. Por la “Operación Génesis”, desplegada en febrero de 1997, y particularmente por el asesinato del campesino Marino López, hoy está condenado a 26 años de prisión el general Rito Alejo del Río, entonces superior jerárquico del coronel Plazas. Los estragos humanitarios que dejó a su paso esta operación militar en Chocó provocaron uno de los mayores desplazamientos de campesinos en la historia del conflicto armado.

En esa misma época, de la región de Urabá partió la cruzada criminal que al otro lado del país perpetró la masacre de Mapiripán. El 12 de julio de 1997, a bordo de un avión comercial, salió del aeropuerto de Necoclí un grupo de 30 miembros de las autodefensas que viajaron hasta San José del Guaviare, donde se unieron a otros 150 hombres para desplazarse hasta el municipio metense. Allí, entre el 15 y el 20 de julio, asesinaron a sus anchas. La justicia no ha podido resolver todavía cuántas personas perecieron en esos cinco días de infamia.

Con base en el testimonio del jefe paramilitar Raúl Emilio Hasbún, alias Pedro Bonito, la Fiscalía está convencida de la “plena participación del coronel Plazas en la coordinación del despegue de la aeronave apostada en el aeropuerto de Los Cedros (de Carepa)”. Según Hasbún, Plazas Acevedo, además, fue clave para la “Operación Génesis”, participó en la tortura y desaparición del campesino Miguel Peñaranda y ayudó a carnetizar a integrantes de las autodefensas para hacerlos pasar como miembros del B2 del Ejército.

La confesión de Hasbum detalla que los 30 paramilitares que salieron de Necoclí contaron con la ayuda de Plazas, pues éste facilitó que los hombres hicieran transbordo hasta el avión desde varios buses contratados, sin que fueran requeridos por las autoridades. Además los hizo pasar por miembros del Ejército y recibió dinero por concretar esta vuelta. Esta acusación de Pedro Bonito ya había sido expuesta por el exjefe de las autodefensas Salvatore Mancuso, quien contó que se reunió con Plazas y con el coronel Lino Sánchez para planear la incursión armada.

Sin embargo, apenas ahora la Fiscalía acaba de vincular al coronel Plazas Acevedo en el expediente de Mapiripán. Pasó de agache 18 años. Más de los que estuvo indemne por sus acciones en la Brigada XX y en otras unidades militares. Por los excesos de la “Operación Génesis” sólo responde hoy su exjefe, Rito Alejo del Río. El coronel Plazas siempre fue experto en capotear a la justicia. Lo cierto es que después de su paso por Urabá regresó a Bogotá, esta vez a la Brigada XIII, para apoyar en inteligencia al mismo general Del Río Rojas.

De inmediato volvió a recuperar sus conexiones con el paramilitarismo y la delincuencia organizada. Jesús Emiro Pereira, concuñado del jefe de las autodefensas Carlos Castaño y pieza clave del capítulo impune del bloque Capital, testificó que desde que llegó a Bogotá conoció a Plazas a través del general Rito Alejo del Río y que puso a su disposición a dos de sus hombres de confianza con sus respectivos grupos, “para que cuadraran cosas con las autodefensas”. Pronto Plazas hizo mucho más que eso y se vinculó a las redes del secuestro.

Fue la época de la multiplicación de los plagios: guerrillas, paramilitares, delincuencia común, todos lo practicaron, y Plazas, con varios miembros de inteligencia militar, decidieron armar su propio combo. Entre 1998 y 1999 varios ciudadanos fueron sus víctimas. Hasta que ocurrió el secuestro que puso a Plazas en la mira de las autoridades: el del industrial israelí Benjamín Khoudari, perpetrado el 30 de octubre de 1998. Pese a que su familia pagó una millonaria suma por su rescate, sus captores lo asesinaron.

La investigación de la Fiscalía permitió las capturas de Álvaro Guerrero y Fabio Casallas, quienes confesaron el crimen y delataron a sus cómplices. De esa manera se logró establecer que, junto con el sargento Guillermo Lozano y los informantes de la Brigada XIII Darwin Betancurt, Vladimir Rojas, Raúl Matallana y Juan Alfredo Cuenza, entre otros, el coronel Plazas Acevedo era uno de los gestores de esa banda delincuencial. Pero como un entrenado oficial de inteligencia, desapareció del mapa.

Lo capturaron en 2001 y el 25 de julio de 2003, apenas dos semanas después de que el Tribunal Superior de Bogotá le confirmara la sentencia a 40 años de prisión, se fugó de las instalaciones de la Escuela de Artillería, en Bogotá, donde purgaba su pena. En medio del escándalo, la comandancia del Ejército anunció, como siempre, una exhaustiva investigación. De Plazas nada volvió a saberse hasta que, como consecuencia de las delaciones paramilitares en Justicia y Paz, su nombre salió a relucir en uno de los casos que más conmocionaron a Colombia: el crimen de Jaime Garzón.

En agosto de 2012 fue vinculado al expediente. Testimonios en poder de la justicia ratificaron que un mayor de la Brigada XX, después vinculado a la Brigada XIII, tenía la orden específica de seguir a Jaime Garzón las 24 horas y reportarle todo a Plazas Acevedo, un miembro orgánico de las autodefensas conocido en el bajo mundo como Don Diego. El exguerrillero e informante Darwin Betancurt le contó a la Fiscalía que en una ocasión le mostraron unos videos de Jaime Garzón y le pidieron que lo señalara como guerrillero, a lo que se negó.

El 17 de julio de 2014 la Fiscalía acusó al coronel Plazas Acevedo como coautor del delito de homicidio agravado, bajo la certeza de que fue el oficial que aportó la inteligencia para ejecutar el asesinato del humorista. Además, el ente investigador reiteró lo que ya se sabía del siniestro personaje: que lideró una peligrosa banda de secuestradores integrada por varios oficiales y suboficiales de la Brigada XIII, con el apoyo de informantes y civiles. Dos semanas después de la decisión de la Fiscalía, Plazas Acevedo cayó en San Martín (Meta).

Estuvo once años prófugo. Hoy, a sus 57 años, el coronel Plazas Acevedo es uno de los hombres determinantes para establecer el grado de complicidad que tuvieron las Fuerzas Armadas con los grupos de autodefensa. Seguramente no va a decir nada. O, como todos sus pares, empezará a negociar con la justicia a cuentagotas. Sin embargo, otros crímenes lo rondan. Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, ya dijo que Plazas también tuvo que ver con el doble homicidio de los investigadores del Cinep Mario Calderón y Elsa Alvarado, ocurrido en mayo de 1997.

Desde la cárcel, Plazas insiste en su inocencia, pero son tantos los testimonios en su contra y tan contundentes los fallos judiciales que, salvo que vuelva a fugarse, difícilmente podrá evadir su responsabilidad en varios de los más aberrantes hechos paramilitares. Muchas incógnitas sobre la alianza entre militares y autodefensas podrían resolverse de un plumazo si Plazas abriera la boca. ¿Lo hará?

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