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Una auditoría realizada en 2006 al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo fue el principal fundamento para que el jueves pasado la Procuraduría General de la Nación elevara pliego de cargos en contra del actual ministro de Comercio, Sergio Díaz-Granados, por posibles irregularidades administrativas cuando se desempeñaba como viceministro de Desarrollo Empresarial.
El proceso, que será adelantado directamente por el despacho del procurador, por el fuero que tiene Díaz -Granados, busca posibles irregularidades por omisión. Esta falta la habría cometido no designar oportunamente a los miembros del Consejo de Administración del Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecnológico de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Fomipyme).
A la vez, el Ministerio Público abrió pliego de cargos por presuntas irregularidades en la presentación y evaluación de un proyecto de cofinanciación, que pretendía proveer herramientas tecnológicas a 200 pequeñas y medianas empresas exportadoras en el país.
El informe de auditoría, remitido a la Procuraduría el 19 de diciembre de 2008, y realizado por la Contraloría delegada para el sector de Infraestructura Física y Telecomunicaciones, Comercio Exterior y Desarrollo Regional, señala que hubo “posibles irregularidades en la falta de control en la delegación de funciones echa al viceministro de Desarrollo Empresarial (Sergio Díaz-Granados) para que representara al ministro ante el Fomipyme”.
Por esta razón, el 22 de abril de 2010, la Procuraduría decidió iniciar investigación disciplinaria. Esta decisión también afecta a Ricardo Lozano Pardo, en su condición de director de Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Sandra Patricia Lancheros Torres, coordinadora de Mipyme y Sector Solidario del Departamento Nacional de Planeación; María Verónica Gómez Vélez y Nubia Stella Marroquín del Río, asesoras del Sena, y Gabriel Alberto Zamudio Falla, jefe del Programa de Desarrollo Tecnológico de Colciencias.
Por El Espectador
