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7 Dec 2020 - 9:52 p. m.

Población de estratos 4, 5 y 6 ya no tendrá que pagar sobretasa a la energía

El impuesto de $4 por kilovatio/hora consumido fue aprobado el año pasado en el Plan de Desarrollo del presidente Iván Duque. Sin embargo, la Corte Constitucional encontró que era inconstitucional.
La decisión del alto tribunal es de aplicación inmediata, por tanto, los contribuyentes que estaban obligados a pagar el tributo, ya no verán refrejado el recargo en su próxima factura de energía. Guetty Images.
La decisión del alto tribunal es de aplicación inmediata, por tanto, los contribuyentes que estaban obligados a pagar el tributo, ya no verán refrejado el recargo en su próxima factura de energía. Guetty Images.
Foto: GETTY IMAGE

Los usuarios del servicio de energía de los estratos 4, 5 y 6, así como los usuarios comerciales e industriales, quienes desde el año pasado estaban pagando una sobretasa del $4 pesos por kilovatio/hora consumido, ya no tendrán que responder por ese excedente. En una reciente decisión, la Corte Constitucional determinó que ese cobro era inconstitucional porque tenía como finalidad pagar las obligaciones de empresas privadas de servicios públicos como Electricaribe, lo cual está prohibido por el artículo 359 de la Constitución Política.

La sobretasa de $4 pesos por kilovatio/hora para dicha población fue ordenada en el artículo 313 del Plan de Desarrollo del presidente Iván Duque (Ley 1955 de 2019). Sin embargo, la norma fue demandada y el alto tribunal revisó el caso encontrando que, en efecto, el tributo no corresponde a la noción de “inversión social” como lo consigna la Constitución, sino que se trataba de una renta de destinación específica, lo cual está prohibido. En ese sentido, con ponencia del magistrado Alejandro Linares, la Corte tumbó el rubro.

“No queda duda alguna de que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, quien tiene el deber de asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Sin embargo, dicha finalidad no se concreta en la destinación específica de una renta nacional”, señaló la Corte Constitucional indicando que el recaudo en cuestión se destina a pagar las obligaciones de las empresas de energía eléctrica a través del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos.

En otras palabras lo que explicó el alto tribunal es que la prestación de los servicios públicos en el país es una obligación del Estado, el cual tiene la responsabilidad de garantizarlos. Por tanto, no se debería cobrar una especie de impuesto adicional a cierta población para financiar las obligaciones (deudas) de compañías privadas que prestan, en este caso, el servicio de energía toda vez que los tributos no fueron creados como “salvavidas” de empresas.

“Dicha destinación resulta contraria al principio de deliberación democrática, pues no puede calificarse como ‘inversión social’ el salvamento ex post de una empresa particular en un determinado sector, como es el caso de Electricaribe”, dijo la Corte explicando que el Congreso puede aprobar una “política pública orientada a todo el territorio nacional y no limitada al saneamiento financiero y administrativo de una empresa privada prestadora de servicios públicos domiciliarios, tomada en posesión en una región particular”.

Agregó la alta corte que la sobretasa era una “prestación de naturaleza unilateral” porque el contribuyente que estaba obligado a pagarlo no recibía ninguna contraprestación o beneficio adicional por parte del Estado. Finalmente, ordenó que la decisión de acabar con el tributo surte efectos inmediatos y, por ello, será aplicable a la próxima facturación de las poblaciones impactadas con la sobretasa.

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