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Fue en 2005, cuando los lúgubres hechos del Palacio de Justicia cumplían 20 años, que la Fiscalía empezó a sacar del ostracismo las investigaciones sobre los desaparecidos, las torturas y otras arbitrariedades. Militares en retiro como los generales Iván Ramírez Quintero, Jesús Armando Arias Cabrales y el coronel Alfonso Plazas Vega han sido los protagonistas de esas pesquisas. Pero a medida que han avanzado las indagaciones y que los jueces de la República han comenzado a intervenir también con sus fallos, se ha hecho evidente que destinar los esfuerzos de investigación sólo al rol de los militares es armar un expediente cojo. Por esa razón, la Fiscalía hoy enfila baterías para escribir su segundo capítulo de investigaciones sobre el Palacio.
El pasado 18 de octubre, el fiscal general Eduardo Montealegre puso su firma sobre una trascendental resolución para reorientar el expediente del Palacio de Justicia en el ente investigador. Ese documento, conocido por este diario, revela que la orden de Montealegre fue acatar las indicaciones del Tribunal Superior de Bogotá y asignar especialmente a un equipo, encabezado por la coordinadora de fiscales delegados ante la Corte Suprema, Martha Lucía Zamora, con fiscales de derechos humanos y la coordinadora del grupo creado por el vicefiscal Jorge Perdomo, para investigar a falsos testigos. Su misión: reunir todos los expedientes que circulan por diferentes despachos de la Fiscalía para conseguir resultados mejores, más efectivos.
El fiscal Montealegre tomó en cuenta cada una de las solicitudes proferidas por el Tribunal Superior de Bogotá en enero de 2012, que incluyen iniciar las investigaciones en contra de “los ciudadanos que oficiaban como ministros frente a los delitos de lesa humanidad” como desaparición forzada; contra Yolanda Santodomingo, Eduardo Matson y Orlando Arrechea como posibles casos de secuestro, desaparición y tortura —no existe ninguna condena sobre esos hechos—; “el posible concurso de delitos de desaparición forzada en el que puede estar vinculado” el exdirector de la Policía, general retirado Víctor Alberto Delgado Mallarino, y la presunta participación en los interrogatorios y desaparición de rehenes y guerrilleros por parte del director del DAS de la época, general (r) Miguel Maza Márquez, y unidades de ese organismo.
Todas estas específicas instrucciones están consignadas en los fallos de primera y segunda instancias en contra del coronel (r) Alfonso Plazas Vega, quien se encuentra a la espera de que la Corte Suprema diga la última palabra en su proceso. La declaración de uno de los testigos claves con que la Fiscalía contó para obtener una condena contra Plazas, el soldado Édgar Villamizar Espinel, también será escrutada, así como lo será la supuesta intervención de miembros de la Brigada VII del Ejército, con sede en Villavicencio, que se habrían trasladado hasta Bogotá para apoyar las labores de recuperación del Palacio y podrían haber terminado involucrados en crímenes como desaparición forzada, tortura y homicidio. Se examinará también la versión de María Nelfi Díaz, sobreviviente del holocausto.
Los ministros
Durante los hechos del Palacio de Justicia —6 y 7 de noviembre de 1985—, el gabinete de 13 ministros jugó un papel fundamental en la toma de decisiones por parte del presidente Belisario Betancur. Aunque en la resolución no se nombra a los ministros que van a ser investigados, los miembros del gabinete de ese entonces eran Augusto Ramírez Ocampo (fallecido), Hugo Palacios Mejía, Enrique Parejo, Liliam Suárez Melo, Noemí Sanín, Gustavo Castro Guerrero, Rodolfo Segovia Salas, Iván Duque Escobar, Roberto Mejía Caicedo, Rafael de Zubiría Gómez y el general (r) Miguel Vega Uribe. De ellos, Castro oficiaba entonces como ministro de Gobierno y su esposa sobrevivió al holocausto del Palacio. Además, será uno de los testigos del Estado ante la Corte Interamericana en la cita que tienen Colombia y las víctimas el 12 y el 13 de este mes. Por su parte Parejo, quien era ministro de Justicia en esa época, fue sucesor del inmolado ministro Rodrigo Lara Bonilla y víctima de un atentado orquestado por el narcotráfico cuando era embajador en Hungría.
Parejo le contó a la Comisión de la Verdad del Palacio de Justicia que el 7 de noviembre de 1985, hacia la 1 a.m., el ministro de Defensa, general Miguel Vega Uribe —suegro del coronel (r) Plazas Vega y fallecido en 1993—, les confirmó al presidente Betancur y a los ministros que los operativos se suspendían. Ocurrió todo lo contrario.
El DAS y la Policía
Ya bastante probada está la participación tanto del DAS como de la Policía en los operativos de recuperación del Palacio de Justicia. Estos dos organismos, sin embargo, nunca antes habían sido investigados en relación con esos hechos. El director del DAS de la época, general (r) Miguel Maza Márquez, admitió ante la Comisión de la Verdad —conformada por tres expresidentes de la Corte Suprema de Justicia— que las autoridades sabían que se podría producir una toma. La Fiscalía, en línea con lo señalado por el Tribunal de Bogotá, busca establecer si Maza o sus hombres participaron de alguna manera en los interrogatorios y desaparición de rehenes que salieron con vida del Palacio de Justicia. Maza Márquez, además, es investigado por su presunta responsabilidad en el magnicidio del candidato presidencial liberal Luis Carlos Galán.
La Fiscalía, por otro lado, tiene la misión de investigar si el exdirector de la Policía, general (r) Víctor Alberto Delgado Mallarino, así como otros oficiales que se involucraron en la recuperación del Palacio de Justicia —incluidas las unidades de inteligencia—, tuvieron que ver con las desapariciones de sobrevivientes del Palacio. Miembros del Curso de Operaciones Especiales (Copes) y del Grupo de Operaciones Especiales (Goes), de la Policía apoyaron al Ejército en las operaciones de recuperación de la sede máxima de la justicia.
Santodomingo, Matson y Arrechea
Yolanda Santodomingo y Eduardo Matson eran dos estudiantes de derecho de la Universidad Externado que se encontraban en el Palacio de Justicia cuando un comando del M-19 se tomó la sede máxima de la justicia a sangre y fuego. Ante la justicia, ambos declararon haber sido tratados como sospechosos en la Casa del Florero (a donde llevaban a todos los sobrevivientes) y luego trasladados a instalaciones militares, donde fueron torturados. Los militares los dejaron ir al enterarse de que Matson era sobrino del gobernador de turno de Bolívar. El coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano —hoy en juicio por los desaparecidos del Palacio— fue investigado por estos hechos y absuelto.
Orlando Arrechea, por su parte, era un funcionario de la Corte Suprema. En una bitácora militar sobre los hechos del Palacio, la cual permaneció inédita desde noviembre de 1985 hasta junio pasado, cuando fue revelada por este diario, figura esta anotación: “La sección de operaciones del departamento 3 Estado Mayor Conjunto recibe llamada anónima que el sujeto Orlando Arrechea, empleado de la Corte Suprema de Justicia, fue quien dio la información al M-19 para la toma del Palacio de Justicia”. Arrechea fue trasladado a la Casa del Florero sin ser registrado y luego, torturado, “práctica que tenía como propósito que confesara su participación” en la toma, advirtió el Tribunal Superior de Bogotá.
María Nelfi Díaz
Según una resolución expedida por el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el pasado 16 de octubre, María Nelfi Díaz, al igual que Jaime Castro, será testigo por parte del Estado el 12 y el 13 de noviembre en la sesión que la Corte tendrá en la capital de Brasil. Díaz ha atestiguado en estrados colombianos que es ella, y no Cristina del Pilar Guarín —una de los 11 desaparecidos—, quien se ve saliendo del Palacio en hombros de un soldado. El Tribunal Superior de Bogotá señaló que el testimonio de Díaz no era creíble y por eso pidió que fuera investigada. Fuentes del equipo de defensa del Estado ante la Corte Interamericana por el caso Palacio de Justicia le indicaron a este diario que Díaz, a pesar de los cuestionamientos, va a declarar ante el tribunal internacional, porque es una prueba ya decretada.