Poder, narcotráfico y violencia: la Cali que recibe a Abelardo de la Espriella

En la Universidad Santiago de Cali tomará posesión como presidente de Colombia Abelardo de la Espriella Otero. Un escenario y una ciudad que integran historias dispersas de un territorio atravesado por distintas formas de poder legal e ilegal. El más notorio y lesivo para su destino lo marcó el narcotráfico. Los carteles de la droga que desde la segunda mitad de los años 70 cambiaron la historia de la capital del Valle. En especial el llamado cartel de Cali, liderado por los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, cuya influencia económica fue notoria, pues sus dineros ilícitos circularon a manos llenas en diversos sectores, a manera de chantaje, financiación, préstamo o rentabilidad. Esos tentáculos no dejaron de extenderse incluso hasta el sector educativo y cultural.

Eso explica por qué una vez se conoció el sitio exacto de la posesión de Abelardo de La Espriella como primer mandatario de los colombianos, de inmediato afloraron las memorias del esplendor mafioso, que no dejó por fuera a la Universidad Santiago de Cali. Se dice que allí estudió Miguel Rodríguez y que tiempo después, cuando ya era un capo que se movía como pez en el agua en la ciudad, la institución recibió recursos suyos durante una crisis financiera. La historia se conoció en 1997 en medio de las pesquisas contra el narcotraficante meses después de ser capturado, y en ese momento la institución admitió que, a manera de préstamo, efectivamente en 1991 recibió US$250.000 a través de diez cheques girados al entonces rector, Ricardo Maya Correa.

El secretario general universitario, Jorge Tamayo, explicó que buscaron a Miguel Rodríguez porque era egresado de la facultad de Derecho y los bancos les habían negado crédito. El propósito, manifestó en una rueda de prensa, fue “salir de la quiebra” y convertir la institución en “uno de los mejores” centros de educación superior del país. Sobre la universidad pesaba una hipoteca por la compra de un colegio a una comunidad religiosa y la universidad no pudo respaldar la deuda. El dinero prestado contribuyó a que de 3.500 alumnos la universidad pasara a tener 20.000 estudiantes, y de siete programas académicos, a 39 carreras y 30 especializaciones. Según Tamayo, cuando se concedió el préstamo, Miguel Rodríguez no tenía procesos judiciales y “transitaba libremente sin ninguna dificultad”.

A pesar de que el estigma quedó y ahora vuelve al ruedo, lo que en su momento expresó Tamayo no estaba distante de la verdad. Ni Miguel Rodríguez ni su hermano Gilberto eran en 1991 personajes ocultos. Eran magnates públicos, ninguna autoridad los perseguía y, entre sus millonarios recursos, tenían banco y corporación financiera. En particular, Miguel Rodríguez adquirió la propiedad mayoritaria del equipo de fútbol América de Cali, que de ser un equipo de media tabla y sin títulos, pasó a acaparar las estrellas del torneo nacional en los años 80. Detrás de una falsa respetabilidad social y deportiva, en la sombra los Rodríguez Orejuela articularon las principales rutas para la cocaína en los crecientes mercados de Estados Unidos, Europa y Japón.

De la cívica Cali de los años 60 y 70, la ciudad pasó a vivir los estragos y ostentaciones de la expansión del narcotráfico. Una bonanza cocalera que modificó las costumbres sociales e impuso los caminos torcidos del dinero fácil. Hasta que los mafiosos de la ciudad y el departamento entraron en guerra con el cartel de Medellín de Pablo Escobar y se impusieron los atentados, los secuestros, los asesinatos selectivos y las amenazas. Al final, de manera clandestina, a través de la organización de Los Pepes (Perseguidos por Pablo Escobar), los Rodríguez Orejuela fueron claves para la caída del capo en diciembre de 1993. En ese momento, el cartel de Cali se quedó con el 80 % de la distribución mundial de la cocaína. Además de convivir con el poder criminal, escaló la violencia en la ciudad.

Con lo que no contaban los Rodríguez era con el afán de Estados Unidos por ponerle tatequieto a sus andanzas. En 1995, en el contexto del escándalo del proceso 8000 por la presencia de dineros del narcotráfico en la campaña Samper Presidente a cargo del cartel de Cali, sus mafiosos fueron capturados, entre ellos los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela. Los capos visibles del cartel del Norte del Valle, también con poderosa influencia en la región desde los años 80, se quedaron con el ilícito negocio. Tiempo después, esta organización se dividió entre las facciones de Wílber Varela, alias “Jabón” y Diego Montoya, alias “Don Diego”, y, según la organización InSight Crime, esta guerra aparte dejó alrededor de mil muertos entre 2003 y 2004.

Este contexto permitió la proliferación de oficinas de cobro, pandillas, sicarios y redes de microtráfico, que incrementaron la violencia hasta niveles insospechados. En paralelo, poco a poco empezó a tomar fuerza en la región la expansión del conflicto armado. Desde los primeros tiempos del M-19 en los años 70, Cali y su entorno geográfico habían sido epicentro de su acción armada. Pero desde las montañas del Cauca y el sur del Tolima también llegaron las Farc y se dispararon los secuestros, las extorsiones y los ataques a la fuerza pública. En medio del río revuelto no demoró en tomar forma el paramilitarismo. La guerra se extendió por la región y Cali se convirtió en uno de los principales destinos del desplazamiento forzado en Colombia.

En criterio de los investigadores Juan Carlos Garzón y Alberto Sánchez, el narcotráfico dejó en la ciudad y en el departamento algo más profundo que una galería de capos famosos: permeó las relaciones sociales, las instituciones y las economías, al tiempo que convirtió la violencia en un mecanismo paralelo para distribuir recursos, disputar territorios y construir una forma precaria de legitimidad local. Nunca se consolidó una estructura capaz de regular establemente el uso criminal de la fuerza, y a esa nefasta influencia se agregó además la confrontación armada. Entre la proliferación de grupos organizados y estructuras armadas con disciplina y capacidad de fuego, al deterioro de la calidad de vida en la ciudad se sumaron las riñas cotidianas y la violencia intrafamiliar.

Esa creciente realidad se extiende hasta el presente y la geografía de la región ayuda a entender por qué esa historia no concluye. Al sur está el departamento del Cauca, asediado por las disidencias de las Farc y otros grupos armados; y al occidente, Buenaventura y los corredores del océano Pacífico que conectan los cargamentos de droga con los mercados internacionales. “No hay otra ciudad en Colombia que tenga a sus pies un enclave de coca de esta magnitud”, explicó el investigador Juan Camilo Cock a The Wall Street Journal en un reciente reportaje del periódico neoyorquino. Cali funciona como una suerte de embudo urbano para el narcotráfico, el contrabando y la violencia, con estructuras rurales que hoy tercerizan en bandas locales la venta de drogas, las extorsiones y los homicidios.

Las cifras no mienten y muestran el costo. Según el Concejo de Cali, la capital del Valle concentró el 8,54 % de los homicidios de Colombia y cerró 2025 con una tasa de 45,6 muertes por cada 100.000 habitantes, la más alta entre las ciudades del país. De 1.067 asesinatos de ese año, 420 víctimas fueron jóvenes entre 18 y 28 años, y 59 eran menores de edad. Un panorama agravado por la desigualdad, el racismo ancestral y las dificultades para acceder a la educación, el empleo y la alimentación. El estudio “Barreras invisibles: jóvenes, pobreza y violencia”, de la Universidad del Valle, documentó esas barreras educativas, raciales y laborales que enfrentan los jóvenes, mientras que el programa “Cali Cómo Vamos” admitió que, durante 2025, 19 de cada 100 caleños redujo sus comidas por falta de alimentos.

Esas fracturas sociales y sumatoria de dificultades quedaron expuestas durante el paro nacional de 2021. Cali fue epicentro de la movilización nacional que derivó en bloqueos, saqueos, destrucción de infraestructura, hostigamientos policiales y violencia. La fuerza pública intervino y aún persisten dudas alrededor de muchos homicidios, lesiones, abusos y extralimitaciones. También hubo civiles armados disparando junto a los uniformados. Según el investigador Álvaro Guzmán Barney, la protesta acumuló los reclamos. Entre 2019 y 2020, la pobreza monetaria aumentó del 21,9 % al 36,6 % y la clase media se redujo en un 22 %, Quizás por estas razones, barrios como Siloé, Calipso y Puerto Resistencia se convirtieron en símbolos de una ciudad con la exigencia de ser escuchada.

Esa misma Cali en protesta terminó siendo pieza central del proyecto político que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia de Colombia. En la segunda vuelta de 2022, el candidato del Pacto Histórico obtuvo una de sus votaciones más contundentes y por eso convirtió a la capital del Valle en un símbolo del respaldo popular a su iniciativa de gobierno. Cuatro años después, el electo presidente Abelardo De la Espriella decidió iniciar su gobierno en ese mismo territorio. Según analistas consultados, esta decisión puede leerse como un gesto político ante un bastión del petrismo, pero no se puede reducir a eso y repetir el error de mirar la ciudad desde una sola orilla. Ni Cali es la ciudad del paro ni la ciudad del extinto cartel, pero subsisten disputas, memorias y heridas abiertas.

A esta compleja realidad se añade la escalada armada. Entre enero de 2022 y marzo de 2026, Cauca y Valle registraron 586 ataques de grupos ilegales. Después de las acciones ocurridas entre el 24 y el 28 de abril de este año, el total subió a 620, según la Fundación Ideas para la Paz (FIP). “Cauca y Valle conectan el centro del país con el Pacífico, articulan corredores entre cordilleras y concentran economías ilegales”, explicó la FIP en un análisis de sus principales investigadores. El Bloque Occidental de las disidencias de las Farc, comandado por alias “Marlon” y ligado a “Iván Mordisco”, tiene unos 2.651 integrantes y once frentes, ocho activos en ambos departamentos. La FIP lo identifica como el grupo ilegal que más ataques con drones ha ejecutado desde el año 2024.

El vecino municipio de Jamundí permite entender cómo la disputa territorial se extiende a Cali. Según la Defensoría del Pueblo, por la vía de los Farallones, el municipio conecta con el norte del Cauca y, hacia el occidente, con la salida al Pacífico por Buenaventura. Este último corredor es estratégico para mover hombres, armas y cargamentos de droga, y facilita la expansión de la columna móvil Jaime Martínez. Desde 2022, Jamundí, situado a no más de 30 minutos de distancia de Cali, ha padecido ataques con carros y motocicletas bomba, explosivos lanzados desde drones y hostigamientos contra las estaciones de Policía. Esta capacidad de proyectar la violencia sobre la capital del Valle ya dejó de ser una advertencia y Cali sufre directamente sus efectos.

En agosto de 2025, dentro de una cadena de atentados por Valle y Cauca, un ataque con explosivos contra la base aérea Marco Fidel Suárez dejó seis personas muertas y 71 heridas. En abril de 2026, un bus escolar cargado con explosivos fue abandonado cerca del batallón Pichincha y lesionó a tres personas. La Defensoría del Pueblo advirtió que “cuando estos hechos se repiten en los mismos corredores, ya no son hechos aislados y evidencian fallas en la prevención y en la respuesta del Estado”. La disputa territorial también golpeó la vía Panamericana, principal conexión de Cali y Popayán con el sur del país. El 25 de abril de 2026, un ataque con explosivos de las disidencias de “Mordisco” contra vehículos civiles dejó 21 personas muertas y 36 heridas en el sector de El Túnel, en Cajibío.

Por todas las razones expuestas, la violencia en esta región atravesó la campaña presidencial, alimentó temores y volvió a situar a Cali en el centro del conflicto. En medio de esas tensiones, Abelardo de la Espriella asumirá el mando en la capital del Valle y en la Universidad Santiago de Cali pronunciará su primer discurso como presidente. Lo hará en una ciudad que enfrenta los dilemas de la fragmentación criminal, la desigualdad social y la amenaza permanente de los disidentes de la paz. Es claro que Cali no se agota en esas heridas y que también es un motor económico del suroccidente colombiano, además de ser una potencia cultural y una ciudad vital y resistente. Pero no son esas las razones centrales por las que De La Espriella decidió iniciar allí su Presidencia.

La decisión de posesionarse en Cali responde al mensaje de seguridad y mano dura con el que De la Espriella busca inaugurar su gobierno. Desde su campaña prometió “recuperar” el suroccidente y seguramente lo apuntará en su discurso. Inicialmente contempló realizar la ceremonia en Popayán, capital de un departamento golpeado por las disidencias y otras estructuras criminales. Pero las condiciones de seguridad dificultaron esa opción. Al final fue descartada y se añadió la incierta situación del volcán Puracé y sus efectos climáticos. La elegida fue Cali con menos riesgos operativos y lo hará acompañado de delegados internacionales y personalidades, todos reunidos en la universidad que vio graduar a Miguel Rodríguez Orejuela, hoy preso en una cárcel de Estados Unidos.

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