El secuestro y la extorsión en Colombia son las dos grandes preocupaciones del coronel Elver Vicente Alfonso, quien comanda el Gaula de la Policía a nivel nacional. Si bien las cifras están disminuyendo considerablemente con respecto al año pasado, no dejan de ser preocupantes y, de hecho, cada caso individual significa toda una tragedia para las familias que lo padecen. Por ello, el Gaula ha desplegado sus mayores esfuerzos en el Valle del Cauca, pues de los 10 secuestros activos que todavía tienen privados de su libertad a igual número de ciudadanos, cuatro tuvieron su origen en ese departamento. Además, este año, han recibido 8.615 denuncias por el delito de extorsión, lo que los ha llevado a articular esfuerzos con el Gobierno Nacional para frenar la situación: uno, a través de un proyecto de ley para regular la compra y la tenencia de tarjetas SIM Card para celular y, dos, con la compra de un nuevo sistema de inhibidores de señal de telefonía móvil en las cárceles.
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¿Cómo está el secuestro en Colombia? En palabras del coronel Alfonso, hay una reducción del 29 % con respecto al año pasado, lo que corresponde a 59 hechos menos. En este 2024, se han presentado 137 a nivel nacional y “el 51 % de ellos no superan las 24 horas. Ese porcentaje se les atribuye a grupos de delincuencia común organizada. El “paseo millonario” puede ser un ejemplo, sobre todo en Bogotá. En la zona T, esperan mucho a las víctimas y desde allí empiezan la ruta donde son secuestrados momentáneamente, mientras les desocupan las cuentas. Solo en el último año identificamos a 12 víctimas en la capital. A las mujeres, por otro lado, las acceden sexualmente. Frente a los otros hechos que superan las 24 horas, se les atribuyen especialmente al Estado Mayor Central, y a su frente “Jorge Suárez Briceño”, y también al ELN y al Clan del Golfo”, señaló.
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Al mencionar estos grupos se tiene una connotación adicional, si se tiene en cuenta que, con todos hubo, o se permanece, en conversaciones de paz. Con los disidentes comandados por “Iván Mordisco”, el Gobierno Nacional terminó diálogos a mediados de año, lo cual supuso el cierre del cese al fuego y una ofensiva militar por parte de las Fuerzas Armadas. La presencia de estas disidencias en la zona suroccidental es de especial preocupación para el coronel Alfonso, pues los cuatro casos activos se reportaron en Jamundí, incluyendo los expedientes de dos colomboamericanos. Además, otro de los focos de trabajo está en la zona de Ocaña (Norte de Santander), en donde tiene amplia presencia el ELN y, en menos medida, el Clan del Golfo. Los primeros hicieron perder el interés del gobierno por negociar, tras el ataque a la base militar de Puerto Jordán (Arauca), el mes pasado, en donde quedaron tres soldados muertos y más de 20 heridos.
En todo caso, el Gaula está en capacidad de afirmar que los secuestros, en este tiempo, tienen un objetivo netamente de beneficio económico; por ello, las víctimas suelen ser comerciantes, ganaderos y agricultores. Además, el coronel alerta por una modalidad de extorsión y secuestro que ha tomado vuelo en este 2024: el “falso servicio”, que ya tiene 413 denuncias en lo corrido del año. Las víctimas suelen ser comerciantes que ofrecen servicios a domicilio o en vía pública, como veterinarios, ferreteros, constructores o prestadores de grúas. Por medio de redes sociales, como Facebook, TikTok o Instagram, los delincuentes solicitan un falso servicio y, cuando la víctima está en camino, le llaman y le dicen que están en zona de un grupo armado criminal, ante lo cual les exigen cantidades millonarias para dejarlos ir.
“Esto está “disparado” en Antioquia y en Cundinamarca. Un caso real ocurrió en Choachí. Allí contactaron a una empresa que presta servicios de arreglos locativos. Le dijeron a la víctima que tienen una propiedad en una finca en el sector rural y que querían hacer una cotización para arreglar su casa. Le invitaron a descender del vehículo y a que les suministrara datos de un familiar, porque, al haber arribado, tenía que pagar una multa, ya que estaba siendo secuestrado. Y que si intentaba moverse lo iban a asesinar. La persona suministró los datos de los familiares y a ellos empezaron a extorsionarlos”, agrega el coronel Alfonso. Además de que es la modalidad más creciente de extorsión, el Gaula cuenta con un dato preocupante: el 80 % de los casos identificados de “falso servicio” provienen de llamadas hechas desde las cárceles.
Por ello, como lo reveló el coronel Alfonso para este diario, el Gaula de la Policía está apostando a un proyecto de Ley con el Gobierno Nacional para que, en Colombia, las autoridades tengan la trazabilidad de las tarjetas SIM de los celulares. “Vamos a tener una buena noticia para los colombianos. En un alto porcentaje, la extorsión se dinamiza a través de los dispositivos electrónicos. Lo que se quiere aquí es que aquella línea telefónica, aquel abonado que usted compra, tenga una trazabilidad. Algo muy parecido a la placa de un vehículo. Este es uno de los pocos países en el mundo en donde no está regulada la venta de SIM Cards. En cualquier esquina le venden a uno 50 o 100 y no se tiene un control”, concluyó. Esta es una de las estrategias que se adelantan, en conjunto con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
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Por último, el coronel Alfonso agrega que están avanzadas las conversaciones con los ministerios de las Tecnologías, de Defensa y de Justicia, para adquirir nuevos inhibidores de señales para las cárceles, los cuales podrán bloquear los celulares directamente, y es una estrategia ya implementada exitosamente en México. Esto, luego de que la Procuraduría, como sucedió en enero pasado, denunciara que, de los 22 inhibidores de señal que estaban instalados en las prisiones, solo funcionan dos. En todo caso, el trabajo podrá tener mayores resultados, siempre y cuando la comunidad siga denunciando. “Hoy tenemos un incremento en la denuncia del 17 %. Lo que queremos es que los recursos de los ciudadanos no lleguen a las arcas de estos actores criminales. Llevamos recuperados más de $134.000 millones que no les han llegado, y que no han afectado el patrimonio económico de los colombianos. Recuerden comunicarse a la línea 165, y no olviden nuestro lema: ‘Yo no pago, yo denuncio’”, concluyó.
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