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Por su presunta responsabilidad en la entrega de información reservada a involucrados en procesos de la jurisdicción contencioso administrativa y de la disciplinaria, cuatro funcionarios del Consejo de Estado y uno de la Procuraduría serán investigados formalmente por parte del Ministerio Público, que dictó pliego de cargos en su contra.
Los hechos materia de investigación están relacionados con demandas y quejas disciplinarias en contra de la administración departamental de la Guajira, en la que aparentemente se fugó información de reserva, hechos que estaban siendo sometidos a indagación por parte de la Delegada del organismo de control Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, María Eugenia Carreño Gómez.
La decisión afecta a Auxiliar Judicial III de la Sección Quinta del Consejo de Estado Carlos Arturo Fernández Trujillo y el escribiente de la Sección Primera de la misma corporación, Edilberto Samuel Casas Rojas.
Según la Procuraduría, los funcionarios están involucrados en la fuga de información de los procesos que se adelantaban contra algunos diputados de la Guajira y otro relacionado con Corpoguajira.
Esmeralda Muñoz, funcionaria de la Procuraduría, está involucrada en el supuesto suministro de información reservada que se habría dado en un proceso que se adelantaba contra el Gobernador de la Guajira dentro del mismo organismo de control.
La determinación también cobija a Virgilio Almanza, secretario de la Sección Quinta del Consejo de Estado, porque a pesar de que se hizo público el presunto tráfico de información reservada, presuntamente, dio su aval para que Carlos Arturo Fernández Trujillo siguiera teniendo acceso a la documentación.
Al magistrado auxiliar del Consejo de Estado Mayfren Padilla se le investiga por no haber declarado renta en 2009 peses a que, supuestamente, incrementó significativamente su patrimonio por la adquisición de un bien que estaba relacionado en uno de los procesos materia de averiguación.
La decisión obedece a la filtración de algunas interceptaciones telefónicas a través de los medios de comunicación y en la que podrían estar involucrados otros funcionarios que, para la Procuraduría, deben ser investigados por otras autoridades.
Por El Espectador
