Poder votar en creole, el reclamo de la comunidad raizal

El creole no solo es la lengua oficial de la comunidad raizal del archipiélago de San Andrés y Providencia, descendiente de sus pobladores originarios, con raíces africanas, europeas y caribeñas, sino uno de los ejes de su identidad étnica, cultural y social. Aunque la comunidad es reconocida por la Constitución no puede votar en creole, pues el material electoral y los elementos pedagógicos relacionados con las jornadas de votación solo están disponibles en español. Una tutela busca eliminar dicha barrera, que impide su ejercicio del derecho al voto y, de paso, eliminar una discriminación histórica. El caso está en revisión por la Corte Constitucional.

El creole no solo es la lengua oficial de la comunidad raizal del archipiélago de San Andrés y Providencia, descendiente de sus pobladores originarios, con raíces africanas, europeas y caribeñas, sino uno de los ejes de su identidad étnica, cultural y social. Aunque la comunidad es reconocida por la Constitución no puede votar en creole, pues el material electoral y los elementos pedagógicos relacionados con las jornadas de votación solo están disponibles en español. Una tutela busca eliminar dicha barrera, que impide su ejercicio del derecho al voto y, de paso, eliminar una discriminación histórica. El caso está en revisión por la Corte Constitucional.

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La tutela impulsada por Josefina Teresa Huffington, presidenta del Movimiento de Veeduría Cívica de Old Providence, y apoyada por el Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario, destaca cómo, para el censo oficial de 2005, más de 30.565 personas se reconocieron como raizales. Y explica que en los sectores de La Loma y San Luis, donde su presencia es significativa, se usa más el creole, lengua nativa que se transmite por tradición oral. Si bien el español es el idioma oficial del país, ¿por qué los raizales deberían dejar su identidad cultural a un lado para votar en español, lengua que no todos dominan?

“El pueblo raizal ha sido históricamente discriminado, por ejemplo, por el desconocimiento del creole como nuestra lengua materna y por la imposición del castellano como lengua única a través de la cual podemos hacer exigibles nuestros derechos. Con esta situación se da por sentado que todas las personas raizales conocemos y manejamos el castellano como lengua principal, lo que resulta sumamente gravoso para nuestra lengua nativa”, dijo Huffington al alto tribunal previo a la selección de la tutela que fue negada en primera instancia y que ahora está en manos del magistrado Alejandro Linares.

“Los efectos de esta situación se logran evidenciar en el histórico de datos publicado por la Registraduría, según el cual, en los últimos comicios electores en San Andrés, de 48.520 personas habilitadas para votar, tan solo participaron 24.549. Al respecto, la Misión Especial Electoral ha subrayado que los motivos por los que los índices de votación en la isla son bajos radican en la falta de conocimiento sobre cómo votar”, apunta el escrito de tutela, que reconoce la dificultad para poder establecer cuáles votantes eran raizales y cuáles no. En su concepto, no usar el creole en las herramientas de expresión política en general, incluido el voto, no solo desestimula su uso, sino que pone en riesgo la subsistencia de la lengua nativa.

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“El mensaje que da esta situación a las nuevas generaciones de raizales es que, si quieren ejercer su derecho al voto de forma efectiva, correcta e informada, indefectiblemente, deben privilegiar el desarrollo comunicativo del español, dejando en un segundo plano el aprendizaje de su lengua nativa y milenaria: el creole”, agrega la tutela, que pide que se ordene a la Registraduría elaborar material electoral bilingüe, en español y creole, así como que haya pedagogía en el idioma raizal sobre el proceso electoral. La discusión pone de presente, además, las circunstancias diferentes en las que está la comunidad raizal frente a otras comunidades étnicas.

Huffington Archbold lo expresa así: “A diferencia de las comunidades indígenas o afrodescendientes, nosotros no contamos con las mismas prerrogativas y garantías en materia de participación política y ciudadana, pues en el caso de estas minorías étnicas, ha sido la jurisprudencia constitucional la encargada de reconocer y reafirmar sus derechos en esta materia, y de establecer las formas en que estas pueden ejercer sus derechos políticos en condiciones de igualdad”. Se refiere a que ya la justicia y las autoridades han proferido decisiones en favor de esas comunidades, cosa que no ha sucedido con ellos.

Y es que la comunidad raizal no puede votar en creole ni siquiera en las jornadas electorales locales. María Lucía Torres, directora del Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario, explicó que toda la situación de “vulneración de derechos repercute en su identidad como grupo étnico, puesto que se desconoce uno de los elementos más relevantes para su cultura y construcción política: su lengua”. Y cuestionó la mirada centralista que apunta a que, por el acceso fácil a San Andrés, se asuma que todos sus habitantes dominan el español o deberían hacerlo. “Eso se llama asimilación, pretender que los raizales asuman las costumbres de los continentales. Eso es un problema, porque terminarían cediendo su propia cultura. El eje de la tutela es la protección a la identidad cultural”, señaló.

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El caso, en estudio desde octubre de 2020, tiene varios apoyos. La Misión de Observación Electoral (MOE), por ejemplo, considera este debate de la mayor importancia ante la violación de los derechos políticos y electorales de la comunidad raizal para votar en condiciones de igualdad y libre de discriminación, situación que es continua ante la falta de adecuaciones administrativas en su favor. En intervención enviada a la Corte por la comunidad raizal, Elvis Newball apuntó que la protección que le hace la Constitución no es solo por ser una minoría, “sino porque somos parte crucial de la diversidad y pluralidad colombiana, y sin nuestra existencia y cultura, que se posibilita mediante el conocimiento de nuestro lenguaje creole y las medidas bilingües, no habría la Colombia que la Carta de 1991 pretendía proteger y salvaguardar”.