“Podemos hacer algo mejor que el equilibrio de poderes”

El Consejo Superior de la Judicatura nombró provisionalmente a dos magistrados en la Sala Administrativa. ¿Por qué hacerlo cuando este tribunal está “ad portas” de desaparecer?

Porque con la declaración de nulidad de la elección de los magistrados Ricaurte y Munar hemos quedado reducidos a la mínima posibilidad legal de existencia, que exige contar con cuatro votos para el quórum decisorio y con cuatro votos para el deliberatorio. Todo este tiempo le hemos dado un ejemplo de civilidad y de buena gerencia pública al país, siendo capaces de tomar decisiones por unanimidad.

¿Por qué no dejar que la Corte Suprema de Justicia nombrara esos cargos en permanencia como le corresponde?

El mes entrante se cumple el período constitucional del magistrado Ricardo Monroy Church. Con su retiro, la Sala Administrativa no subsistiría, porque queda con solo tres magistrados, por debajo del tope legal de existencia.

Si eso es así, ¿por qué la Corte Suprema no nombró estas vacantes de la Sala Administrativa?

Hace un año y medio visitamos la Sala Plena de la Corte Suprema, para pedir que en sesión formal se definieran las plazas de la Sala Administrativa. A esta petición, me respondió su vicepresidente Fernando Giraldo: “¿Ustedes no han pensado ejercer su competencia para proveer provisionalmente?”, y fue lo que hicimos con el nombramiento de la exfiscal Martha Lucía Zamora y el ex auditor general Iván Darío Gómez.

¿Por qué decidieron escogerlos?

No íbamos a improvisar y estas dos personas tienen su trayectoria probada. Los problemas de la justicia en Colombia no se solucionan con ninguna norma, sino con la selección de su recurso humano. Entre más exquisita sea esa selección, seremos capaces de responder con nuestras obligaciones. Por eso creemos que estos nombramientos son ejemplo a seguir.

Pero le insisto, dentro de la Corte Suprema hay quienes creen que ustedes no tenían la facultad de nombrar y por eso convocaron a sala extraordinaria para llenar esas vacantes...

No es cierto que no la tengamos. No hay discusión que la selección de titular la hace la Corte Suprema, pero tampoco tiene discusión que la Sala Plena del Consejo Superior de la Judicatura tiene la competencia de hacerlo, como lo acaba de decir el Consejo de Estado en otra decisión en la Sesión Quinta y como lo dice la ley estatutaria. No es el primer antecedente, tanto es así que el presidente de la Corte Suprema, José Luis Barceló, estuvo en la posesión de Martha Lucía Zamora.

¿Qué habría pasado si ustedes no nombran en provisionalidad?

Esa habría sido la confirmación de que Macondo existe en la realidad, porque el país, la comunidad iberoamericana judicial y el universo nos hubieran reclamado por esa irresponsabilidad, teniendo la facultad de hacerlo.

¿Por qué en la Corte Suprema no nombran a los magistrados de las listas para llenar las siete vacantes, pero tampoco nombran los que les faltan a ustedes?

No sé qué pasa en esas decisiones de la Corte, porque no nos invitan a sus sesiones, pero sí deben tener algún grado de dificultad disponiendo de los mejores nombres.

Pero dentro de la Corte Suprema hay una división muy grande y se dice que están esperando a que el magistrado Leonidas Bustos se vaya, para tomar decisiones…

Él va a marcar un hito, porque después de que él se vaya, se solucionaría todo.

¿Cómo ven el desenlace de la reforma al equilibrio de poderes que precisamente acaba con el Consejo Superior de la Judicatura?

Nosotros advertimos a tiempo y le dijimos al presidente Juna Manuel Santos a comienzos de su segundo gobierno, que la reforma no ofrecía ninguna solución seria y así los hechos nos dieron la razón.

¿Cómo queda funcionando la Rama Judicial si no se logra nombrar el nuevo consejo de gobierno de la justicia y se cae la reforma en la Corte Constitucional?

En el escenario de demostrar cómo a través de una ley estatutaria, ordinaria o a través de un acto administrativo se puede hacer no solo lo que estaba incluido en la reforma al equilibrio de poderes, sino mucho más en mucho menor tiempo y entregárselo bien hecho al país.

¿Cómo?

Haciendo la ley estatutaria de la justicia, que de ella se desprenda como una serie de leyes ordinarias, expidiendo los actos administrativos, campos que no son excluyentes, sino complementarios, razón por la cual se pueden hacer al tiempo.

¿Qué respondió el Gobierno?

El presidente Santos, empezando su segundo período, en la Sala Plena cuando nos visitó, nos dijo que “los señores ministros los irán a llamar” y no hemos recibido la llamada.

¿Cómo están las relaciones de ustedes con el ministro de Justicia?

Muy bien, colaborándole en todo. Pero no hemos sido correspondidos con la misma disponibilidad que ha ofrecido la Rama Judicial.

El Consejo Superior de la Judicatura nombró provisionalmente a dos magistrados en la Sala Administrativa. ¿Por qué hacerlo cuando este tribunal está “ad portas” de desaparecer?

Porque con la declaración de nulidad de la elección de los magistrados Ricaurte y Munar hemos quedado reducidos a la mínima posibilidad legal de existencia, que exige contar con cuatro votos para el quórum decisorio y con cuatro votos para el deliberatorio. Todo este tiempo le hemos dado un ejemplo de civilidad y de buena gerencia pública al país, siendo capaces de tomar decisiones por unanimidad.

¿Por qué no dejar que la Corte Suprema de Justicia nombrara esos cargos en permanencia como le corresponde?

El mes entrante se cumple el período constitucional del magistrado Ricardo Monroy Church. Con su retiro, la Sala Administrativa no subsistiría, porque queda con solo tres magistrados, por debajo del tope legal de existencia.

Si eso es así, ¿por qué la Corte Suprema no nombró estas vacantes de la Sala Administrativa?

Hace un año y medio visitamos la Sala Plena de la Corte Suprema, para pedir que en sesión formal se definieran las plazas de la Sala Administrativa. A esta petición, me respondió su vicepresidente Fernando Giraldo: “¿Ustedes no han pensado ejercer su competencia para proveer provisionalmente?”, y fue lo que hicimos con el nombramiento de la exfiscal Martha Lucía Zamora y el ex auditor general Iván Darío Gómez.

¿Por qué decidieron escogerlos?

No íbamos a improvisar y estas dos personas tienen su trayectoria probada. Los problemas de la justicia en Colombia no se solucionan con ninguna norma, sino con la selección de su recurso humano. Entre más exquisita sea esa selección, seremos capaces de responder con nuestras obligaciones. Por eso creemos que estos nombramientos son ejemplo a seguir.

Pero le insisto, dentro de la Corte Suprema hay quienes creen que ustedes no tenían la facultad de nombrar y por eso convocaron a sala extraordinaria para llenar esas vacantes...

No es cierto que no la tengamos. No hay discusión que la selección de titular la hace la Corte Suprema, pero tampoco tiene discusión que la Sala Plena del Consejo Superior de la Judicatura tiene la competencia de hacerlo, como lo acaba de decir el Consejo de Estado en otra decisión en la Sesión Quinta y como lo dice la ley estatutaria. No es el primer antecedente, tanto es así que el presidente de la Corte Suprema, José Luis Barceló, estuvo en la posesión de Martha Lucía Zamora.

¿Qué habría pasado si ustedes no nombran en provisionalidad?

Esa habría sido la confirmación de que Macondo existe en la realidad, porque el país, la comunidad iberoamericana judicial y el universo nos hubieran reclamado por esa irresponsabilidad, teniendo la facultad de hacerlo.

¿Por qué en la Corte Suprema no nombran a los magistrados de las listas para llenar las siete vacantes, pero tampoco nombran los que les faltan a ustedes?

No sé qué pasa en esas decisiones de la Corte, porque no nos invitan a sus sesiones, pero sí deben tener algún grado de dificultad disponiendo de los mejores nombres.

Pero dentro de la Corte Suprema hay una división muy grande y se dice que están esperando a que el magistrado Leonidas Bustos se vaya, para tomar decisiones…

Él va a marcar un hito, porque después de que él se vaya, se solucionaría todo.

¿Cómo ven el desenlace de la reforma al equilibrio de poderes que precisamente acaba con el Consejo Superior de la Judicatura?

Nosotros advertimos a tiempo y le dijimos al presidente Juna Manuel Santos a comienzos de su segundo gobierno, que la reforma no ofrecía ninguna solución seria y así los hechos nos dieron la razón.

¿Cómo queda funcionando la Rama Judicial si no se logra nombrar el nuevo consejo de gobierno de la justicia y se cae la reforma en la Corte Constitucional?

En el escenario de demostrar cómo a través de una ley estatutaria, ordinaria o a través de un acto administrativo se puede hacer no solo lo que estaba incluido en la reforma al equilibrio de poderes, sino mucho más en mucho menor tiempo y entregárselo bien hecho al país.

¿Cómo?

Haciendo la ley estatutaria de la justicia, que de ella se desprenda como una serie de leyes ordinarias, expidiendo los actos administrativos, campos que no son excluyentes, sino complementarios, razón por la cual se pueden hacer al tiempo.

¿Qué respondió el Gobierno?

El presidente Santos, empezando su segundo período, en la Sala Plena cuando nos visitó, nos dijo que “los señores ministros los irán a llamar” y no hemos recibido la llamada.

¿Cómo están las relaciones de ustedes con el ministro de Justicia?

Muy bien, colaborándole en todo. Pero no hemos sido correspondidos con la misma disponibilidad que ha ofrecido la Rama Judicial.